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Después de que las negociaciones del TTIP quedaran varadas en vía muerta -por las fuertes contradicciones entre los intereses monopolistas europeos y norteamericanos, y por la creciente contestación social- parecía que otro tanto iba a ocurrir con su ‘versión’ canadiense, el CETA. El Parlamento de Valonia (Bélgica) lo había vetado por los múltiples perjuicios para el sector agrícola y ganadero de la región, y su aprobación parecía condenada al bloqueo.
Dos días de intensas negociaciones y presiones comunitarias han hecho que el presidente valón, el socialdemócrata Paul Magnette, cambie de postura. “El CETA corregido y mejorado ofrece más garantías y por ello lo defenderé”, ha dicho Magnette, aunque no se ha tocado ni una coma del borrador.
El tratado tiene luz verde para continuar el proceso de aprobación, pero le espera una notable resistencia. El Parlamento Europeo votará el texto, pero luego tendrá que pasar por los 38 parlamentos nacionales y regionales. El movimiento europeo contra el TTIP, cada vez más activo y numeroso, tiene claridad de que el CETA es “el caballo de Troya” a abatir.
El mellizo sigiloso del TTIP
Las 1600 páginas del CETA suponen el mayor acuerdo económico bilateral suscrito hasta ahora por la UE. Canadá es una economía doce veces menor que la norteamericana, y la correlación de fuerzas entre los sectores monopolistas europeos y canadienses ha hecho que los términos del CETA no estén tan escandalosamente escorados hacia el lado americano. Sin embargo, aunque su apariencia sea más ‘suave’, contiene la misma esencia que sus ‘hermanos mayores’: el TTIP y el TiSA (éste último más centrado en el área de los servicios).
Primero: Acuerdos como CETA, TTIP o TiSA significan un enrasamiento a la baja de los estándares -de los derechos laborales, de los consumidores, de la protección de la salud o del medio ambiente- a uno y otro lado del Atlántico. Y segundo: todos ellos incluyen las cláusulas “de protección de inversiones” (ISDS), mecanismos por los cuales los monopolios podrán resolver sus desavenencias con las leyes nacionales o regionales en ‘tribunales de arbitraje’ privados (dependientes del Banco Mundial), donde los intereses financieros son ley.
Si el CETA sale adelante, el TTIP -o el nombre que reciba el Tratado de Libre Comercio que Washington va a intentar imponer con todas sus fuerzas- habrá ganado un enorme terreno en lo que se refiere a jurisprudencia.
No parece que Canadá sea un país que tenga el poder para imponernos condiciones draconianas en cuanto a regulaciones laborales, sanitarias, medioambientales o de servicios. Pero no es así: la economía canadiense está totalmente en función -como si de una semicolonia se tratara- de su poderoso vecino meridional. Los grandes capitales norteamericanos están tan sumergidos en las venas de las empresas canadienses que son prácticamente una misma sangre. Por eso, todas los grandes monopolios norteamericanos del petróleo, farmacéuticos o del agronegocio podrán recurrir al CETA para igualar a la baja los estándares comerciales, sanitarios o medioambientales a uno y otro lado del Atlántico, imponiendo los de Canadá (que son esencialmente iguales a los de EEUU).
Por ejemplo, el CETA tendría un efecto demoledor en la lucha contra el fracking, la extracción de gas mediante fractura hidráulica, que contamina gravemente los acuíferos. En la bolsa de Toronto cotizan el 75% de las multinacionales mundiales de la minería. Todas las iniciativas municipales o autonómicas para declarar sus territorios ‘libres de fracking’, podrían toparse con una legislación comunitaria -enrasada con la canadiense a través del CETA- que impediría el veto.
Un boquete por donde se cuelan las ISDS
El CETA es el primer tratado de libre comercio de la UE que engloba también a las administraciones subnacionales, llegando hasta el ámbito municipal. Cualquier legislación, nacional, autonómica o local, que lesionase -aunque fuera en grado de tentativa- los intereses de las grandes corporaciones, podría ser llevada mediante la cláusula ISDS ante los tribunales de arbitraje.
Por ejemplo: dado que Bankia ha sido rescatada con dinero público, un gobierno que intentara retener esa entidad bajo titularidad estatal para convertirla en el embrión de una gran banca pública, podría ser demandado por las ISDS. En Canadá la gestión del agua está privatizada, así que un ayuntamiento que intente remunicipalizar el sistema público de saneamientos podría recibir una millonaria amenaza de demanda, por perjudicar las opciones de compra de las multinacionales. Y así con una infinidad de asuntos en los que chocan los intereses populares y monopolistas.
No importa si en Canadá se están vendiendo productos con sustancias o aditivos considerados ilegales en la UE. Si las autoridades comunitarias, o las de un país de la Unión, decide prohibir esos productos, las empresas perjudicadas tendrán derecho vía ISDS a reclamar compensaciones astronómicas. El Estado canadiense tiene pendientes 4.000 millones de euros en litigios, y ya ha perdido 135 millones de dólares contra multinacionales que se han acogido a las ISDS.
Esta es la esencia de tratados como el CETA, TTIP o TiSA. Multiplicar exponencialmente el poder de los monopolios y de las oligarquías financieras sobre la población, dotándose de un marco legal en el que sus intereses se impongan de forma mucho más draconiana de lo que ya lo hacen. Y abrir una vía expedita de penetración de los grandes capitales de Wall Street en las grandes arterias económicas de cada país de la UE. Es urgente cerrar todas las puertas a esta ‘OTAN económica’.