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El laberinto en que hasta ahora se había convertido el Brexit puede estar a punto de dar un salto cualitativo, hacia un violento choque de fuerzas. El nuevo Primer Ministro, Boris Johnson, ha sufrido una humillante derrota ante un Parlamento que ha vetado un ‘Brexit duro’ y le ha obligado a pedir a Bruselas una prórroga si no hay acuerdo. Pero Johnson sigue maniobrando, buscando forzar las leyes y las instituciones para lograr como sea que Londres esté fuera de la UE el 31 de octubre.
Boris Johnson está batiendo los récords de su antecesora, Theresa May, cuyas propuestas pactadas con Bruselas encallaron hasta tres veces en Westminster, debido a la férrea oposición de los laboristas y liberal-demócratas, pero también de numerosos diputados de sus propio partido. En poco menos de dos meses al frente del gobierno, Johnson se ha convertido en el primer Primer Ministro que pierde sus cinco primeras votaciones en el Parlamento. Resquebrajando además por el camino la integridad del Partido Conservador, uno de los pilares de la gobernabilidad del Reino Unido.
Todo empezó cuando a finales de agosto, Boris Johnson lanzó una ofensiva inaudita en la democracia parlamentaria británica. Pidiendo suspender la actividad del Parlamento desde el próximo 10 de septiembre hasta el 14 de octubre, un movimiento claramente dirigido a anular durante cinco semanas clave la labor fiscalizadora de la Cámara de los Comunes, disolviéndola mientras se acerca la fecha límite del 31 de octubre.
La medida, que forma parte de las atribuciones legales del Primer Ministro y que ya ha sido aprobada por la Reina, no tiene precedentes y ha sido denunciada como un «golpe a la democracia» dentro de la Cámara y sobre todo en las calles.
Pero Westminster se la tenía guardada, y le devolvió el golpe. Antes de consumarse su disolución, la oposición anti-Brexit duro se conjuró, y obligó a la Cámara a votar una ley que prohíbe que el 31 de octubre se materialice el llamado Brexit duro si no existe previamente un acuerdo con Bruselas. Y que obliga al gobierno a pedir una prórroga (hasta enero) a Bruselas, si no hay un acuerdo antes del 19 de octubre.
Nunca, en la historia reciente de Reino Unido, la lucha política británica había llegado a estos extremos.
En medio de todo eso, la débil mayoría parlamentaria de Johnson (por un solo diputado) saltó por los aires, cuando en medio de una alocución de Johnson en el Parlamento, un diputado conservador rebelde y opuesto al Brexit duro, Phillip Lee, se levantó de su escaño y cruzó la Cámara hasta la bancada de los liberal demócratas en una escena surrealista. Jonhson siguió con su discurso, pero rojo de ira y tartamudeando.
Poco más tarde, en la votación de la Ley para vetar el Brexit duro, se produjo la rebelión definitiva: hasta 21 diputados ‘tories’ de gran prestigio (como Kenneth Clarke, el «padre del Parlamento»; Dominic Grieve, exabogado general del Estado y reconocidísimo jurista; Rory Stewart, uno de los llamados a suceder a May; y Nicholas Soames, nieto de Winston Churchill) votaron en contra de Johnson y de un Brexit sin acuerdo, que todas las previsiones económicas dibujan como un desastre para el país.
En un acto de rabia e hipocresía -Johnson fue uno de los ‘tories’ que votaron una y otra vez contra May hace meses- el Primer Ministro ha expulsado a los conservadores díscolos del grupo parlamentario y del partido por aliarse con la oposición, algo que ha creado un verdadero cisma entre las bases de los conservadores.
Boris Johnson no tira la toalla, y ha lanzado todo tipo de maniobras para salirse con la suya. Ha intentado sin éxito forzar unas elecciones anticipadas para el 15 de octubre, confiando en ganar y obtener una mayoría parlamentaria necesaria para ejecutar un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre. Ha amenazado con no presentar la legislación anti-Brexit a la Reina para que firme la ley, arriesgándose a una tremenda crisis institucional, ha amagado con presentar una moción de censura contra sí mismo o algo tan surrealista como ejercer el derecho de veto de Gran Bretaña como estado miembro si la UE accediera a extender el Brexit.
Maniatado por la ley que veta el Brexit sin acuerdo, Boris Johnson intenta encontrar artimañas legales para burlarla. Se ha llegado a sugerir la posibilidad de enviar una carta a Bruselas para solicitar una prórroga (como dicta el texto) y posteriormente otra explicando que el Gobierno no quiere dicha extensión. Algo que diferentes juristas británicos han calificado como un delito de prevaricación que podría acabar con un Primer Ministro ante un Tribunal, e incluso en la cárcel. Nunca, en la historia reciente de Reino Unido, la lucha política británica había llegado a estos extremos.