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España se ha convertido en la piedra de toque en el pulso entre quienes defienden a ultranza la austeridad como única salida de la crisis y quienes reclaman menos dogmatismo, más atención en el crecimiento. La Comisión Europea ha escenificado su desencuentro con el Gobierno de Mariano Rajoy y aseguró que el incumplimiento «grave» de los objetivos para este año puede derivar incluso en sanciones. Al Ejecutivo le esperan varias semanas de escrutinio tanto internamente (por la petición de las comunidades de algo más de manga ancha) como en el exterior, por la doble vía de los mercados y de Bruselas.
El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, afirmó en Viena que España “cumplirá sin duda alguna sus compromisos de estabilidad financiera y presupuestaria”, pese a que Rajoy avanzó el pasado viernes que el déficit presupuestado para 2012 será del 5,8% y violará así lo pactado con Bruselas. Frente a la tibieza de Barroso, el equipo del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, desplegó toda la artillería. El portavoz del vicepresidente Rehn recordó que España se salvó del rescate en 2010, en lo más duro de la crisis del euro, gracias a que cumplió sus objetivos de déficit (en una referencia explícita a los recortes aplicados por el expresidente Zapatero). Y avisó de que si el Ejecutivo no toma las medidas oportunas –y eso pasa ineludiblemente por un segundo y doloroso tijeretazo, con la economía entrando en recesión-, la Comisión formulará “recomendaciones”. En el lenguaje de Bruselas, esa es una referencia inequívoca a la posibilidad de sanciones para España.
El equipo de Rajoy ha optado por una estrategia basada en buscar alianzas en las grandes capitales –Berlín, París, incluso Roma, con Ejecutivos del mismo corte ideológico que el español- en busca de la flexibilización de los objetivos de déficit. Pero no apoya con el mismo ímpetu la ofensiva diplomática en la sede de la Comisión Europea. En la última cumbre, Rajoy no dijo una palabra acerca de ese margen que necesita ante la imposibilidad de cumplir con las metas marcadas: España cerró 2011 con un déficit del 8,5% del PIB, y debería bajarlo este año al 4,4%, algo casi suicida con más de cinco millones de parados y la economía hundida. Prefirió esperar al final de la cumbre para dejar caer su desafío: apelando a una decisión “soberana”, solo reducirá el déficit hasta el 5,8%. El problema es que la última palabra la tiene la Comisión. Y ante Bruselas, España no solo no ha explicado el porqué de la desviación del déficit del año pasado (ese 8,5% que se atribuye a la herencia socialista y a las comunidades despierta no pocos recelos), sino que tampoco ha presentado aún los Presupuestos de 2012, que incluirán una nueva tanda de recortes, con la esperanza de ganar tiempo y pasar de puntillas hasta las elecciones andaluzas y asturianas.
Rajoy asegura que España cumple “escrupulosamente” sus compromisos, que pasan por llegar a un 3% del déficit en 2013: esa interpretación deja abierta la puerta a un ritmo de recortes más suave para 2012. Fuentes de la UE explicaron a este periódico que esa podría ser una solución viable. Pero de momento la Comisión no lo ve así: todo lo contrario. “Hasta noviembre, España decía que el déficit iba a estar ligeramente por encima del objetivo (del 6%). El 30 de diciembre se nos comunicó que sería del 8%, y hace pocos días hemos pasado al 8,5%, lo que ya es una desviación considerable. Necesitamos cifras sólidas, confirmadas, para hacer una evaluación completa”, explicó el portavoz de Rehn, Amadeu Altafaj. “Nadie sabe si [los mercados] se creerán las promesas de un país con tan serias desviaciones”, advirtió antes de apostillar: “Si fuera necesario, la Comisión hará sus recomendaciones en el marco del Tratado europeo”, que incluye sanciones a los Estados por déficit excesivo. Ese pulso, que ya se escenificó el pasado viernes, vivió ayer un segundo capítulo. Y va para largo.