Chile sepulta con millones de votos la Constitución de Pinochet

Una vibrante victoria popular ha sacudido como un seísmo todo el espinazo de los Andes. Tras un año de masivas e intensas movilizaciones populares que han sacudido el régimen político, una abrumadora mayoría de la sociedad chilena ha sepultado bajo una avalancha de millones de votos la Constitución de 1980, elaborada por el dictador Augusto Pinochet. Una Carta Magna que establece el marco legal para el despótico dominio que bancos, monopolios y capital extranjero -especialemente el norteamericano- tienen sobre la vida económica y social de Chile.

Chile celebraba este domingo un histórico plebiscito sobre la continuidad o derogación de la Constitución de Pinochet, con dos cuestiones. En la primera pregunta-«¿Quiere usted una Nueva Constitución?»- el ‘Apruebo’ ganó por un arrollador 78,27% de los votos frente al 21,73% del ‘Rechazo’. La constitución de 1980, tan magra en derechos y libertades civiles como fecunda en dar «superpoderes neoliberales» a las grandes empresas, instituciones financieras y grandes multinacionales sobre la vida económica del país, ha pasado a mejor vida.

Casi igual de contundente fue la respuesta a la segunda pregunta -«¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?»- en la que los chilenos debían optar por dos opciones. O bien una ‘Convención constituyente’, formada por delegados elegidos en su totalidad por voto popular, o bien una ‘Convención Mixta’, que habría estado compuesta de forma mixta entre ciudadanos y parlamentarios, y donde por tanto los partidos tradicionales tendrían mucho más poder para «cocinar» la nueva Carta Magna. La primera alternativa ha sumado un 79% de las preferencias.

La participación, clave para dar legitimidad a la consulta, ha alcanzado el 50%, un porcentaje notablemente alto tratándose de Chile, un país en el que el divorcio entre la clase política y las clases populares y trabajadoras -y por tanto la desafección de importantes sectores populares con un modelo político que consideran heredero del pinochetismo- es tan grande que ha llevado a porcentajes muy bajos de afluencia a las urnas. 

Como vienen haciendo todo el año, miles de chilenos han salido a las calles de todo el país a celebrar la victoria del ‘Apruebo’. También las élites políticas han celebrado los resultados -«Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia y la paz sobre la violencia”, ha declarado el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de La Moneda- en la esperanza de que el nuevo proceso constituyente sirva para «encauzar» los antagonismos sociales. 

Pero el resultado del plebiscito es un comienzo, no un final. 

Hacia la batalla constituyente

La batalla por una nueva Constitución -en la que deberá reflejarse, en una nueva correlación de fuerzas, los intereses oligárquico-imperialistas y las exigencias de las clases populares- comienza ahora una nueva etapa.

Los 155 ‘convencionales’ -los delegados electos para formar parte de la Convención constituyente- deberán elegirse el 11 de abril de 2021, en menos de seis meses. Y una vez elegida la composición de esa Convención, comienza un proceso lleno de obstáculos. Tendrán nueve meses para redactar y aprobar el texto constitucional que deberá ratificarse en un nuevo plebiscito, esta vez de carácter obligatorio. Este plazo solo puede ser prorrogado una vez, por tres meses. Por tanto, no más tarde de junio de 2022 Chile debe tener una nueva Carta Magna.

Los mecanismos de funcionamiento de esta Convención Constituyente contienen una enorme y antidemocrática traba: los contenidos de la nueva Constitución deberán aprobarse por dos tercios de los delegados. Algo diseñado para que las fuerzas de la izquierda más rupturista, como el Partido Comunista o el Frente Amplio, tengan dificultades para conseguir consensos, mientras que las «fuerzas tradicionales» del régimen, como democrata-cristianos y socialdemócratas, puedan llegar a acuerdos más fácilmente.

