¡Basta ya! Sí se puede acabar con la violencia machista

El pasado mes de diciembre y este mes de enero han sido dos “meses negros” en cuanto a asesinatos de violencia machista. Once mujeres en diciembre y éste enero seis. Conocer sus nombres y su vida es desgarrador. Conocer la historia de sus hijas e hijos, en algunos casos víctimas también de asesinato y a veces heridos por haber estado presentes en el crimen y haber intentado defender a la madre, produce escalofríos y rabia.

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Sí se puede acabar con la violencia machista

Aunque en estos momentos nos invada la angustia por lo ocurrido estos dos meses, la realidad es que el número de mujeres asesinadas por violencia de género desde que empezaron a contar los crímenes en 2003 ha ido descendiendo. En 2003 fueron 71 mujeres, en 2004 fueron 72; en el 2021, 48 y en 2023, 49… Estas cifras no pueden devolver la vida a Paloma y su hija India, ni a Irina ni a Soraya, ni a Ángela…pero sí son esperanzadoras.

El 43% de las mujeres asesinadas en 2022 habían hecho denuncia

El dato que en el cierre de este año 2022 llama la atención y preocupa, es que un 43% de las víctimas habían denunciado. En muchas ocasiones se ha hecho por parte de la administración y de líderes feministas el llamamiento a las mujeres que sufren violencia machista a denunciar, a no tolerar su situación. Pues bien, ellas han respondido y en los últimos años las denuncias no han parado de aumentar. Entonces la pregunta que nos hacemos todas es: ¿Qué falla?

¡Faltan recursos para proteger a las víctimas que denuncian!

Lo primero que podemos observar en los estudios que se están realizando para dar respuesta a dónde están los errores es que lo primero que falla son los recursos materiales para ayudar a las mujeres que denuncian, fallan en varios frentes.

1º.- Faltan recursos para proteger a las víctimas cuando hacen la denuncia. Faltan casas de acogida y asesoramiento judicial y psicológico.

En muchas ocasiones las mujeres que han hecho denuncia siguen viviendo con su agresor porque no tienen capacidad económica para ser independientes y desde las administraciones no se ofrece una alternativa de alojamiento que ayude a garantizar su seguridad.

Faltan recursos en el tránsito judicial, en esta etapa es fundamental el asesoramiento jurídico y psicológico. Hasta el 60% de las víctimas que denuncian renuncian a continuar en la primera parte del proceso por falta de ayuda legal y personal que les permita mantener firme su denuncia frente a las presiones del agresor.

2º.- Faltan personal especializado. Cuando una mujer va a denunciar, no siempre se atiende a la víctima de la forma idónea.  Llama la atención que en poblaciones como Móstoles, sí existe una oficina específica donde ser escuchadas y atendidas y en otras como Madrid capital no. Los agentes de las UFAM están especializados en este tipo de casos y explican que en muchas ocasiones las mujeres van a oficinas de denuncias normales y sus compañeros hacen lo que pueden, pero no están especializados para evaluar el riesgo y las medidas a tomar

3º.-Faltan recursos policiales. El número de denuncias por violencia de género ha crecido exponencialmente en los últimos años sin embargo los recursos policiales son prácticamente los mismos. Hay agentes que tienen que atender a 60 o 70 víctimas, cuestión que no es posible y que perjudica especialmente a las que tienen un riesgo alto y necesitan una protección constante.

Hay otros temas que requieren ser evaluados y donde se está poniendo el foco como en el sistema de evaluación del riesgo. Llama la atención que en estos momentos de las 43.670 mujeres que tienen protección policía sólo en 726 de ellas se valora un riesgo alto y sólo en 18 un riesgo extremo. Aparte hay otras 31.470 en las que el riesgo es “no apreciado”.

Es imprescindible que evaluemos y establezcamos medidas efectivas en cada punto donde haya errores para acabar con los asesinatos y la violencia machista pero el primer problema que aparece es algo tan material como la falta de recursos y de inversión para resolverlos. La falta de recursos se puede y debe resolver y está en manos de los responsables políticos del gobierno y de cada comunidad autónoma.