Hace meses que las calles del país no rebosan de manifestantes, aunque los recortes y las políticas de ajuste, además de la represión a la protesta social que viene con la nueva ley de seguridad ciudadana están más activos que nunca. Sigue habiendo protestas, como la del miércoles contra la ley Wert, pero la afluencia se ha ido reduciendo en todas – la mayoría de carácter sectorial- a medida que pasaban las semanas.
Tras un tiempo de letargo, este fin de semana vuelve la protesta unitaria coincidiendo con el segundo aniversario de la victoria con mayoría absoluta del PP en las pasadas elecciones. Dos años en los que el Gobierno «se ha saltado las líneas rojas que dijo que nunca se saltaría: sanidad, educación y pensiones», recordaban desde Marea Ciudadana durante la rueda de prensa para anunciar la confluencia en esta movilización con la Cumbre Social.
Así, la Cumbre Social, auspiciada por los sindicatos CCOO y UGT y que agrupa a más de 150 plataformas y organizaciones sociales, y la Marea Ciudadana, que coordina las distintas mareas por los servicios públicos y asambleas recorrerán Madrid desde Atocha hasta Cibeles a las 12.00 horas de este sábado. Harán lo propio desde Plaza de España hasta la Puerta del Sol varios colectivos vinculados al 15-M, como el Tribunal Ciudadano de Justicia o asambleas de distintos barrios. Una movilización que también aprovecharán para dar difusión a la querella ciudadana que este viernes presentarán contra los gestores y consejeros de Caja Madrid y TasaMadrid por prácticas ilícitas y delictivas, con indicios de delito de estafa en las concesiones de préstamos hipotecarios durante 2004 y 2007.
Mismo lema, mismo día, recorrido distintoAunque coinciden en tiempo y lema [Savlemos lo público, salvemos las pensiones, salvemos a las personas. Juicio a la banca] son manifestaciones diferentes al fracasar las conversaciones para concurrir de forma unitaria. Si Marea Ciudadana y Cumbre Social lograron el acuerdo, el sector quincemayista decidió desvincularse de la movilización conjunta por diferentes discrepancias con la Cumbre Social.
La confluencia de Marea Ciudadana y Cumbre Social se logró in extremis durante varias reuniones a lo largo de esta semana en la que los sindicatos cedieron a las exigencias de la plataforma. Pedían que no fueran el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, los que coparan el protagonismo pronunciado los discursos y yendo en primera línea de la marcha.
Aunque la intención era que ambas marchas confluyeran en la Puerta del Sol, «la Delegación de Gobierno en Madrid no lo ha autorizado. No nos ha dejado acabar nuestro recorrido en la Plaza de Colón y ni siquiera se ha querido reunir con nosotros», explicaba Julio Rodríguez, un portavoz de Marea Ciudadana.
«La manifestación conjunta escenifica que es posible la unidad entre sindicatos y movimientos sociales al menos en la calle. Aunque somos críticos con la dirección de los sindicatos, entendemos que en este caso es bueno confluir», aseguraba el jueves en rueda de prensa Miguel Vila, otro portavoz de Marea Ciudadana.
El deterioro en los servicios públicos, la reforma de las pensiones, los recortes aplicados por imperativo de la Troika y la reforma del artículo 135 de la Constitución (BCE, CE y FMI) suponen el «desmantelamiento del Estado del bienestar», en opinión de los portavoces de las distintas mareas, por lo que la confluencia se convierte en la única arma que puede frenar el «avance de las políticas neoliberales», aseguran.
Aunque son conscientes de que los sindicatos no atraviesan su mejor momento debido a la presunta desviación de fondos para la formación de desempleados en Andalucía, los convocantes de Marea Ciudadana aseguran que «no son el enemigo» y defienden que el sábado estarán presentes muchos sindicalistas que «no tienen nada de corruptos». Pero recuerdan que se trata de «una jornada de lucha unitaria», lo que no significa que vaya a existir un trabajo conjunto entre ambas plataformas, matizan.
