Cargando...Aunque el Gobierno sostiene que la economía no ha caído en la deflación, la evolución de los precios durante 2014 (bajaron el 1% en tasa interanual, el primer descenso histórico de la serie del IPC) demuestra una clara tendencia deflacionista que va más allá del descenso, coyuntural o no, del precio de los carburantes. La inflación subyacente (el IPC sin contar con los precios de la energía y los de los alimentos sin elaborar) ha sido cero el año pasado y muchas proyecciones apuntan a que en 2015 se mantendrá un perfil similar al de 2014. Hay razones, pues, para sostener que la economía española o bien está en una fase deflacionista o se aproxima mucho a ella; en cualquier caso, puede sufrir los efectos de una depresión de los precios.
El Banco Central Europeo (BCE) ha expresado con frecuencia su temor a la deflación; buena parte de las iniciativas de su presidente, Mario Draghi, incluyendo el plan de compra de deuda que tantos recelos suscita en el Bundesbank, están orientadas a mantener un nivel correcto de precios (en torno al 2% de crecimiento anual). Porque tan perversa es una explosión inflacionista como una depresión de los precios. En España, como en la mayoría de los países y por supuesto en el área euro, no hay experiencia para combatir la deflación. Puesto que la política monetaria está en manos del BCE, hay que confiar en que las OMT, el instrumento que acaba de avalar el abogado general del Tribunal de Justicia europeo, permitan romper la espiral deflacionista.
Pero desde las políticas económicas nacionales también se puede combatir la deflación. El descenso de los precios se ha acentuado por la brusca caída del petróleo, pero es evidente que la causa estructural del desplome está en el estancamiento o baja progresión de la demanda, sobre todo del consumo. La deflación constituye un obstáculo para el crecimiento porque, aunque eleva de inmediato el poder adquisitivo de sueldos y pensiones, corta a medio plazo (en un año) el progreso de los salarios, frena las expectativas de compra; con lo cual enfría el consumo que parece reanimarse en los últimos meses y dificulta la devolución de las deudas.
Esta es una razón más para instar a un cambio en la política de rentas: favorecer un crecimiento moderado de los salarios en las empresas cuyas cuentas lo permitan. Y restaurar una política de inversión que rompa de una vez con la restricción estéril del gasto público.