Cargando...La presidencia checa ha retratado a España -en un mural donde cada país comunitario aparece reflejado con un rasgo distintintivo- como un enorme bloque de hormigón. Desgraciadamente, no se trata de un simple exceso iconográfico. EL ladrillo se ha transformado en un cáncer que está devorando el país. El parlamento europeo acaba de aprobar el «Informe Auken», donde se dirige una agria reprimenda a los excesos y abusos del urbanismo salvaje en España, origen de un «modelo de desarrollo insostenible» y de una «forma de corrupción endémica».
Es la tercera vez que el arlamento europeo denuncia los abusos urbanísticos en España. La primera fue en diciembre de 2005, y la segunda en junio de 2007.Ahora, los diputados de Estrasburgo han aprobado, por iniciativa de la diputada verde danesa Margrete Auken, un informe especialmente duro hacia los desmanes de la construcción en España.El "Informe Auken" critica "la avaricia y la conducta especulativa de todas las administraciones, la central, las autonómicas y las locales (…) que han conseguido sacar beneficios masivos" de los excesos urbanísticos. Asegura que se ha instaurado "un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales pero además sociales y económicas". Y remata denunciando que "se ha generado una forma de corrupción endémica".Es, desgraciadamente, una radiografía bastante exacta de los desmanes de la construcción, la gallina de los huevos de oro que han exprimido hasta asesinar ayuntamientos, comunidades, gobierno central, bancos y constructores, configurando una red de "corrupción endémica" donde los permisos ilegales y las recalificaciones se pagaban con las pertinentes comisiones.Los excesos han enriquecido a unos, mientras han acabado hundiendo al país, transformado en una especie de monocultivo del ladrillo, que ahora estamos pagando con las mayores cifras de paro de la UE.Es especialmente significativo que el parlamento europeo denuncie también la indefensión de las víctimas de la Ley de Costas o del resto de leyes sobre edificaciones ilegales. Con los grandes constructores se hacía la vista gorda, permitiendo incluso (como ha hecho la Junta de Andalucía en el parque natural del Cabo de Gata) que edificaran en parajes protegidos por su riqueza medioambiental. Pero con los pequeños propietarios de un modesto chalet o una casita a pie de playa, ayuntamientos y comunidades han sido implacables, derribando sus casas aunque eso significara dejarlos en la calle y sin vivienda.