Chile: lucha popular por volver a unas pensiones públicas

La enorme oleada de lucha popular que desde hace un par de años vive Chile no sólo ha derribado la Constitución de Pinochet, obligando a abrir un proceso constituyente; no sólo ha golpeado al sistema bipartidista y ha socavado sin remedio al proyanqui y reaccionario gobierno de Sebastián Piñera; sino que aspira a reconquistar para las clases populares un sistema de pensiones públicas.

Hoy en Chile se libra una enorme y multifacética batalla entre las fuerzas del pueblo y las de la clase dominante. Una de las principales pugnas se está produciendo en torno a las pensiones, que en Chile son privadas y están en manos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones,) grandes fondos gestionados por los bancos chilenos y el capital extranjero -principalmente norteamericano- que invierten el dinero de sus contribuyentes en todo tipo de operaciones financieras.

La enorme carestía de la vida generada por la crisis económica y la pandemia han agravado las ya penosas condiciones de vida que sufren las clases populares chilenas. Hasta el punto en el que en Chile está avanzando la exigencia del llamado «cuarto retiro», mediante el cual los ciudadanos podrían retirar de modo anticipado el 10% del dinero que ellos mismos han sido obligados a cotizar en las AFP.

La situación es tan crítica para millones de familias chilenas que esta medida ya se ha tenido que aprobar en tres ocasiones. En los tres primeros retiros se sacaron de las AFP más de 49.000 millones de dólares, lo que explica la furiosa oposición de sus representantes políticos. «Con el primer retiro me arreglé la dentadura y resolví algunas deudas. El segundo se me fue en alimentos y una ayuda a mi hija con su arriendo, porque quedó sin trabajo en la pandemia, y ahora pretendo operarme el brazo, que lo tengo fracturado. La salud acá es muy cara y con eso ya se me irá más de la mitad del 10%», dice un conserje de 53 años que trabaja en dos edificios, en turno de día y de noche.

La derecha trata de impedirlo

De poder aprobarse el cuarto retiro, se calcula que hasta el 80% de los chilenos harían uso de este derecho, retirando otros 5.000 millones de dólares. Algo que está poniendo muy nerviosas a las AFP y a sus propietarios de Wall Street, como los fondos norteamericanos MetLife o Prudential Financial.

Hasta un 80% de los chilenos exige reinstaurar un sistema público, previsional e igualitario, como el que había en el país antes de la dictadura de Pinochet.

La medida, apoyada por la izquierda, cuenta con la furibunda oposición del gobierno de Sebastián Piñera y de los partidos pinochetistas, fieles guardianes de las AFP. Ha logrado ser aprobado en la Cámara Baja, pero no está claro que supere la tramitación en el Senado donde la derecha mantiene mayorías.

Sin embargo, el gobierno encuentra serias dificultades para mantener la oposición a estos retiros. Principalmente por el empuje de un vasto movimiento popular que desde hace dos años ha sacudido Chile y ha conducido a la quiebra el modelo económico y social heredado de la dictadura. Pero también porque varios altos cargos del gobierno, entre ellos el actual ministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Cerda -que en público se oponen a los retiros- hicieron uso de ese derecho y retiraron dinero. «¿Cómo van a justificar que lo que ha sido bueno para ellos va a ser malo para los trabajadores?», dice un diputado de la izquierda.

‘NO + AFP’, un potente movimiento popular

Sin embargo, la lucha popular por las pensiones en Chile no se limita a exigir que los trabajadores puedan sacar dinero de las AFP para poder subsistir. En 2016 nació en Chile el movimiento “No + AFP”, que agrupa a cientos de colectivos y sindicatos. Su objetivo central es terminar con el modelo privatizado actual e implementar un sistema público de reparto.

Este movimiento social -junto con el feminista, el sindicalista, el estudiantil o el mapuche- ha sido uno de los principales componentes de la lucha popular en Chile en los últimos años. En 2017 concentraron en Santiago a 800.000 personas, en una jornada de protesta que movilizó a 2 millones de personas a escala nacional (de un pais de 19 millones). Esta manifestación fue superada por la que congregó cerca de 1,2 millones de personas en Santiago el 25 de octubre de 2019.

