La corrupción es traición. No es un problema nuevo. La CIA sacó de la cárcel a «Lucky» Luciano y le permitió seguir con sus negocios y crímenes a cambio de su colaboración en la ocupación de Sicilia durante la II Guerra Mundial y la eliminación, incluso física, de los comunistas italianos. Los colonialistas ingleses permitieron a los Maharajás de la India conservar sus privilegios a cambio de no levantarse contra el Imperio Británico. También hoy en España, detrás de las tramas corruptas no sólo está el atraco a los fondos públicos, también la intervención de la oligarquía española y del gran capital extranjero sobre el país. No es sólo una cuestión económica, sino también y principalmente de intervención política. Y no es principalmente un robo económico, que también, sino una traición a la nación al servicio de la intervención exterior. No sólo tiene que ser denunciada como un delito de los corruptos, sino como un delito contra el pueblo y la nación.
La trama corrupta de la “Operación Púnica”, de nuevo en las primeras portadas por nuevos imputados y dimisiones de cargos públicos, es mucho más que la dimisión de los nuevos cargos públicos imputados y los miles de euros de los que se han podido beneficiar, permite desentrañar el escandaloso maridaje entre el poder político y los ladrones privados de alto standing.
La “Operación Púnica” y Gaz de France
Cuando en 27 de octubre de 2014 la Guardia Civil detenía a Francisco Granados, número dos del PP en Madrid y ex consejero de Esperanza Aguirre, a su socio el empresario David Marjaliza, al director general en España de Cofely y otros tres directivos del grupo, se destapaba una de las tramas más genuinas de corrupción, en la que Cofely, filial de Gaz de France en España, era el puntal sobre el que pivotaba la trama corrupta de la “Operación Púnica”, el epicentro de la corrupción. Uno de esos directivos, Pedro Pérez García, sería, según el juez Eloy de Velasco, “el principal interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y pago de cohechos”. «Detrás de las tramas corruptas no sólo está el atraco a los fondos públicos, también la intervención de la oligarquía española y del gran capital extranjero sobre el país»
Gaz de France, empresa pública controlada por el Estado Francés a través del grupo GDF Suez, es dueña al cien por cien de Cofely, la empresa especializada en la comercialización de servicios de eficiencia energética. La trama urdida por Cofely tenía por objetivo el amaño de contratos con los ayuntamientos para asegurarse la adjudicación de servicios públicos. Según las investigaciones judiciales la trama habría conseguido contratos fraudulentos por más de 250 millones de euros en apenas dos años en Madrid, Canarias, Cataluña, Zaragoza, Valencia…, pagando comisiones del 2% y 3%. Las investigaciones aún no están cerradas, el juez todavía investiga los contratos de eficiencia energética que otros ayuntamiento firmaron con Cofely.
La presencia de Gaz de France no se limita a su filial Cofely. Su principal apuesta está en Cataluña, a través de su filial Suez Environnement, aliado histórico de La Caixa en Aguas de Barcelona (Agbar), sobre quién tiene el control total tras un intercambio de acciones con La Caixa y Suez Environnement. ¿Cómo evitar que la sombra de las famosas comisiones del 3% denunciadas por Margall sobrevuele las operaciones del grupo también en Cataluña?
Evidentemente, en la trama Cofely-Gaz de France, lo fundamental no son las comisiones del 3% pagadas a los truhanes de turno por sus servicios, sino el expolio de las cuentas públicas a mayor beneficio de un monopolio extranjero. La corrupción ¿no es traición?
“Cherchez la femm”, buscar la raíz…
Pero Cofely-Púnica no es una excepción.
En el “Caso Rato” podemos quedarnos en su faceta de truhán y los 100.000 euros de sus tarjetas Blak o los 5,3 millones que puede haberse llevado a paraísos fiscales. Pero, ¿por qué no poner el foco en toda la trama urdida en torno a Bankia y al fraude contable de 3.500 millones de euros y su salida a bolsa que la llevó a la quiebra y al rescate con 23.000 millones de dinero público, para acabar vendida a precio de saldo a la gran banca y fondos extranjeros?
