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El Supremo Tribunal Federal ha condenado a 27 años y tres meses de prisión a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, por intento de golpe de Estado de enero de 2023.
Una enorme victoria para el pueblo y la democracia de un país que ya sufrió en sus carnes el golpismo y una brutal dictadura militar (1964-85).
Y un nuevo fracaso para las airadas amenazas de Trump, que desde la Casa Blanca ha tratado inútilmente de chantajear a Brasil, ordenando aranceles del 50% sobre la nación sudamericana como medida de presión contra el proceso judicial a su aliado y lacayo ultraderechista.
El 8 de enero de 2023, una horda de seguidores ultraderechistas de Jair Bolsonaro -imitando indisimuladamente a la turba trumpista que dos años antes había invadido el Capitolio de Washington- asaltó la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, irrumpiendo y destrozando violentamente los edificios gubernamentales. Su objetivo era claro y diáfano, porque había sido proclamado meses anteriores: impedir a toda costa la investidura de Lula da Silva, que había ganado las elecciones.
La responsabilidad de Bolsonaro y de un amplio grupo de cómplices -entre ellos militares de alta graduación- pronto quedó revelada con luz y taquígrafos, a través de cientos de documentos, mensajes de wassap y conversaciones grabadas.
Las pruebas clave fueron proporcionadas por una de las ratas, que asustada decidió abandonar el barco: el que fuera secretario personal de Bolsonaro, el teniente Mauro Cid, decidió “cantar la Traviata” a cambio de una reducción de condena.
Poca escapatoria le quedaba a Bolsonaro y a los gorilas golpistas. Y no la ha encontrado.
El juicio oral se desarrolló en la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil, en tres intensas jornadas que han mantenido en vilo al país. Hasta cinco jueces del STF encabezados por el presidente del Supremo, Alexandre de Moraes, juzgaban a Bolsonaro y a otros reos por intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado de Derecho democrático, liderazgo de organización criminal y otros graves delitos.
Por una mayoría de cuatro votos contra uno, el STF ha condenado a Bolsonaro a pasar las tres próximas décadas entre rejas. El juez discrepante -Luiz Fux- defendió la increíble idea de que puesto que el golpe de Estado no triunfó y no se pudo llevar a término, no se podía juzgar a los acusados. Y desdeñando la tonelada de elementos probatorios, pidió la anulación del juicio y la absolución de todos los acusados «por falta de pruebas».
Junto a Bolsonaro, otros siete acusados han recibido penas similares (27 años) incluyendo a exministros de Defensa (Paulo Sergio Nogueira, Walter Braga Netto), al exjefe de la Marina (Almir Garnier Santos), al exministro de Justicia (Anderson Torres), a un asesor militar (Augusto Heleno Ribeiro), un oficial de policía (Alexandre Ramagem)… y al propio Mauro Cid.
La sentencia ha sido celebrada con júbilo y orgullo no sólo por la izquierda brasileña, sino por la mayoría social democrática que sufrió la deriva autoritaria y dictatorial del presidente ultra. Por el contrario, la Casa Blanca ha afirmado que están estudiando nuevas medidas contra Brasil, incluido el uso de «medios militares para defender la libertad de expresión en el mundo».
«EEUU necesita saber que no está tratando con una república bananera», ha contestado Lula a estas amenazas. «No temo a las nuevas sanciones. No cambiarán la posición de Brasil ni la independencia de su sistema judicial».