Las AFP, un engendro de Pinochet al servicio de Wall Street

Fue la dictadura fascista de Pinochet la que posibilitó que en Chile se impusiera un modelo económico y social ultraprivatizado, donde los grandes capitales oligárquicos y norteamericanos impusieron el «tanto pagas, tanto tienes» en casi cualquier aspecto de la vida: desde el acceso a agua potable, a la sanidad, la educación… y por supuesto las pensiones.

Pinochet liquidó el sistema de pensiones público, de reparto -similar al que tenemos en España- y lo sustituyó por pensiones de capitalización individual

Pinochet y su ministro de Trabajo José Piñera -padre, por cierto, del actual presidente Sebastián Piñera- liquidaron el sistema de pensiones público, de reparto -similar al que tenemos en España- y lo sustituyeron por unas pensiones de capitalización individual, que obligan a cada trabajador a destinar un 10% de su salario a una AFP. Recaudando ingentes capitales mediante este sistema obligatorio, las AFP manejan unos 200.000 millones de dólares, equivalentes al 75% del PIB chileno.

El sistema chileno es elogiado por los defensores del «neoliberalismo» (en España, por ejemplo, por el Instituto BBVA de Pensiones) por reducir el gasto público y ofrecer gigantescas y seguras ganancias a las AFP. Pero es también conocido por las míseras jubilaciones que ofrece.

La tasa de sustitución -la proporción entre la pensión que se percibe y el último salario antes de jubilarse- en Chile es del 37% (en España es del 74%). Pero esto es en términos medios, porque más de la mitad de la población no llega a tanto.

Los hombres que han cotizado entre 20 y 25 años obtienen pensiones inferiores a los 265€, aunque la mitad no llegan ni a 165€. Para las mujeres es aún peor: la media es de 120€ y la mitad no llega ni al equivalente a 85€ al mes. Las prestaciones del sistema privado son tan escandalosamente pírricas que el 60% más empobrecido de la población tiene que ser compensado por el Estado con un «aporte complementario» de alrededor de 185€ para poder vivir.

Para los cuerpos represivos sí hay pensiones públicas

La exigencia de que las pensiones vuelvan a ser públicas en Chile corre paralela a la indignación con que perciben como los cuerpos represivos y las fuerzas armadas -Ejército, carabineros, gendarmes, marinos- herederas del régimen de Pinochet sí pueden gozar de un sistema de reparto, colectivo y solidario, que es negado para el resto de la población.

Pinochet lo privatizó todo… menos las jubilaciones de los miembros de los aparatos represivos que habrían de ser claves en la instauración de su régimen de terror. Los privilegios de esta “casta” -muy cuestionados por su implacable represión a la lucha popular en estos dos años, y por su alineamiento ideológico ultra reaccionario- llegan hasta hoy en día.

Militares y policías gozan de unas privilegiadas jubilaciones: pensiones cinco veces superiores a las de un trabajador medio, en el caso de los carabineros y hasta nueve veces superiores en el caso de los militares. Y se pueden jubilar a los 38 años, cuando los civiles no pueden hacerlo hasta los 65 años.

De hecho, el Estado chileno destinó en 2018 más dinero (2.400 millones de dólares) para pagar las pensiones de la «casta» represiva (174.000 pensionistas de las FFAA) que para el millón y medio de personas vulnerables que ven compensada su pírrica pensión privada con el programa Pilar Solidario (1.997 millones).

Aunque el gobierno de Piñera, cada vez más débil y acorralado, no quiere ni oír hablar de cambiar el sistema de las AFP, un 94% de los chilenos exige un cambio en el sistema de pensiones y un 80% de los encuestados exige reinstaurar un sistema público, previsional e igualitario, como el que había en el país antes de la dictadura de Pinochet. Una fuerza abrumadora que abrirá las alamedas… de las pensiones públicas.