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Carlos Sánchez Almeida es uno de los más prestigiosos abogados del país sobre propiedad intelectual. Actualmente su bufete representa a la Red de Empresas de Internet que han llevado a la Ley Sinde-Wert ante el Tribunal Constitucional. Abordamos con él la valoración de la que mejor podríamos llamar la Ley Washington-Washington.
La Ley Sinde-Wert ya está en marcha y Gallardón ha anunciado que endurecerá el código penal y con él, lo que hace referencia a la propiedad intelectual…
Siempre forma parte de la hoja de ruta de cualquier gobierno endurecer el código penal. Se legisla a golpe de telediario. Desde 1995, cuando salió el nuevo código penal, todo gobierno, con independencia de su signo político, ha tocado el código penal en materia de propiedad intelectual.
Van a seguir en la misma tónica, porque además está la presión de los lobbies de la propiedad intelectual, que son grupos enquistados en la industria mediática. Como el poder político vive para la galería, la presión de los lobbies es bastante efectiva. Desde que Internet llegó a España, toda la legislación busca someter la red al control de la autoridad administrativa.
¿Es ilegal la Ley Sinde-Wert?
Hablamos del Real Decreto 1889/2011… la famosa Ley Sinde-Wert, que realmente es un reglamento de desarrollo de la Disposición Final Cuadragésima Tercera de la Ley de Economía Sostenible. Debo decir que si la Ley era inconstitucional, el reglamento es ilegal, y de hecho lo tenemos impugnado ante el Tribunal Supremo. Y la orden ministerial que se ha hecho para desarrollar el reglamento también establece unas obligaciones que no estaban previstas, ni legislativa ni reglamentariamente.
¿Cuál es el corazón de la Ley?
El verdadero problema es el intento de incentivar la autocensura. Cuando se inicia el procedimiento, lo primero que debe hacer la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual es notificar, en un requerimiento de retirada de contenidos voluntaria al webmaster. Éste, en el plazo de las 48 horas siguientes a la práctica del requerimiento, puede proceder a la retirada voluntaria de los contenidos. En caso de que lo haga así, el procedimiento se archiva.
Pero dice el apartado 2 del artículo 20 que “se dará a esta interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración”, es decir, a través de una norma, que no tiene rango legal, se establece que si alguien quita los contenidos, cuando recibe esta notificación, se considera que se está reconociendo que se ha incumplido la ley.
Claro, recomendamos a nuestros clientes que bajo ningún concepto retiren los contenidos, porque aunque provoque el archivo del procedimiento, puede dar lugar a que, posteriormente, quien ha puesto la denuncia ponga una demanda al webmaster, alegando que ha vulnerado la ley y que, además, ¡lo ha reconocido!
¿Qué se busca con esto?
Lo que busca la ley es, en primera instancia, la autocensura. En segundo lugar, el reconocimiento de que se ha colaborado en la vulneración de la propiedad intelectual. Y, en tercer lugar, se declara, por parte de la autoridad administrativa, que una actividad vulnera la ley y se reclama al responsable que retire esos contenidos. Solo en el caso de que no lo haga voluntariamente se tendrá que pedir autorización al juez de lo contencioso-administrativo, pero exclusivamente para la ejecución forzosa de la censura.
A priori ya existe una censura impuesta administrativamente. Quien decide lo que se retira y lo que no, no son los jueces, sino un órgano administrativo y de carácter político que no reúne las requeridas medidas de imparcialidad, porque sus miembros son nombrados por los diferentes ministerios.
Entonces, ¿realmente a qué intereses responde la Ley?
El verdadero problema es que los actuales detentadores de los derechos de propiedad intelectual no han previsto en modo alguno un cambio en el modelo de negocio. Quieren agotar el modelo porque no saben cómo vender en Internet, desconocen las reglas de atracción del público. Este papel ha sido ocupado por nuevos operadores. El caso más claro es la intervención de Amazon, Google y Apple, como tres grandes poderes, no solo de enlace, sino de producción de contenidos y posicionamiento de productos.
