Convergí¨ncia i Unió ha aprovechando las informaciones sobre el Tribunal Constitucional respecto a lo que se ha calificado de primera votación informal, el jueves pasado, sobre el Estatuto de Cataluña, para lanzar su ataque disgregador. En la citada votación los magistrados habrían adoptado mayoritariamente una posición en contra de la ponencia elaborada por la presidenta de dicho Tribunal en la que los puntos básicos de la carta catalana, la definición de Cataluña como «nación», la apelación a los «derechos históricos» y la imposición del catalán en contra del castellano, serían admitidos. Con lo que está saliendo a la luz en relación a las tramas de corrupción en Cataluña, el desaforado intento de conseguir todas las competencias, incluyendo la judicial, le da una nueva tonalidad, que la competencia sobre la corrupción y su persecución se quede en Cataluña. Detrás del catalanismo se esconden intereses muy materiales.
Por ello Convergència i Unió ha lanzado su discurso más soberanista. Artur Mas ha llamado a que “Cataluña deberá sacar el carácter y el genio, de una manera serena ero firme”, porque “no puede ser que continuamente nos estén pisando por un lado y por otro”. Haciendo frente común Esquerra Republicana ha vuelto a acusar al Tribunal Constitucional de falta de “legitimidad” para juzgar una ley “refrendada por el pueblo catalán”. Formando parte de la misma casta política y levantando las mismas falsas banderas del catalanismo, lo que realmente intentan, ante los continuos casos de corrupción que se destapan, es tener, entre otras competencias, controlada la justicia. Como se está viendo en el caso que empezó siendo el “caso Palau”, la trama de corrupción se ha desarrollado en la intimidad de los “prohombres” de la burguesía catalana. ¡Qué útil y necesario es que la última instancia judicial se quede en Cataluña, en forma de Tribunal Superior de Cataluña! Que todo, incluyendo la corrupción y su “persecución”, quede en familia, entre amigos como Pujol ha calificado a los acusados en la operación Pretoria, antiguos colaboradores, siempre próximos. Que la competencia para juzgar a los corruptos quede entre “catalanes”. Que el “espíritu del catalanismo” sirva a los intereses, muy materiales, de sus “mejores representantes”. La Generalitat ha aparentado un “silencio administrativo” pero ha declarado a través de sus aledaños que “hemos desarrollado el Estatuto durante toda la legislatura porque es constitucional y legal y así seguiremos haciéndolo", y que el Estatuto es una ley orgánica en vigor y que no puede tenerse “encallada” esperando una decisión del Tribunal Constitucional, y ha dejado el trabajo sucio al líder de CiU permitiendo que les acusara de no defender con suficiente ahínco las posiciones de Cataluña en España. Dentro de las castas políticas hay distintos papeles.