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Nos repiten insistentemente que afrontar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia requiere un enorme gasto que el Estado debe asumir, y que la única manera de sufragarlo es con un aumento sin límite de la deuda pública. Y al mismo tiempo se ha generado un amplio clima de opinión, del que participan desde la CEOE y el PP al gobierno de Pedro Sánchez. Consideran que, a diferencia de lo que sucedió en 2010, el dinero europeo llegará ahora sin los draconianos recortes impuestos en la crisis anterior. ¿Nos saldrá “gratis” el dinero que llegue de la UE, o se nos ocultan los peligros de las condiciones que exigirá?
Nos repiten que esta vez no vendrán “los hombres de negro” a vigilar la imposición de recortes, y que el dinero europeo no se destinará como en 2012 a rescatar a los bancos sino a modernizar la economía. Incluso Pablo Iglesias ha destacado como el factor más positivo “el cambio de paradigma” en la UE, que “ha pasado del austericidio al neokeinesianismo”.
Angela Merkel, que hace diez años fue el emblema de la inflexibilidad, arrojando al abismo a Grecia, Irlanda, Portugal o España, ahora defiende “una respuesta contundente, rápida y solidaria” para “salvar la UE”.
¿Qué ha cambiado?
Tras 2008, y para garantizar el pago de las deudas contraídas con la banca alemana o norteamericana, se impusieron a los países del Sur de Europa salvajes “planes de ajuste”. Ahora la realidad es otra. No asistimos a una crisis financiera, sino a una brusca paralización de la economía a causa del confinamiento.
Y el gran capital alemán es uno de los más interesados en que vuelva a ponerse en funcionamiento la producción y el comercio en la UE. Más de dos tercios del excedente comercial alemán proviene de sus ventas a los países europeos.
El colapso económico del Sur -que ahora incluye a un gigante como Itala- sería un ruinoso negocio para el capital alemán. Y podría acelerar la desintegración política de la UE, la plataforma que impone la hegemonía alemana. Por eso -no por preocupaciones humanitarias ante los efectos de la pandemia- la antaño intransigente Merkel ahora aboga por abrir la mano en la concesión de ayudas por parte de la UE.
El diablo está en las condiciones
En casi todos los medios españoles se discute qué proyectos podrá impulsar España con los 140.000 millones que recibirá del fondo anticrisis impulsado por la Comisión Europea. Pero ese fondo todavía no ha sido aprobado, ni están claras las condiciones que recibirlo comportará.
La primera de las reuniones del Consejo de jefes de Estado y de gobierno de la UE, que debe aprobar el plan, terminó sin acuerdo. Serán necesarias dos reuniones más, bajo una presidencia de la UE que desde el 1 de julio ocupará Alemania, para cerrar el acuerdo.
Se trata de un plan propuesto por la Comisión Europea, cuyo importe se eleva a 750.000 millones de euros. 250.000 millones serán préstamos que cada Estado debe devolver. Pero medio billón consistirá en ayudas a fondo perdido, financiadas con la emisión de deuda a 30 años por parte de la Comisión Europea. Es la primera vez que en la UE se contempla una “mutualización de la deuda” de esta magnitud.
Pero casi todo está por decidir. Los llamados “países frugales” (Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca) son la fuerza de choque para endurecer las condiciones del fondo. Forman parte de la tradicional área de influencia alemana, y mantienen -gracias a su condición de semiparaíso fiscal, como Holanda- excelentes conexiones con el gran capital europeo y norteamericano.
Ahora proponen reducir la cuantía del plan, cambiar los criterios de reparto para perjudicar a los países del sur, como España o Italia, limitar al máximo las transferencias para que la mayor parte de las ayudas sean préstamos, e imponer una severa “condicionalidad” para recibir las ayudas.
Y esta última es la palabra clave. En cualquiera de los escenarios posibles, las “ayudas europeas” imponen condiciones. En el plan de la Comisión, 560.000 de los 750.000 millones contemplados, están condicionados a que los Estados “aprueben reformas estructurales”. Se publicitan las más “amables”, como la transición ecológica o la digitalización, pero el último informe de la Comisión Europea sobre España exige también mayor flexibilidad laboral -manteniendo la actual reforma laboral- o una reforma de las pensiones para reducir su cuantía o alargar la edad de jubilación.
Para recibir las ayudas, todos los países deberán presentar en octubre un plan de reformas, unido a un borrador del presupuesto. Este plan deberá ser aprobado por la Comisión. Y el dinero se recibirá por tramos, vigilando si se “ejecutan las reformas”. Tampoco podremos dedicar las “ayudas europeas” a lo que queramos, sino solo a los proyectos aprobados por Bruselas.
Un hecho de la última reunión del Consejo Europeo nos pone en alerta. Merkel respaldó la posición del primer ministro holandés, cuando reclamó un “derecho de veto” para las reformas financiadas por los fondos europeos. Es decir, Alemania quiere decidir qué reformas pueden y cuáles no impulsarse en España.
No vamos a vivir los “rescates” y “planes de ajuste” de 2010 ó 2012. La situación actual los hace socialmente inadmisibles. Pero habrá una “condicionalidad” cuyo grado, más dura o más flexible, está ahora mismo decidiéndose. En cualquiera de los casos, supondrá aceptar una mayor intervención desde Bruselas -y desde Berlín- sobre las cuentas públicas y la política económica española.
Una batalla por defender los intereses nacionales
Sería como mínimo ingenuo pensar que la fijación de los criterios de los fondos europeos van a decidirse en un ambiente de camaradería y solidaridad. Alemania es la misma que, en los momentos más duros de la pandemia sanitaria, vetó la exportación de mascarillas a Italia o España. Y ahora va a poner todo su poder en juego para que la reconstrucción de la economía europea se haga en función de los intereses del gran capital alemán.
El gobierno español debe defender con firmeza en Bruselas una salida unitaria y solidaria a la crisis. Defendiendo los intereses nacionales frente a las imposiciones de los grandes centros de poder de la UE.
No podemos aceptar que las “ayudas europeas” nos cuelen por la puerta de atrás nuevos recortes o una mayor intervención sobre nuestro país. Debe ser cada país quien decida a qué necesita destinar el dinero.
Pero hay quien pretende utilizar los fondos europeos para imponer sus intereses, que nada tienen que ver con luchar contra los efectos de la pandemia.
Los sectores políticos y económicos más reaccionarios aspiran a que el dinero europeo imponga condiciones que supongan ejecutar nuevos recortes. Y que ello contribuya a dinamitar el actual gobierno de coalición progresista.
Quienes así actúan no solo atentan contra los intereses del 90% de la población, sino que atacan los intereses nacionales, aceptando una mayor subordinación a Bruselas y Berlín como muro de contención que impida aplicar políticas más progresistas y de redistribución de la riqueza en España.
Pero hay más, bajo el clima de opinión de que el incremento de la deuda pública sin límite es inevitable, se nos oculta que existen otras alternativas: impulsar una auténtica política de redistribución de la riqueza, que permita disponer, sin necesidad de endeudarnos, de los ingentes recursos que hoy controla una ínfima minoría.