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Separados por un estrecho margen de un 2% de los votos, dos opciones antagónicas se disputarán la presidencia de Chile en la segunda vuelta de las elecciones, prevista para el 19 de diciembre: Kast, candidato de una ultraderecha tan pinochetista como emuladora de Trump y Bolsonaro, y Boric, representante de Apruebo Dignidad -suma del Frente Amplio y el Partido Comunista-, una izquierda que recoge gran parte de la fuerza de las grandes movilizaciones que han sacudido el país en los últimos años.
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El domingo 21 de noviembre, más de 19 millones de chilenos estaban llamados a meter en la urna cuatro papeletas, para elegir no sólo el presidente de la República, sino senadores, diputados y consejeros regionales. El contexto de estas decisivas elecciones ha sido de todo menos normal: en medio de una pandemia, de una grave crisis económica, y de un fuerte clima de agitación social.
A finales de 2019, el polvorín de antagonismos sociales sobre el que se levantaba el sistema político chileno estalló por los aires. Una gigantesca ola de movilizaciones populares quebrantó sin remedio el tradicional modelo bipartidista y mandó al traste a la Constitución pinochetista de 1980, máxima expresión del draconiano y ultra privatizador dominio que la oligarquía chilena y el gran capital extranjero -especialmente el norteamericano- vienen imponiendo durante décadas a las clases trabajadoras y medias.
Con una baja participación -el 47,2%, lo que se suele ser habitual en el país desde que en 2012 el voto dejara de ser obligatorio-, el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast (Partido Republicano-Frente Social Cristiano, 27,91% de los votos) ha ganado por 2,09 puntos al de la izquierda, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), que ha sumado un 25,82% de los votos.
No se acababan ahí las sorpresas. El tercer puesto es para Franco Parisi, un candidato autodefinido como «liberal-libertario» y «anti-establishment», que hizo su campaña telemáticamente desde EEUU, al no poder pisar Chile por tener pendiente el pago de varios millones de pesos por la pensión alimenticia de sus hijos.
Los candidatos del antiguo bipartidismo, que durante décadas se ha alternado en el poder en Chile, quedaron relegados al cuarto y quinto puesto. El delfín derechista del presidente Piñera, Sebastián Sichel, cosechó un pírrico 12,6% de los votos, y Yasna Provoste -candidata del centroizquierda, y heredera de los gobiernos de la Concertación, que estuvieron en La Moneda por 20 años- apenas llegó al 11,8%.
La lucha popular ha «quemado» las dos patas políticas sobre las que se ha venido asentando el poder oligárquico-imperialista en Chile desde el fin de la dictadura
Todo o nada
Muchos se preguntan cómo es posible que en Chile -un país que hace sólo un año estaba sepultando con un arrollador 78% de los votos la Constitución de Pinochet, y que ha vivido gigantescas movilizaciones contra el modelo ultra-neoliberal heredado de la dictadura- un candidato declaradamente pinochetista, pro-oligárquico y pronorteamericano como Kast haya obtenido la victoria en la primera vuelta. Y más considerando que la ultraderecha sólo sacó un 7,9% en las presidenciales de 2017.
Algunos buscan las razones en las proclamas demagógicas de Kast, en su discurso del miedo, y en una estrategia electoral claramente inspirada en Trump o en Bolsonaro. Pero lo cierto es que las razones no hay que buscarlas en la propaganda, sino en las opciones que tienen en la actual coyuntura las clases dominantes en Chile: la oligarquía de Santiago y especialmente el hegemonismo norteamericano.
Porque lo cierto es que la intensa lucha popular de los últimos años ha «quemado» las dos patas políticas sobre las que se ha venido asentando el poder oligárquico-imperialista en Chile desde el fin de la dictadura: la derecha socialcristiana, representada por Piñera; y la socialdemocracia de centro-izquierda, heredera de los gobiernos de la Concertación.
Si el presidente saliente, el derechista Sebastián Piñera, ya estaba «inhabilitado» como candidato, con una popularidad por los suelos, su aparición en los papeles de Pandora terminó de hundirle, y es posible que acabe en la cárcel. El candidato designado para remontar el vuelo apenas ha levantado un palmo del suelo. Y lo mismo ha pasado con Nuevo Pacto Social (Unidad Constituyente), abandonada por sus votantes ante la aparición de una izquierda mucho más consecuente, combativa y fiel representante de las demandas populares.
En esta coyuntura, las clases dominantes no han tenido más opción que el «todo o nada», y apostar por la carta más reaccionaria y ultraderechista. Lo mismo pasó en Brasil a finales de 2018 -donde Bolsonaro se impuso al candidato del PT- o más recientemente en Perú, donde la ultra Keiko Fujimori perdió frente al izquierdista Pedro Castillo. ¿Qué ocurrirá esta vez?
Dos caminos diametralmente opuestos para Chile
Dos proyectos políticos, totalmente antagónicos, se disputarán en la segunda vuelta la presidencia de Chile. ¿Qué proponen uno y otro?
La extrema derecha chilena promete un gobierno de «austeridad», bajando el sueldo de los altos cargos y reduciendo a la mitad los ministerios. Su programa económico consiste en conservar a ultranza el actual modelo, donde prácticamente todo en Chile, desde las pensiones, la sanidad o la educación, pasando por el acceso al agua potable, está en manos de monopolios y capital extranjero. Además, Kast se ha destacado en campaña por sus ataques contra los inmigrantes que entran ilegalmente en el país; por su promesa de derogar «cualquier ley que posibilite el aborto» y por la eliminación del ministerio de la Mujer; y por su oposición frontal al matrimonio homosexual.
En esta coyuntura, las clases dominantes no han tenido más opción que el «todo o nada», y apostar por la carta más reaccionaria y ultraderechista
En el plano internacional, Kast propone formar una coalición internacional «anti-radicales de izquierda», que «persiga, detenga y juzgue a los agitadores»; romper relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, y sacar a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Asimismo, Kast aboga por la mano dura contra las luchas populares: «hay que dotar al Gobierno de la facultad, en un Estado de Excepción, de interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención».
En el otro lado, Gabriel Boric y Apruebo Dignidad -una lista en la que confluyen el Frente Amplio y Chile Digno (que incluye a los comunistas)- propone políticas basadas en la redistribución de la riqueza. Boric promete eliminar las AFP (pensiones privadas) para dar paso a un sistema público de sanidad y pensiones. En el terreno económico se centrará en crear empleo con un plan de reactivación que incluye, entre otros, subsidios de empleo, regular la subcontratación y dar créditos a pymes mediante un Banco Nacional de Desarrollo. Además, su programa recoge buena parte de las exigencias de los movimientos sociales en Chile: sindicatos, feministas, LGTBI, mapuches y otros pueblos originarios.
Para dotar a las arcas públicas de recursos, Boric propone una redistribución tributaria. Sin cambiar lo que pagan las pymes ni las inversiones extranjeras, elevará la presión fiscal de las rentas más altas y de las grandes empresas, creando impuestos de altos patrimonios.