Blindar las Pensiones: el próximo paso

La batalla por las pensiones se ha convertido en uno de los principales terrenos de batalla en la vida política española. El debate de las pensiones no ha tardado en saltar a la palestra de la campaña del 28-A. Pedro Sánchez ha anunciado, como reclamo electoral, la propuesta de “blindar el Pacto de Toledo en la Constitución”, para “fijar las normas de un sistema sostenible financieramente y que proteja el poder adquisitivo de los pensionistas”. 

Todas las iniciativas que buscan dar una mayor protección al sistema público de pensiones son positivas, pero la propuesta de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con la propuesta de la MERP de «blindar las pensiones en la Constitución». ¿Qué es y en que consiste exactamente la exigencia de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones? 

¿Qué pensaría si un día se levantara por la mañana con la noticia de que una multinacional va a encargarse de gestionar el oxígeno que respira? 

Supongamos, además, que se hubiera decidido descontar directamente de los salarios una cuota que destinara a pagar este servicio de “respiración asistida”. Pues este es el futuro, o algo parecido, que algunos sueñan para nuestro país. Lógicamente, no con el oxígeno, sino con las pensiones. 

Primero. Las pensiones son un derecho fundamental que actualmente no está recogido en la Constitución y resolverlo es la principal deuda democrática que tenemos como país. 

Segundo. Existe un grave peligro de privatización que amenaza a las pensiones, y el blindaje constitucional es la alternativa estructural propia de una sociedad democrática avanzada. 

Y tercero. Es clave extender el debate sobre esta alternativa y movilizar a toda la sociedad para el esfuerzo que supone este cambio, como todos los de igual envergadura. 

Un derecho fundamental 

Empecemos por el principio. ¿Quién cree que las pensiones públicas no son un derecho fundamental que debería ser reconocido en la Constitución? Una ínfima minoría, claro. Hemos alcanzado un grado de unidad democrática y de progreso que nos permite considerar esto como un elemento de consenso social comparable al que existía en los años 70 respecto a la libertad de expresión, de reunión o de organización. Por eso estos derechos fueron incluidos como fundamentales en nuestra Constitución. 

En 40 años de democracia hemos podido constatar cómo las pensiones públicas son el pilar fundamental del Estado social, y más durante la crisis. Que después de una vida de duro trabajo, tengamos la seguridad colectiva de que en la vejez nadie va a quedar desamparado, o sometido a cualquier tipo de zozobra económica, proporciona estabilidad y cohesión social. 

Los derechos fundamentales son aquellos “inherentes al ser humano, pertenecientes a cada persona por el hecho mismo de ser persona y en razón a su dignidad”. Son, por lo tanto, aquellos que en una sociedad democrática pueden considerarse a las libertades como el oxígeno a la vida. 

El blindaje constitucional de las pensiones es, por razones humanas y sociales, el próximo gran paso estructural que debe dar el “Estado social y democrático de Derecho”. 

La amenaza de privatización 

Es necesario que el Estado proteja la iniciativa privada y el derecho intransferible de cada individuo a gestionar sus recursos como considere. Pero no es de eso de lo que hay que defender a las pensiones públicas. 

En su último informe sobre pensiones, el Fondo Monetario Internacional proponía como alternativa que el Estado asegurara la inclusión, de forma obligatoria, de un plan privado de pensiones con aval público en todos los contratos. Se trata, en primer lugar, de que las pensiones privadas ocupen el espacio de las públicas de manera ilegítima. Al igual que lo sería privatizar el oxígeno como alternativa a la contaminación. Pero también, de un proceso antidemocrático que atenta contra las libertades. 

El negocio de los planes privados de pensiones supone ya 100 mil millones de euros en España, aproximadamente un 8% del PIB, cuando hace 25 años no llegaba al 1%. Y pese al deterioro que han sufrido las pensiones públicas y que han generado una enorme alarma social, los especialistas reconocen que la patronal de planes privados – Inverco – no está “aprovechando” la situación. Recientemente hemos podido leer informes sobre fondos privados – de Inverco – que hablan de la pérdida de poder adquisitivo de su capital y de casi 400 mil clientes ante la falta de rentabilidad. Lo que se añade a las razones estructurales que dificultan el progreso de los planes privados de pensiones en nuestro país: la falta de capacidad de ahorro y un robusto sistema público de pensiones. 

En plena crisis mundial de los fondos de pensiones en el 2012, el FMI no llamaba a superar la quiebra mejorando las condiciones de sus productos y corrigiendo sus problemas estructurales. Su presidenta, Christine Lagarde, señaló la solución: “liberando a los Estados de la carga de las pensiones públicas”. 

El mismo organismo se ha dedicado en los últimos meses a anunciar como “inevitable”, tanto la reducción del 80% al 60% del índice de sustitución – el porcentaje del salario que se cobra de pensión -, como la jubilación a los 70 años. Un proceso que Maurice Obstfeld, economista jefe del FMI, define como una “transición intelectual”, una especie de cambio de época en el que las pensiones sean un privilegio. 

Extender el debate 

Nos encontramos, pues, ante dos tendencias. Una es la que concibe la longevidad “inesperada” como un “riesgo financiero” y presiona para que el Estado “obligue a contratar rentas vitalicias” y “transfiera el riesgo de la longevidad a las instituciones que tienen más capacidad para gestionarlo” – declaraciones de Lagarde en la reunión anual del FMI en el 2012 -. 

En el 2010, los fondos privados, que gestionaban 12 billones de euros en todo el mundo, enfrentaron una quiebra que prácticamente dejó a 31 estados de EEUU – donde se concentra el 60% de su capital – sin dinero para pagar las pensiones. 

La otra tendencia es en la que se incluye cada vez más sectores de nuestra sociedad. El pasado 17 de julio, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones – MERP – publicamos un manifiesto en la prensa con el apoyo de casi 2000 promotores. Entre ellos 300 organizaciones y más de 200 personalidades. Con más de un millón de firmas recogidas, la plataforma camina hacia los dos millones. 

El blindaje constitucional de las pensiones empieza a estar ya presente en algunos de los principales debates en los medios de comunicación. Pero es tan solo una pequeñísima expresión de lo que debemos proponernos. En los próximos meses tenemos que llevar este debate a cada pueblo y cada barrio, desde los institutos y las facultades, a los centros de mayores. 

El próximo paso 

A los fondos privados impuestos por el Estado les llaman “el segundo pilar”, considerando las pensiones públicas como el primero y los planes privados individuales el tercero. Una concepción en la que no solo desaparece la libertad individual para poder elegir en condiciones, y quien se lo pueda permitir, la mejor forma de gestionar el futuro, sino que se sustituye un sistema de solidaridad intergeneracional e interterritorial basado en el esfuerzo personal, por la presencia del Estado en ámbitos que no corresponden más que a la decisión individual, como es el de la contratación o no de un plan privado. 

No puede considerarse legítimo imponer a través del Estado, como recomienda el FMI, lo que no se consigue mediante la competencia. Más teniendo en cuenta que hay fondos privados que superan con mucho el PIB español. 

Por eso, el blindaje constitucional de las pensiones es el próximo paso que el Estado de Derecho debería dar, por razones humanas y sociales y para frenar un proceso antidemocrático.