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Chile se convierte así en el octavo país del mundo en personarse en esta denuncia contra Tel Aviv, que fue formulada por el gobierno sudafricano a finales de diciembre de 2023. Desde entonces se han sumado países como Nicaragua, Colombia, Libia, México, Turquía y España, que lo hizo el pasado 28 de junio, así como Palestina.
Aunque aún no ha emitido un veredicto, la CIJ ya se pronunció cautelarmente el pasado 26 de enero, exhortando a Israel a que adoptara todas las medidas en su mano «para evitar y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio» contra los palestinos y para permitir el suministro de servicios básicos y de asistencia humanitaria en Gaza.
Una orden a la que Israel -investido de la capa de impunidad que le confiere ser el gendarme norteamericano en Oriente Medio- hizo caso omiso.
Sin embargo, la causa sudafricana contra Tel Aviv en la CIJ tiene un notable impacto político. En caso de que Israel sea condenado, todos los países firmantes de los acuerdos de La Haya, en particular de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, se verán obligados a pronunciarse, pudiendo ser denunciados ante sus justicias nacionales en caso de no hacerlo.