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El gobierno griego, al dictado de la troika, ha anunciado otro recorte de salarios y pensiones. Era la nueva exigencia para «liberar» 18.500 millones de euros del segundo plan de rescate que irán destinados en exclusiva para los bancos griegos. A fin de que éstos puedan ir pagando la deuda que tienen con la banca francesa, alemana o norteamericana.
Sin embargo, hoy en Grecia nada es igual que hace unos meses. La irrupción de Syriza, la coalición de izquierdas antihegemonista que obtuvo el 27% de los votos populares hace unos meses, ha cambiado muchas de las reglas de juego hasta ahora imperantes.
Y está permitiendo que se desarrollen iniciativas como la de un destacado grupo de ciudadanos griegos –encabezados por un popular presentador de radio y televisión del país– que han acudido al Tribunal Penal Internacional para presentar una demanda judicial contra los principales líderes de la zona euro y los acreedores del Fondo Monetario Internacional (FMI), acusándolos de “genocidio económico y social”. /* Style Definitions */
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La querella se dirige contra la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, la canciller alemana Angela Merkel, su ministro de Finanzas Wolfgang Schauble y el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.
En la denuncia se acusa a estas elites financieras dominantes de “haber convertido a Grecia en un conejillo de indias para imponer programas brutales y disciplina fiscal a Europa, lo que ha creado una crisis humanitaria que ahora pone en peligro la misma existencia de Grecia como nación”.
Los denunciantes acusan cómo se ha “satanizado, calumniado y hasta presentado como responsables del desplome económico global al país y a sus ciudadanos”, usando métodos que “nos recuerdan las calumnias contra los judíos durante la II Guerra Mundial”.
La demanda afirma que Grecia ha sido víctima de un plan de genocidio social y económico que utiliza métodos que violan la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la ONU. Denunciando lo que, para ellos, son los objetivos últimos del plan: “la desintegración de las instituciones políticas y sociales, cultura, lengua, sentimientos nacionales, religión y la existencia económica de grupos nacionales, y la destrucción de la seguridad, libertad, salud, y dignidad personal y hasta las vidas de los individuos que pertenecen a dichos grupos”.
Que la lucha contra la impunidad se extienda del terreno militar-policial al político-económico es una gran iniciativa que apoyamos sin reservas. También las imposiciones políticas, económicas, financieras y sociales de las grandes potencias sobre los países y los pueblos causan victimas, dolor y sufrimiento. Entonces, ¿por qué no habría que juzgar también a sus responsables directos?