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El 9 de abril de 2.012 el gobierno de Rajoy anunció por sorpresa un «recorte extra» de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, a añadir al tijeretazo que ya se había ejecutado en los presupuestos. Se anunció de noche, tras una reunión urgente y a través de un comunicado a la prensa. ¿La razón? Washington y Berlín, la UE y el FMI, exigían a España más recortes… y el gobierno de Rajoy entregó sumisamente nuestra salud y nuestra educación. En estas elecciones autonómicas la lucha contra los recortes y la defensa de una sanidad y educación públicas, gratuitas y universales -que nos ha costado mucho conquistar y ahora están atacando- debe ser una de las banderas fundamentales.
El conjunto de gobiernos autonómicos, más allá de las diferencias con el PP, también se han doblegado ante los recortes exigidos. El gobierno catalán de Artur Mas encabeza los ránkings de recortes en sanidad. Y el gobierno socialista andaluz sigue manteniendo el gasto público per cápita más bajo de toda España en educación o en sanidad. «España gasta cada año 21.458 millones menos en sanidad y educación de lo que nuestro nivel de riqueza nos permitiría»
Tres años después de ese decretazo sanitario, al menos 873.000 personas han perdido el derecho a la asistencia sanitaria (según cifras del Gobierno).
En cinco años, la sanidad pública ha perdido 53.000 trabajadores. De 505.185 en 2012 a 476.689 en 2014. Un 5,6% menos.
Casi un 15% de los pacientes no pueden tomar la medicación porque no puede hacer frente al copago sanitario.
Los presupuestos sanitarios han perdido casi 7.200 millones de euros, traducido en cierres de plantas, quirófanos, servicios, despido de profesionales, listas de espera, copagos…
No es verdad que no haya dinero a causa de la crisis y “sea necesario tomar medidas de ahorro”.
En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza. Nuestro PIB per cápita ya es el 94% del PIB per capital promedio de la UE-15. En cambio, el gasto sanitario público per cápita español es sólo el 79,5% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% fuera el 94%, España se gastaría 13.500 millones de euros más de los que se gasta en la sanidad pública.
Lo mismo sucede en educación. Según la OCDE, España está en el grupo de seis países donde más se han recortado los presupuestos públicos educativos. Para equipararnos con la inversión pública en educación de los países con un PIB similar al nuestro deberíamos gastar cada año 7.958 millones más en educación.
Sin embargo, lo que nos exige la UE no es que invirtamos más en sanidad o educación… sino que recortemos más.