Desde Atocha partirán todos los madrileños que acudan al llamamiento de la Cumbre Social y la Marea Ciudadana, que se compone de la verde (Educación), blanca (sanidad), Roja (cultura), Violenta (derechos de la mujer), tricolor (republicana) y la plataforma 25-S. Un cortejo que irá encabezado por representantes de los barrenderos y jardineros de Madrid, entre otros, para recordar que la unidad es clave a la hora de la reivindicación. También han hecho una proposición para sostener la pancarta a Jorge Arzuaga, el activista que el jueves puso fin a una huelga de hambre de más de un mes para pedir la dimisión del Gobierno. El recorrido finalizará con la lectura de un comunicado conjunto por parte de dos representantes del mundo de la cultura que aún no se han elegido.
Por su parte, desde plaza de España encabezarán la otra manifestación el Tribunal Ciudadano de Justicia, varias asambleas del 15-M, trabajadores de Iberia y colectivos por la defensa de la sanidad pública como Patusalud, entre otros; para terminar en Sol y explicar la querella interpuesta contra los «responsables de la crisis-estafa que padecemos». También tienen prevista una concentración frente al Banco de España a las 17.00 horas.
Además, según informan los organizadores, están convocadas manifestaciones en más de 65 ciudades de todo el Estado entre el sábado y el domingo.
Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han invitado a cuatro de los países que presentan riesgos de incumplimiento de los objetivos de déficit de 2014 (España, Italia, Finlandia y Malta) a que tomen medidas durante el trámite parlamentario nacional de aprobación de los presupuestos o bien que lo hagan «en paralelo». Según Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, España se ha comprometido a aplacar los temores de la Comisión Europea mediante las reformas anunciadas en el Programa Nacional de Reformas, entre las que mencionó específicamente «una segunda ronda de reformas del mercado laboral». Previamente, el ministro de Economía español, Luis De Guindos, ha asegurado que las medidas anunciadas son suficientes para cumplir con los objetivos de déficit marcados por la institución, pero no ha hecho ninguna mención concreta a esa segunda ronda de reformas. Un portavoz del Ministerio de Economía aseguró que se trata de la simplificación de los tipos de contratos laborales que está preparando el Gobierno. Es decir, España evita tener que introducir nuevas medidas de ajuste en el presupuesto de 2014, pero a cambio deberá estirar en lo posible las reformas estructurales para lograr ese esfuerzo extra que pide Bruselas. El comisario de Asuntos Económicos europeo, Olli Rehn, ha puesto una cifra sobre la mesa al asegurar que España tiene que hacer en 2014 un «esfuerzo estructural» del 0,25% del PIB (la reducción de gastos e incremento de ingresos que no depende del ciclo económico. Una cifra (unos 2.600 millones de euros), que, ha asegurado, «no es enorme», pero que el Consejo Europeo exige a España dentro del Pacto de Estabilidad. Rehn ha instado al Gobierno a presentar «en breve» detalles concretos para alcanzar esa cifra. La décima de la polémica De Guindos ha tratado de minimizar esas discrepancias: «Lo que hay es una diferencia de una décima entre la proyección de la Comisión y la proyección de España. Eso se basa fundamentalmente en que el Gobierno español proyecta un crecimiento del 0,7% y la Comisión del 0,5%. Es una diferencia pequeña», afirmó el ministro. Y efectivamente, entre el objetivo de déficit (5,8%) y la estimación de Bruselas (5,9%) hay solo una décima, apenas 1.000 millones de euros. Fuentes comunitarias reconocen incluso que esta discrepancia entra dentro del rango normal que tienen previsiones de déficit basadas en estimaciones. Sin embargo, los recelos de la Comisión vienen por lo que mencionaba Rehn: el esfuerzo fiscal estructural que tiene que hacer España en 2014 (que depende de la voluntad política del Gobierno). En la práctica, España no tiene obligación legal de cumplir con esas indicaciones del Eurogrupo. Eso sí, desoírlas podría no salir gratis. Que un país no haga caso de la opinión de la Comisión «podría tenerse en cuenta más adelante», aseguran fuentes comunitarias. Es decir, cuando en la primavera del año que viene Bruselas tenga que decidir si recomienda una nueva prórroga del déficit o si evita que España entre en la vía sancionadora del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos (con sanciones de hasta 1.000 millones de euros), haber ignorado estos consejos sería un agravante.Bruselas pide acelerar reformas y el Gobierno ofrece una segunda ronda de reforma laboral,Datos macroeconómicos, economía y política – Expansión.com