No pocos piensan que el resultado de este proceso dependerá en gran medida de que el movimiento popular logre -en paralelo con las deliberaciones de los “convencionales”- mantener la movilización, la combatividad y la “presión” en las calles de Chile.

Impensable hace poco más de un año.

Hace poco más de un año nadie -ningún analista, ninguna organización, absolutamente nadie- habría podido adivinar lo que ahora ha ocurrido en Chile. No sólo el resultado de este plebiscito, sino la gigantesca ola de lucha social que ha hecho posible su misma realización.

Poco antes del inicio del estallido social, Chile fue calificado por Sebastián Piñera como un “oasis de estabilidad”, una afirmación que desde entonces permanece atravesada en su garganta. 

Todo comenzó en octubre de 2019. La chispa que prendió la pradera fue un insignificante billete de metro. El precio del ‘Subte’ de Santiago, que transporta diariamente a 2,8 millones de personas, es uno de los mayores de la región, y es más caro que el de Nueva York. Había subido cuatro veces en el último año, veinte veces en la década, y significaba un humillante y diario aguijonazo en los bolsillos de las clases medias y bajas, ya muy afectadas por el aumento del costo de la vida. Los llamamientos a saltarse las barreras y a colarse en el metro fueron secundados por miles de usuarios, y pronto comenzó la represión.

Las movilizaciones contra la subida del transporte público pronto mutaron a protestas contra la creciente carestía del nivel de vida, y luego a una impuganción a todo un sistema que impone un dominio asfixiante de las grandes empresas sobre las condiciones de vida y de trabajo del pueblo. Todos los violentos antagonismos de Chile, soterrados durante tres décadas de «democracia», bipartidismo y parlamentarismo, brotaron de golpe.

De pronto, millones de chilenos mostraron su hartazgo con la alternacia de gobiernos neoliberales -democracia cristiana, como el actual ejecutivo de Sebastián Piñera, o una socialdemocracia escandalosamente prooligárquica, como el gobierno de Michelle Bachelet- que llevan 30 aós impulsando el creciente saqueo de  las clases populares chilenas, degradando contínuamente sus condiciones de vida y de trabajo en beneficio de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Casi todo en Chile está privatizado: las pensiones, la sanidad, la educación. El atraco es recalcitrante en las tarifas de la luz, el gas, el precio de la gasolina o el coste de una sanidad privada que es tres veces más cara que en Alemania. La electricidad cuesta en Chile el doble que en el resto de América Latina. 

Chile es una de las economías más prósperas de América Latina, pero detrás de sus índices macroeconómicos hay una explotación feroz sobre el 90% de su población y un abismo social tan hondo como las raíces de la cordillera andina. El PIB ha aumentado década tras década, pero paradójicamente incrementando la pobreza. El sueldo de un 70% de la población no alcanza los 770 dólares al mes, y 11 millones de chilenos, de los 18 que tiene el país, tienen deudas con unos bancos que cobran intereses anuales del orden del 47%, un porcentaje que en Europa sería delito de usura. 

Fuerza, conciencia e iniciativa.

Este océano de antagonismos sigue existiendo exactamente igual que hace poco más de un año. Y por tanto cualquier espectativa -como la de Piñera- de que ahora se abre una oportunidad para que la ira popular se «encauce» tarde o temprano se dará violentamente de bruces con la realidad.

Lo que ha cambiado este último año en Chile es algo tan decisivo como precioso. Los de «abajo», las clases populares y trabajadoras, han tomado conciencia de este antagonismo, así como de sus propios intereses. Han alcanzado un extraordinario grado de organización y han descubierto la enorme fuerza y capacidad de transformación que tienen. 

Las masas chilenas se han dotado de una enorme fuerza, de una consistente conciencia, y tienen además la iniciativa.

Con la enorme victoria del plebiscito, se han creado unas extraordinarias condiciones para que el «viento popular» chileno despliegue todas sus energías, y que -como soñó Allende- se puedan abrir «las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor».