Un año después de que -en una indisimulada y patética imitación del asalto al Capitolio norteamericano- una turba fascista de partidarios de Bolsonaro invadiera violentamente el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y la sede de la Corte Suprema, exigiendo una intervención militar que depusiera al recién investido presidente Lula da Silva, el cerco judicial se estrecha para sus máximos responsables en Brasil.
La Policía Federal brasileña ha llevado a cabo una gran operación que señala al expresidente Jair Bolsonaro, así como a varios de sus aliados más próximos, entre ellos exministros y altos mandos militares, por intentar un golpe de Estado.
Bolsonaro ya estaba siendo investigado por incitar a sus acólitos a tomar el poder por la fuerza, pero ahora se ha producido un salto en la gravedad de los cargos: es sospechoso de formar parte de la trama golpista.
El expresidente ha tenido que entregar su pasaporte, y los agentes han cumplido este jueves 33 órdenes de registro y han impuesto 48 medidas cautelares a los sospechosos. Y ya hay cuatro detenidos y enviados a prisión preventiva, de muy alto perfil: Filipe Martins, que fue un estrecho asesor de Bolsonaro durante su mandato; los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Romão Corrêa Netto; y Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército.
El asalto golpista a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia no es el único motivo por el que Jair Bolsonaro merece con toda justicia una condena penal y largos años en la cárcel.
Sus deliberadas y criminates políticas negacionistas durante la pandemia hicieron que Brasil sobrepasara los 700.000 muertos por Covid-19. No sólo minimizó los riesgos del coronavirus o desalentó la vacunación y el uso de mascarillas, sino que saboteó y boicoteó activamente desde el gobierno todas las medidas de protección de la salud que tomaron alcaldes y gobernadores.
Sus ataques a las condiciones de vida de las masas, y a las libertades y la democracia cruzaron permanentemente la raya de lo delictivo. Alentando y protegiendo a los terratenientes o a los grupos mineros extranjeros a deforestar y quemar la selva amazónica, expulsando violentamente a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. O llamando a sus seguidores a cometer crímenes de sangre fascistas contra izquierdistas, sindicalistas, feministas o la comunidad LGTBI.
El enjuiciamento criminal de Bolsonaro y su entorno fascista es una buena noticia para la democracia brasileña. Los máximos responsables de este «golpismo trumpista de corta y pega», vinculados a lo más reaccionario de Washington y a los centros de poder hegemonistas, tienen ya medio pie en el presidio.