Ante los nuevos modelos, como Spotify y Voddler, que son modelos de distribución de música y cine en streaming, no han sabido reaccionar. Lo que ha hecho la industria nacional es penoso, sobre todo si uno entra en el portal de la entidad de gestión de cine en España, EGEDA, y lo compara con otros productos que sí están funcionando, como el Voddler sueco o el Filmin español, que lamentablemente solo se dedica a cine independiente, y no al de las grandes majors.
¿Todo se reduce al sistema de negocio y a los beneficios que dependen de uno u otro?
El problema es que los derechos están en manos de una gente cuyo modelo hasta ahora era vender a través de videoclubs y grandes superficies, y basar el modelo de negocio en la venta de derechos para que otros asumiesen los riesgos. Y, simultáneamente, que hay otro modelo de negocio parasitario adicional al de la venta de productos, que es el basado en la represión. Hay un conglomerado de intereses económico-jurídicos detrás de esto. Hay mucha gente que vive de poner demandas y perseguir “piratas”, por así decirlo. Un cambio que permitiera comprar fácilmente en la red, provocaría una desaparición de la piratería de facto.
Si sale un producto bueno la gente está dispuesta a pagar, y se está comprobando. Cuando sale un libro simultáneamente en la red y en las librerías se compra muchísimo, y también está pasando con los estrenos en cine y en Internet. Esto ataca directamente al negocio del pirata también.
¿Esto quiere decir que la batalla legal va evolucionando a medida que aparecen nuevos medios y se va decidiendo quién los controla?
Yo siempre digo que hay tres momentos en el conflicto entre piratería y venta legítima. Cuando la exclusiva tecnológica la tiene la venta legítima. No sale a cuenta piratear porque sale demasiado caro: hace 20 años una máquina grabadora de CD-R costaba un millón y medio de pesetas. Luego, posteriormente, llega el top-manta, donde hay negocio por los dos lados, el legítimo y el ilegal. Pero llega un momento, con las redes de intercambio, en el que ya no hay negocio, ni para el legal, ni para el ilegal, basado en la venta física. Porque ambos son modelos sustituidos por la compartición de archivos en Internet.
En este momento lo único que podría competir con las redes de intercambio de archivos, sobre todo si son sin ánimo de lucro, es un modelo que facilite la descarga de cualquier contenido de forma ágil, como el modelo Kindle de venta de libros, con el que te descargas en un minuto las novedades.
La adaptación a eso requiere un cambio que las generaciones que regentan el poder, tanto en las entidades de gestión, como en los grupos antipiratería, como los apoderados de las majors en España, no están dispuestos a hacer. Porque les quedan 10 años para jubilarse, y ya solucionará el problema la nueva generación. Ese es el drama de la distribución de contenidos en España.
¿No cree que hay también un interés por el control de los contenidos, la cultura y la información?
Claro. Estamos hablando de poder, y en esto se juntan el hambre con las ganas de comer. Por un lado la codicia de los grupos de interés, y por el otro la ambición del político que quiere controlar Internet. Lo que realmente ha sido la propiedad intelectual es un troyano para que los gobiernos asuman, con la excusa de la persecución de la piratería, el control de Internet. La Ley Sinde nos va a permitir ver aplicaciones prácticas que realmente sean censoras. De esto hablaba ya, hace bastantes años, un pionero de Internet en España, David Casacuberta, que escribió un artículo en Kriptópolis que se llamaba “La propiedad intelectual como mordaza”. Utilizando instituciones jurídicas de propiedad intelectual, que están pensadas para otra cosa, censurar mensajes políticos no convenientes.
Cuando salieron a la luz los famosos papeles de WikiLeaks y se hizo público el papel de EEUU en el diseño de la Ley Sinde, usted escribió un fabuloso artículo denunciando la vulneración de nuestra soberanía nacional, comparándolo con el Referéndum de la OTAN… en vez de Ley Sinde nosotros le hemos llamado la Ley Washington-Washington. ¿No cree que es más apropiado?
