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Con más de medio millón de casos activos y cerca de 60.000 fallecidos, Brasil es el segundo mayor foco mundial de la Covid-19. Una pandemia que está golpeando de forma especialmente cruenta a los 52,5 millones de brasileños (el 25% de la población) que vive bajo el umbral de la pobreza.
En esta dramática situación para las clases populares más empobrecidas, el Senado brasileño -dominado por la derecha- ha aprobado un proyecto de ley que allana el camino para privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento.
Se estima que en Brasil, 35 millones de personas carecen de agua potable, mientras que las aguas residuales de 100 millones se vierten sin tratar. En una situación donde el Covid-19 (y un nuevo brote de zika, transmitido por mosquitos que se reproducen en aguas estancadas) está golpeando inmisericordemente la salud de millones de pobres en Brasil, privatizar el acceso al agua potable o a los saneamientos básicos es un brutal ataque a la misma salud de la población.
«El agua es vida, es salud. El agua potable es responsabilidad del Estado brasileño. ¿Qué empresario va a hacer eso sin rentabilidad? ¿Van a llevar agua corriente a las favelas sin sacar beneficio? Es un crimen privatizar el agua porque la salud del pueblo depende de eso», ha tuiteado el líder del PT, el expresidente Lula da Silva.
La también expresidenta Dilma Rousseff ha denunciado esta ley para convertir el agua en mercancía y añadió que países ricos que privatizaron esos servicios, luego comenzaron a nacionalizarlos nuevamente, “debido a la ineficiencia y la exclusión de los más pobres”.
Recordó que el agua tratada y el alcantarillado son fundamentales para proporcionar una vida segura y saludable, y alertó sobre la intención “criminal y perversa” que puede tener este paso en medio de la Covid-19, cuando se ha corroborado que “solo el Estado puede garantizar la salud a todos”.
También declaró que la decisión del Senado amenaza la soberanía nacional, porque puede entregar a intereses extranjeros algunas de las mayores reservas de agua potable disponibles en el mundo.
El Partido de los Trabajadores (PT) ha sido la única organización política representada en el Senado que ha votado en contra del proyecto, que pasará ahora a la firma del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro.
ANARKOÑ dice:
La verdad es que, en sí y por sí, los patrimonios estatales y administrativos sobre el agua no son siempre mejores para el ciudadano que la gestión civil o «privada»; especialmente si pensamos en el ciudadano en su condición de contribuyente al Estado. Creo que en España sabemos algo de eso, allí precisamente donde la gestión y el patrimonio «público» sobre el agua ha servido para que durante décadas el control por parte de la sociedad civil se haya ido divorciando del funcionamiento corporativo; y así precisamente el Estado ha podido delegar a sus amigos o asociados el control sobre canalización, depuración, abastecimiento…, y pasando las personas a pagar doble: a los asociados y a las burocracias, y todo en nombre, una vez más, de «lo público». Prefiero directamente una gestión civil sin tributación «adicional» (adicional por decirlo así, ya que el fisco compone más porcentaje que el propio gasto).
En un país como Brasil, creo acertado que se encargue del agua una entidad cuyo incentivo sea ofrecer un servicio que conduzca a ser contratada por los consumidores directamente, y en competencia con otras ofertas de provisión. Eso no es lo ideal, pero es mejor que un Estado cuyo incentivo es cobrar a través de un recurso cuya condición es de «demanda inelástica» (la demanda se mantiene aunque el Estado abuse, por ser un bien de primera necesidad).
Por otro lado, siempre se le tira todo el mundo a Bolsonaro. No es de extrañar: forma parte de una fuerza Evangélica que se niega a firmar los «acuerdos» impuestos supra-nacionalmente por parte del Mundialismo. Se trata de un Gobierno disidente con respecto al plan supra-nacional de diseño global. Por eso el Mundialismo -sus agentes- incendiaron el Amazonas y no descansan en su ansia de instaurar un gobierno con vocación de aceptar su lugar deparado en el redil, tal como aceptan y participan del circuíto sistémico el gobierno chileno o el uruguayo -para citar Hispanoamérica.