En el “Caso Palau” Ferrovial era el epicentro de la trama corrupta, pagando comisiones a Convergencia a cambio de la adjudicación de obras públicas de gran envergadura, como la Ciudad de la Justicia o la línea 9 del Metro de Barcelona.
¿O qué decir del “Caso Pujol” cuarenta años de corrupción continuada iniciada con el saqueo y quiebra de Banca Catalana? Detrás de la trama familiar encontramos al mismísimo Banco de España y al Fondo de Garantía de Depósitos que cubrieron un agujero de 19.600 millones de pesetas, y al BBVA que acabó quedándose con la entidad catalana y sus 2602.000 millones de las antiguas pesetas en depósitos. Además ¿cuántos grandes capitales españoles y extranjeros, bancos y monopolios, se habrán servido de esta trama para llevarse las grandes obras y servicios de Cataluña a cambio pagar al comisionista su 3%? ¿Cuántos bancos como el HSBC suizo, denunciado por fomentar el fraude fiscal, o el Banco de Andorra han amparado o alentado la trama Pujol y cobijado en sus cuentas secretas miles de millones evadidos de Cataluña, de España? ¡Qué dolorosa e indignante traición del autoproclamado “padre de la patria catalana”, truhán de baja estofa! «La lucha contra la corrupción es también una lucha por la soberanía, debe ser denunciada como un delito contra el pueblo y tratada como crimen organizado»
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un organismo público, fija en 48.000 millones de euros el coste de la corrupción en la contratación pública, equivalente al 25% de todas las licitaciones, obras públicas, infraestructuras y servicios públicos, un suculento negocio de 192.000 millones de euros repartido entre grandes monopolios y fondos extranjeros. ¿Cuántos de estos miles de millones han ido a parar a grandes constructoras como Sacyr Vallehermoso, OHL o la FCC de Florentino que pagaron religiosamente su tanto por ciento en la caja B del PP que manejaba Bárcenas?
¿Qué sino traición son las tramas para evadir capitales a Suiza y otros paraísos fiscales privando de miles de millones de recursos al país?
Corrupción e intervención política
Grandes monopolios, multinacionales y sus filiales en España, bancos españoles y extranjeros son, en última instancia, los epicentros de la corrupción, a través de la cual la oligarquía española y el gran capital extranjero intervienen no ya para llevarse el dinero público en suculentos contratos, sino para intervenir políticamente el país a través de ese extraño maridaje con cuadros de todos los niveles y dirigentes de los partidos políticos y cargos públicos que está en la base de todas las tramas de corrupción, como en cualquier mafia que se precie.
Hay un dicho que corre por las redacciones de los periódicos, “el periodismo de investigación se reduce casi siempre al dossier que alguien hace llegar a la redacción de noche o a primera hora de la mañana”. ¿Qué montaña de dossier son manejados por la oligarquía y el hegemonismo extranjero para intervenir políticamente en el país? No es casualidad que en los momentos más decisivos o periodos electorales, lleguen estos dossier a las mesas de los directores, desde una cacería de elefantes para forzar la dimisión de un rey al simple intento de un político emergente por rebajar un pago a Hacienda para eliminar un dirigente incómodo. Intervención política que va más allá de la adjudicación de contratos multimillonarios a sus monopolios, sino que tiene por objetivo “corregir” derivas peligrosas para sus intereses o forzar “reconduciones” que garanticen la continuidad de las políticas que sirven a sus intereses globales, y que ahora pasan por las políticas que les permitan el saqueo y disponer de los recursos del país al servicio de sus intereses.
Ahí radica, en última instancia, la verdadera naturaleza de la corrupción como traición a la nación, como traición a un pueblo y a un país, al servicio de la intervención exterior de las grandes potencias y el gran capital extranjero.
Por eso, la lucha contra la corrupción, es también una lucha por la soberanía y debe ser tratada, como propone el programa de Recortes Cero, como crimen organizado, en el que hay que perseguir y llevar ante los tribunales no sólo a los truhanes de turno y políticos corruptos, sino a los auténticos “padrinos” de la mafia, a los bancos, monopolios y multinacionales nacionales y extranjeros que están en la base de todas las tramas de corrupción.