«Caso Vialidad»: el macrismo recurre al «lawfare» para derribar a la izquierda

Cuando falta poco más de un año para las elecciones presidenciales, Argentina vive un juicio de enorme repercusión mediática y política, contra la hoy vicepresidenta -y antigua mandataria del país- Cristina Fernández de Kirchner, una figura de máximo tirón electoral para el Frente de Todos, la amplia coalición progresista que logró desbancar a Mauricio Macri en 2019.

Dos fiscales argentinos piden doce años de prisión para Fernández de Kirchner, al considerar que es la cabeza de la llamada Causa Viabilidad, una enorme trama de corrupción en los que están implicados altos cargos de los gobiernos kirchneristas. Pero la falta de pruebas incriminatorias contra la expresidenta, el cúmulo de irregularidades, y las comprobadas complicidades de los jueces y los fiscales con Mauricio Macri recuerdan poderosamente a la fraudulenta cacería jurídicas contra Lula o Rafael Correa. El «lawfare» o «guerra legal» como herramienta de intervención de los centros de poder está a la orden del día en América Latina.

La acusación conocida como Causa Vialidad investiga el desfalco de fondos de obras viales públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Según los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, encargados del caso, Fernández de Kirchner fue la cabeza de una «asociación ilícita» que benefició al empresario Lázaro Báez -mediante licitaciones manipuladas, condiciones extraordinarias, sobreprecios y otras artimañas- administrando de forma fraudulenta fondos públicos.

No hay duda de que se trata de un grave caso de corrupción, seguramente el mayor que se haya juzgado en el país. Lázaro Báez -un empleado bancario venido a empresario relacionado con el matrimonio Kirchner- creó sin ningún tipo de experiencia en el sector la empresa Austral Construcciones, y cerró numerosos contratos con las administraciones provincial y nacional entre 2004 y 2015. La fortuna de Báez, que hoy cumple condena por lavado de dinero, aumentó un 12.000% en ese periodo. La investigación implica también a 12 altos funcionarios de los gobiernos de los Kirchner, acusados de desviar dinero de la obra pública para enriquecerse. Entre los acusados están el exministro de Obras Públicas, Julio de Vido, y el secretario de la cartera, José López, detenido desde que en 2016 fue descubierto in fraganti arrojando bolsos con nueve millones de dólares dentro de un convento.

Hasta aquí los hechos delictivos y probados. Pero los dos fiscales han dirigido desde el principio la investigación a probar que tanto Báez como los funcionarios eran subalternos de una «asociación ilícita» que tenía a Cristina Fernández de Kirchner como jefa. Para probar algo tan grave se necesitan pruebas sólidas que no den espacio a la duda.

Pero no las han reunido. Lo más que tienen los fiscales son otras asociaciones comerciales -sin relación con el caso- entre el empresario Báez y la familia Kirchner o las conversaciones telefónicas del secretario de Obras Públicas, José López (el de los bolsos millonarios), en los que se menciona inespecíficamente a «la jefa» o a «la presidenta», pero en los que también salen a relucir tratos con Nicolás Caputo, un empresario de la construcción muy cercano a Macri.

Tras hacerse pública por parte de los fiscales la petición de 12 años de prisión, además la inhabilitación política de la expresidenta, el tribunal negó a Fernández de Kirchner su legítimo derecho a ampliar su declaración para poder defenderse.

Para más inri, se han hecho públicas las cercanas relaciones entre los fiscales, el magistrado y el macrismo. El diario argentino Página 12 ha hecho públicas unas imágenes en las que se puede ver al fiscal Luciani jugando al fútbol junto al juez que preside el tribunal que decide sobre la causa contra la vicepresidenta, Rodrigo Giménez Uriburu, en un torneo amistoso organizado en la finca del ex presidente Mauricio Macri. 

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La izquierda iberoamericana y académicos del derecho denuncian un claro caso de lawfare

El paralelismo no se puede evitar. Como la «Causa Vialidad», el caso «Lava Jato» fue la punta del iceberg de un enorme caso, más que real, de corrupción en Brasil. Pero como aquella causa -que hoy todo el mundo conoce como una escandalosa farsa jurídica urdida por un juez, Sergio Moro, que luego fue ministro de Justicia con Bolsonaro, con el único objetivo de derribar los gobiernos del PT y de apartar a Lula de la política- todo apunta a que estamos ante un flagrante caso de «lawfare» o «guerra jurídica», maquinada por los sectores más reaccionarios de la clase dominante y el Estado argentinos -nucleados en torno al macrismo- y de los centros de poder hegemonistas, que preparan el terreno para que en 2023 Argentina cambie de color político y vuelva a la órbita de dominio norteamericana.

Tal es así que multitud de presidentes y de líderes de la izquierda hispanoamericana han cerrado filas con Cristina Fernández de Kirchner. Un comunicado que firma el presidente argentino Alberto Fernández junto al de México, Andrés Manuel López Obrador, el de Colombia, Gustavo Petro, y el de Bolivia, Luis Arce – denuncia la “injustificable persecución judicial” que sufre la vicepresidenta Cristina Kirchner en relación a la causa Vialidad», que «tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”.

Los cuatro mandatarios progresistas coinciden en señalar que “el acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. En los últimos años el Poder Judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido”. El comunicado acaba recordando que -como le ocurrió a Lula- se han vulnerado los derechos de la defensa, y que se han ignorado las conclusiones de una auditoría independiente de la ONU sobre la «Causa Vialidad» en 2019, cuyas conclusiones cuestionaban abiertamente la independencia de los magistrados y fiscales acusadores.

Además de estos líderes, también han mostrado su solidaridad con la exmandataria el presidente de Perú, Pedro Castillo (que también sufre el acoso del lawfare), el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el expresidente boliviano Evo Morales, o la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Los apoyos también han llegado de ámbitos más centristas, como el del expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), que ha afirmado que «a Cristina Kirchner le están montado un caso de lawfare, muy parecido al de Lula da Silva. Movieron con extraña rapidez un proceso judicial que no la vincula, pasando por encima del debido proceso y que busca impedirle presentarse en las próximas elecciones: todo una farsa”.

Los apoyos a Cristina Fernández de Kirchner también han llegado de importantes sectores académicos y del mundo jurídico de Argentina. Una un grupo de profesores, consejeros y directivos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha publicado una carta abierta en defensa de la vicepresidenta. «Somos profesores de Derecho y tenemos conocimiento de cuáles son las reglas y leyes que se aplican a un proceso penal, y por lo tanto advertimos fácilmente cuando hay una violación grave al debido proceso», dicen los firmantes, que denuncian que se ha pervertido la figura legal de la «asociación ilícita», que “históricamente se ha usado para perseguir opositores políticos o para la criminalización de la política”.

«La persecución judicial a opositores políticos está a la orden del día en la región», dice Alejandro Alagia, fiscal General de la Procuración y profesor de derecho en la UBA, que se ha referido al partido de fútbol que compartieron el juez y un fiscal «en la casa de un presidente» como una «conducta sancionada por la ética judicial y muy claramente justificaría el apartamiento» del magistrado y los fiscales involucrados.