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El Gobierno, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), está preparando el terreno para una fusión de dos grandes entidades financieras rescatadas con dinero público, Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN) para luego poder cumplir con el mandato de Bruselas que exige privatizar estos dos bancos (ahora mismo con un 65% de capital público) antes de 2017. Dos ‘joyas de la corona’ que caerán en manos de los grandes bancos del IBEX o del capital extranjero, después de haber sido reflotadas con más de 25.000 millones de euros de todos los españoles.
Más que una fusión, sería una absorción. Bankia (fruto en su día de la fusión entre CajaMadrid, Bancaja y cinco cajas menores) posee activos valorados en 203.500 millones, mientras que Banco Mare Nostrum (fruto a su vez de la unión de Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra) llega sólo a los 40.600 millones. Pero ambas entidades financieras son -sobre el papel- propiedad pública tras haber sido rescatadas. El Estado, a través del FROB, controla el 65% del capital de ambas.
El nuevo banco sumaría más de 2.500 oficinas y 17.350 empleados en España, y atesoraría 130.000 millones de euros en depósitos y 244.100 millones en activos. Podría usarse el banco fusionado -fruto de un rescate que procede del esfuerzo de todos los contribuyentes, de unos españoles que han visto como se sacaban a flote grandes bancos privados a costa de recortar sus prestaciones sociales y derechos- para redistribuir la riqueza. De la misma forma que el rescate a la banca supuso transformar un enorme volumen de deuda privada en deuda pública, la creación de una gran Banca Pública -fruto de la unión de las cajas y bancos rescatados- podría transformar un injusto rescate financiero en un rescate social, a pymes y autónomos y a familias empobrecidas.
Pero Bruselas y De Guindos tienen otros planes. El memorándum del rescate bancario ya preveía la exigencia de privatizar los bancos “nacionalizados” antes de 2017. Como no podía ser de otra manera, tratan de convencernos que lo que están cocinado es por nuestro bien. Como cuando argumentaron que el fin del rescate a la banca de 2012 era “que el crédito pudiera llegar a empresas y familias”. Ahora tratan de convencernos que “el objetivo de esta integración sería maximizar el valor para los accionistas del Bankia y por tanto, optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas”. Es decir, van a fusionar primero y a vender después dos cajas nacionalizadas con dinero público a la banca privada, al capital extranjero o algún gigante del Ibex35 (como Santander, BBVA o CaixaBank).
Es más, para hacerlo están dispuestos a perder dinero público en la propia fusión. Aunque la fusión/absorción de BMN por Bankia debe hacerse mediante una teórica subasta competitiva a la que podrá presentarse cualquiera, estará dirigida para que la pueda comprar preferentemente Bankia. Para ello el FROB valorará a BMN a 1 euro por acción, con lo cual en la compra el FROB perderá el 50% del dinero público que costó rescatar al Mare Nostrum. Unos 800 millones de euros de todos los españoles.
El rescate de ambas entidades ha costado mucho, muchísimo. Oficialmente el rescate a Bankia fue de 23.500 millones de euros, pero luego los peritos del Banco de España desvelaron que la cifra ha sido mucho mayor: 46.000 millones (contando con los activos tóxicos transpasados al FROB). Pero un informe realizado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda y el concejal de Economía y de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, que contabiliza los avales públicos concedidos a la entidad, cifra las ayudas recibidas por Bankia en 147.000 millones de euros. BMN adeuda al Estado otros 1.645 millones.
Todo eso se ha convertido en deuda pública que todos los españoles pagamos a los acreedores, con intereses. ¿Cuanta riqueza y empleo habría generado esa ingente cantidad de dinero público si se hubiera destinado directamente a rescatar -a través del ICO- a pymes y autónomos con créditos blandos? ¿De verdad quieren hacernos creer que la fusón y venta de Bankia y BMN servirá para recuperar la totalidad -o una parte significativa- de las “ayudas públicas”?