El grupo de Bankia afronta hoy un día decisivo. El consejo de administración se reúne para aprobar su plan de saneamiento, que incluirá una petición de ayudas públicas multimillonaria y sin precedentes comparables por su cuantía. Aunque la cifra definitiva no ha trascendido, la necesidad de ayudas públicas adicionales para la limpieza del balance de la entidad ante el deterioro de sus activos rondará los 15.000 millones de euros, según fuentes del mercado. A esta cifra se suman los 4.465 millones en participaciones preferentes inyectados en la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), cuya conversión en acciones ya ha sido solicitada por la entidad.
Con este saneamiento récord en la historia financiera de España, se pretende dar una solución definitiva al ajuste de valoración que precisan los activos de la entidad. Fuentes cercanas a la misma señalaron que se han analizado toda la cartera de crédito, todos los activos y las participaciones industriales y que las correcciones necesarias son enormes.El ministro de Economía, Luis de Guindos, recordó el miércoles en el Congreso que el grupo BFA tiene pendientes de cubrir provisiones por el crédito promotor de unos 7.100 millones y necesita dotarse de un colchón de capital de unos 1.900 millones. Ese sería el suelo de 9.000 millones mínimos que necesita BFA. Además, debe reconocer el valor razonable de las participadas y evitar así que sus cuentas tengan salvedades. BFA tiene contabilizado en libros su 45% de Bankia por 12.000 millones, cuando en Bolsa tiene un valor de menos de 1.500 millones y el auditor estaba dispuesto a admitir como máximo una valoración de unos 8.000 millones, antes de conocerse el deterioro adicional de la cartera. Solo poner a precio de mercado esta participación ya supondría un ajuste adicional de 10.000 millones en BFA, aunque no sería trasladable a Bankia. También requerirían fuertes ajustes otras participadas, como Iberdrola. Junto a ello, el análisis del resto de las carteras y activos puede haber arrojado ajustes multimillonarios para cubrir la pérdida de valor de créditos hipotecarios, a empresas y al consumo.