Hay muchas cosas en las que Donald Trump ha sido pionero. Será recordado como el primer mandatario en instigar a sus seguidores para intentar invalidar tumultuariamente los resultados de las elecciones presidenciales que perdió. Pero también por ser el primer presidente norteamericano -en activo o retirado- en sentarse ante los tribunales por una acusación penal, que puede llevarlo (en el curso de unos años) cuatro años entre rejas. Y sólo es la primera de una larga ristra de acusaciones -por causas civiles y penales, políticas y empresariales- contra el expresidente, que pueden igualmente mandarlo a la cárcel.

La distancia entre la Torre Trump, situada en la lujosa Quinta Avenida, y la Corte Suprema del Condado de Nueva York es tan sólo de 4 millas, apenas unos 6 kilómetros. Ahora ese trecho se ha acortado.

Un gran jurado de Manhattan ha votado a favor de encausar penalmente a Donald Trump por el pago de 130.000 dólares en dinero negro a la actriz porno Stormy Daniels en 2016, en plena campaña electoral, para comprar su silencio por la relación extramatrimonial que habían mantenido diez años antes.

En EEUU no es delito mantener una relación extramarital, ni comprar los favores sexuales de nadie. Ni tan siquiera es delito en sí mismo comprar el silencio de alguien. Sí lo es (un delito menor) la falsificación de documentos para disimular el pago a la actriz que el expresidente habría hecho a su abogado en 2016. Pero el delito grave, lo que puede llevar a Trump a la cárcel (4 años de prisión) es la violación de la ley electoral: el pago por el silencio de Daniels se hizo con dinero de la campaña como una donación encubierta, y sirvió para silenciar un escándalo mediático y limpiar la imagen del expresidente en el tramo final de su campaña electoral.

La imputación penal de Trump -que provocará el hecho insólito de que alguien que ha sido el presidente de la nación más poderosa del planeta tenga que acudir -bajo arresto- al Tribunal de Manhattan a escuchar los cargos de que se le acusa- es seguramente una de las causas menos graves que tiene que afrontar. Además de que se están investigando delitos de evasión fiscal, están cargos aún más graves: por intentar revertir el resultado de las presidenciales en 2020 en Georgia, por llevarse centenares de documentos clasificados a su residencia de Mar-a-Lago (en Florida). Y sobre todo, por el papel de Trump en el asalto tumultuario al Capitolio, del que una comisión de investigación parlamentaria, tras más de mil entrevistas, lo encontró responsable sin lugar a dudas y pidió procesar al expresidente por la vía penal. Una investigación formal que ya ha iniciado el Departamento de Justicia.

Sin embargo, es poco probable que este largo viacrucis judicial impida -en el corto plazo- a Trump presentarse a las elecciones de 2024. El juicio por el caso de Stormy Daniels podría tardar más de un año en comenzar, coincidiendo con el último tramo de la campaña presidencial, por lo que no daría tiempo para un hipotético encarcelamiento, lo mismo que para el resto de causas antes mencionadas.

Haciendo uso de su conocido mensaje victimista, Donald Trump ha insistido en que es objeto de una «caza de brujas» por parte de los «matones de la izquierda radical» (refiriéndose a Joe Biden y a los demócratas) . «El juez me odia», ha dicho, y después de asegurar que su detención podría provocar “potencial muerte y destrucción” en todo el país, ha exhortado a sus seguidores para que tomen las calles. En un tono muy similar al que utilizó en los días previos al asalto al Capitolio: “Protestad, recuperad nuestra nación”.

El Partido Republicano cierra filas… de momento

La imputación penal de Trump llega en plena campaña para el liderazgo del Partido Republicano, un partido que se encuentra hondamente dividido desde que los comicios de mitad de mandato de noviembre arrojaran unos decepcionantes resultados para los conservadores. Muchas voces -incluso entre los sectores más ultrareaccionarios, alineados con las posiciones de lo que fue el Tea Party- comenzaron a cuestionar el papel de Trump como líder, considerándolo «quemado» y proponiendo una especie de «trumpismo post-Trump» tomando otras cabezas como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

De momento, esos sectores rivales de Trump entre los republicanos han decidido cerrar filas con el magnate, sabedores de que cualquier deslealtad ahora suena a traición. Ron De Santis tuiteaba que “la instrumentalización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba al estado de derecho. Es anti-americano”.

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El hondo enfrentamiento en las entrañas del Imperio

Las razones de clase del cerco judicial a Trump

A estas alturas, pocos pueden dudar de la implicación directa de Donald Trump en el asalto de sus seguidores al Capitolio, ni de que -como todos los grandes hombres de negocios de Wall Street- tiene tras de sí una larga serie de delitos fiscales, así como de gran cantidad de acciones inmorales e ilegales. Por no hablar de que -como cualquier presidente de los EEUU- es responsable de los crímenes cometidos por la superpotencia durante su mandato.

Sin embargo, a lo que estamos asistiendo en EEUU desde que Trump fue desalojado de la Casa Blanca -comisiones parlamentarias, registros de su mansión en Mar-a-Lago, o la más reciente imputación penal en Manhattan- no es a una lucha de la «democracia estadounidense» por ajustar cuentas con un expresidente corrupto y neroniano, que ha violentado y envilecido de forma autocrática los mecanismos de poder de Washington.

Cierto que nunca como hasta ahora la sociedad norteamericana ha estado tan hondamente polarizada, tan crispadamente dividida entre los seguidores y los detractores de Trump. Pero esta confrontación no es fruto de la «batalla cultural» entre el ultrareaccionario conservadurismo de los sectores más derechistas del Partido Republicano y la «agenda woke» de los demócratas, sino la expresión de una batalla aún más profunda.

A lo que venimos asistiendo en las últimas dos décadas, de forma notoria desde la presidencia de G.W. Bush, y ya de manera escandalosa en la presidencia de Trump -con su rosario de escándalos y dos impeachment contra él- es una aguda disputa en el seno de la clase dominante norteamericana. Una pugna entre dos fracciones de clase, no en torno a una agenda «ideológica», sino en torno a cómo gestionar un cada vez más acelerado declive: el ocaso imperial de la superpotencia.

EEUU y su clase dominante han intentado revertir o al menos frenar ese declive de diferentes formas, con diferentes presidencias y líneas, pero todas ellas se han saldado en fracaso: Bush, Obama, Trump y ahora Biden.

La fase de acelerado declive imperial en la que ha entrado EEUU ha agudizado aún más la división en la clase dominante yanqui y en el establisment político y mediático respecto a cómo hacer frente a esta situación. Una lucha interna dentro de la clase dominante norteamericana por imponer una u otra línea de gestión de la superpotencia que ha dado un salto cualitativo, pasando de darse entre sus representantes políticos -republicanos vs. demócratas- a librarse en las mismas entrañas de sus más fundamentales aparatos de poder, como son los servicios de inteligencia, el FBI o el Departamento de Justicia.

Poderosos sectores de la clase dominante norteamericana tratan de impedir que Trump -y la línea que representa- vuelva a ocupar la Casa Blanca, metiéndolo entre rejas o inhabilitándolo políticamente. Es desde aquí, y no desde las tropelías y crímenes del expresidente (ciertos con toda probabilidad) desde donde debemos leer el incierto viacrucis judicial que se abre para Trump.