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A tumba abierta, con la bayoneta calada. Cuando el brutal genocidio en la Franja se aproxima a su segundo aniversario, con más de 64.300 gazatíes asesinados, el 70% de ellos mujeres y niños, el gobierno de Netanyahu ordena la toma por asalto de la ciudad de Gaza, capital del enclave, donde sobreviven -o malviven- un millón de personas. Más de la mitad de ellos -unos 600.000- permanecen en la ciudad cuando los tanques ya están por las calles. No saben a dónde ir, o simplemente no tienen fuerzas.
“Digo a los residentes de Gaza, aprovechen esta oportunidad y escúchenme con atención: ¡han sido advertidos, salgan de allí!”, les ha dicho, en una nueva cima de criminal cinismo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Pero pese a las órdenes de evacuación, la inmensa mayoría de los gazatíes no tienen a dónde ir. No sólo porque no hay ni un milímetro cuadrado seguro en toda Gaza; no sólo porque ya no hay espacio físico (dos millones de palestinos se hacinan en unos 55 Km2, el 15% de la ya de por sí estrecha Franja), sino simple y llanamente porque no pueden: están heridos, o demasiado débiles por el hambre, la sed o las enfermedades para poder desplazarse.
“No podemos caminar. Nos enfrentamos a la muerte en Ciudad de Gaza”, dice la familia Al Kafarna por teléfono a El País. Los responsables de los hospitales de la capital advierten que la evacuación forzosa equivale a “una catástrofe humanitaria que amenaza la vida de miles de pacientes y heridos”.
Los aviones israelíes no sólo lanzan panfletos ordenando la evacuación. No falta la ración diaria de muerte y fuego desde el cielo. Sólo en los últimos han bombardeado las pocas torres residenciales de la ciudad hasta dejarlas reducidas a escombros. Y siguen las ametralladoras contra las multitudes hambrientas que se agolpan en los puntos de distribución de alimentos, gestionados por la criminal pseudo ONG israelo-estadounidense (Fundación Humanitaria de Gaza, GHF).
Las fuerzas sionistas ya operaban en las afueras de la ciudad de Gaza desde agosto, pero ahora controlan el 40% de la capital en ruinas. Y consideran «objetivo militar legítimo» a todo lo que se encuentren a su paso, incluyendo los hospitales o la población civil.