(risas) Creo que ocurre igual que en los años 80 cuando, primero la UCD y después el PSOE, pese a su discurso público, actuaron como troyanos de los intereses norteamericanos en España. El tema es que en esto también se juntan el hambre con las ganas de comer. Por ejemplo, en los papeles de WikiLeaks se ven las presiones del Departamento de Comercio estadounidense a los diferentes cargos gubernamentales, pero simultáneamente a ello, hay una serie de conversaciones muy interesantes, en las que se ve que es Antonio Guisasola de Promusicae, el que incentiva que sea EE.UU. quien incluya a España en la lista de negra de la piratería. Es un ciudadano español que, teóricamente, tiene que defender los intereses de la música española, y la forma de hacerlo es exigir a un gobierno extranjero que incluya a nuestro país en una lista negra. Como siempre se dice, para que haya traición tiene que haber una potencia extranjera, pero también un traidor.
Siempre tiene que haber un Godoy…
(risas) Exactamente. Creo que el papel de Godoy de dejar pasar a las tropas napoleónicas aquí lo están haciendo estas personas, perfectamente reconocibles porque están todos en la Colación de Creadores. Están representando los intereses de la industria de entretenimiento norteamericana. Se llenan la boca con la defensa de la cultura española, pero es falso. Lo único que les interesa es seguir intermediando en el cobro de royalties de estas entidades.
Después siempre están los tontos útiles que con el pretexto de dar soporte al cine español, piensan que sumándose a este carro conseguirán que venga una productora norteamericana y financie el cine español. Junto a todo esto, lo más triste es que haya gente del mundo de la Cultura que ponga a España a los pies de los caballos estadounidenses. Se está deteriorando la norma jurídica de un nuevo espacio de libertad como es Internet, simplemente para defender intereses espurios, que en la mayoría de los casos ni son intereses de la industria nacional.
En esto los gobiernos están haciendo un papel muy triste, porque en lugar de apostar por la industria de futuro, que es Internet, un tejido de pequeña y mediana empresa, de emprendedores, que saben y son expertos en posicionamiento, y que podrían vender perfectamente las obras de nuestros creadores, se está destruyendo el tejido industrial en favor de algo ajeno a nosotros. Es que ni si quiera tienen un modelo de negocio alternativo para ponerlo en España. Simplemente lo que mande Hollywood.
¿Tenemos realmente posibilidades de convertir los negocios en la red en un motor de la economía española?
Efectivamente. Es uno de los pocos sectores que están creando empleos. Son pequeñas empresas, cuyos costes, al estar deslocalizadas, son mínimos. Una de las iniciativas exitosas, weblogs de Julio Alonso, tiene todos los efectivos deslocalizados. La gente trabaja desde su casa, por lo que no se necesita una gran inversión en infraestructura, por eso puede destinar sus recursos a crear empleo.
En la práctica, lo que tenemos es que los gobiernos entregan millones en subvenciones a las grandes productoras, como el portal Filmotech, de EGEDA, o en cosas como Ritmogestión o Ritmonet de Promusicae.
¿Quiere añadir algo más?
Estamos a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo. Se ha impugnado por parte de la Asociación de Internautas, como por la Red de Empresas de Internet a la que representamos en los tribunales; REI, en unión a adigital, agrupan a más de 500 empresas de nuevas tecnologías. Se ha pedido la suspensión del reglamento y que se anule. No sería la primera vez que la Justicia anula un reglamento, de hecho ya pasó con la orden ministerial del canal digital, que está declarada nula por la Audiencia Nacional. Se va a seguir actuando frente a la Sección Segunda en los tribunales, y esto es una larga guerra. No perdamos de vista que además del conflicto jurídico, hay un conflicto económico y, sobre todo, un conflicto político muy importante.