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No, no son unos presupuestos sociales ni mucho menos. No pueden serlo. Son -en lo esencial- unos PGE hechos a la medida de la oligarquía financiera y los centros de poder mundial.
A falta del apoyo del PNV (que no está aún nada claro), Ciudadanos y PP han cerrado un acuerdo para aprobar las cuentas públicas de 2018. Tras mantener congeladas las negociaciones desde hace meses, la formación naranja ha dado luz verde a un pacto exprés sobre los PGE que incluye medidas como la subida de las pensiones mínimas un 2% (por encima del IPC), una rebaja fiscal del IRPF o un complemento salarial para jóvenes.
Si finalmente salen adelante, estos PGE llevarán algunas medidas favorables a las clases trabajadoras y medias. La más comentada es la subida de las pensiones mínimas y de viudedad por encima del IPC. Las jubilaciones más bajas -los que cobran entre 600 y 1.000 euros al mes- se beneficiarán de un complemento fiscal negativo, es decir, se les devolverá dinero. El siguiente tramo, los que perciben una pensión de entre 1.000 y 1.200 euros al mes podrán beneficiarse de una rebaja fiscal de entre 30 y 60 euros. Estas medidas afectarán beneficiosamente a 7,2 millones de pensionistas, el 80% de los 9 millones actuales.
Pero hay más. Los PGE llevarán tambien la exención de pagar el IPRF a quienes ganen menos de 14.000 euro al año, y una rebaja fiscal para los que ingresen hasta 17.000 por ejercicio. Se aprobará una ayuda económica europea a los jóvenes que ganan menos de 430€ al mes. Se amplía hasta 5 semanas el permiso de paternidad y se aprobarán ayudas de hasta 1.000 euros anuales por hijo en las guarderías.
Ciudadanos y PP se han disputado la autoría de estas medidas. Pero la realidad es que su aprobación no es fruto -en última instancia- de ningún grupo parlamentario, sino de la fuerza de un auténtico vendaval, de un fortísimo viento popular que exige el fin de los recortes, de la precariedad, y del saqueo a los bolsillos del 90%.
Un movimiento popular contra los recortes y que exige cambios estructurales, que se ha expresado en las calles con espectacular contundencia en las últimas semanas, con una huelga feminista del 8M absolutamente clamorosa y masiva, y con multitudinarias movilizaciones en defensa del sistema público de pensiones, por su revalorización y por su blindaje constitucional, el 22 de febrero y el 17 de marzo.
Sin toda esa enorme fuerza popular -precedida de un año y medio en el que ese mismo viento popular ha hecho que el PP haya tenido que repetir las elecciones, haya perdido la mayoría absoluta y se haya visto contra las cuerdas en el Parlamento en más de una ocasión, para no ver derribadas varias de sus leyes estrella- la inclusión de tales medidas en los PGE no se hubiera producido.
Sean o no suficientes, no son fruto de la negociación, sino de la lucha de las clases trabajadoras. Sean o no satisfactorias, no son una concesión: han sido arrancadas. Nosotros luchamos, ellos retroceden.
No vendan la piel del oso aún
En su comparecencia para explicar el acuerdo sobre los PGE, Albert Rivera dio por hecho que Rajoy cuenta con el apoyo del PNV, habida cuenta de las concesiones que en las anteriores semanas y meses el gobierno ha ido haciendo a los nacionalistas vascos, ofreciendo un cupo fiscal aún más favorable para las cuentas de Euskadi, el cierre de la central nuclear de Garoña (en contra del Consejo de Seguridad Nuclear, que avalaba su reapertura) o la puesta en marcha de la red de alta velocidad ferroviaria, la llamada «Y vasca».
Pero los jeltzales no parecen dar su brazo a torcer, y el agravamiento de la situación política catalana -con la detención de Puigdemont y el encarcelamiento de la plana mayor del procés- están creando fuertes tensiones entre Génova y el PNV. Los nacionalistas vascos se comprometieron a no negociar nada de estos presupuestos mientras el artículo 155 esté en vigor, y -sea una estrategia para vender más caro su apoyo, sea un trágala que sus bases no pueden aceptar- no está nada claro que vaya a apoyar los PGE, votos sin los cuales no podrían salir adelante.
¿Los presupuestos más sociales?
«Son unos presupuestos más sociales y que cumplen el déficit para retomar el pulso económico del país», ha afirmado Rivera. Reconociendo que las medidas anteriores -fruto de la lucha popular- significan un avance ¿es así? ¿Son unos PGE más sociales? ¿Es ese su principal aspecto?
Los datos presupuestarios para 2018 enviados por Hacienda a Europa prevén un 5,8% para Sanidad y un 3,8% en Educación. Eso significa que el gasto público en estas dos partidas clave tocará su mínimo histórico. En Sanidad se ha descendido desde el 6% del PIB en 2017 al 5,8% actual. La bajada en el gasto total de la partida sanitaria es de un 14,6% a un 14,4%. Educación se ve afectada en una bajada similar. Pasa del 4% del PIB de 2017 al 3,8% de 2018, también alcanzando su mínimo histórico, mientras que en el gasto total este descenso representa una décima (del 9,6% al 9,5%).
Otras políticas sociales clave, como el gasto a la dependencia o la raquítica inversión en I+D+i -que ha descendido al pobre porcentaje del 1,19%, menor que el de hace diez años y muy por debajo del 2% del PIB de la media europea- tampoco se recuperan.
El gobierno de Rajoy sigue así, en lo fundamental, cumpliendo a rajatabla las exigencias de Bruselas (es decir, de Berlín) en lo que se refiere al control de gasto público. Pero ese control presupuestario no afecta en absoluto a las draconianas exigencias del otro lado del Atlántico, a las órdenes imperiosas del Pentágono de que España -como el resto de los miembros de la OTAN- debe aumentar su presupuesto militar hasta el 2% de su PIB. Dicho y hecho: las partidas para Defensa se disparan. Cospedal se ha comprometido a duplicar el gasto militar en siete años, aumentando en 10.000 millones el presupuesto actual hasta alcanzar la astronómica cifra de 18.000 millones de euros al año.
No, no son unos presupuestos sociales ni mucho menos. No pueden serlo. Son -en lo esencial- unos PGE hechos a la medida de la oligarquía financiera y los centros de poder mundial.