CETA devasta a los agricultores de Europa y del mundo

El CETA supone un brutal aumento de la ya despótica tiranía de las corporaciones del agronegocio sobre los pequeños y medianos productores agrarios y sobre todo el mundo rural.

La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) -una coalición mundial de 148 organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas de alrededor de 69 países- se manifestó en Bruselas para exigir la retirada de la agricultura de los acuerdos de libre comercio europeo-canadienses (CETA). Según denuncia la coordinadora en su comunicado, se trata de un acuerdo «devastador para los agricultores europeos y del mundo».

La Vía Campesina es el movimiento internacional nacido en 1993 que agrupa a millones de campesinos, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Esta plataforma defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad. Se autodefine como un movimiento autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación política, económica o de cualquier otro tipo. Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza. En España está integrado por organizaciones como la organización agraria COAG, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), el Sindicato Labrego Galego (SLG), EHNE-Bizkaia o la Plataforma Rural.

El Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá, aprobado recientemente, significa un gigantesco fortalecimiento del poder de los grandes capitales, y particularmente las multinacionales del agronegocio, y por tanto supone un brutal aumento de la ya despótica tiranía de esas corporaciones sobre los pequeños y medianos productores agrarios y sobre todo el mundo rural.

El CETA -al igual que suponía el TTIP- significa un enrasamiento a la baja de los estándares -de los derechos laborales, de los consumidores, de la protección de la salud, del medio ambiente o de los derechos campesinos- a uno y otro lado del Atlántico; e incluye las cláusulas “de protección de inversiones” (ISDS), mecanismos por los cuales los monopolios podrán resolver sus desavenencias con las leyes nacionales o regionales en ‘tribunales de arbitraje’ privados (dependientes del Banco Mundial, institución creada y controlada por Washington), donde los intereses corporativos son ley.

Cualquier reivindicación, cualquier conquista conseguida por los campesinos y contraria por ejemplo a los intereses de los gigantes del agronegocio puede ser llevada a estos tribunales de arbitraje por el mecanismo ISDS. Igualmente pasaría si un ayuntamiento rural prohíbe a una corporación minera canadiense extraer gas del subsuelo del municipio mediante fractura hidráulica o fracking, una práctica que contamina gravemente los acuíferos.

Con el CETA no sólo se cuelan en Europa y en España los intereses de las corporaciones canadienses, sino también los de los capitales estadounidenses, tan sumergidos en las venas de las empresas canadienses que son prácticamente una misma sangre. Por eso, todos los grandes monopolios norteamericanos del petróleo, farmacéuticos o del agronegocio podrán recurrir al CETA para imponer los estándares agrarios canadienses, muy semejantes a los de EEUU.

Por eso, la coordinadora europea de Via Campesina exige sacar a la agricultura de los acuerdos del CETA, así como en reforzar los mecanismos de regulación y reformar las normas de la competencia para proteger a los pequeños agricultores, así como para fomentar «la ayuda mutua sostenible» y el cooperativismo entre los productores.