Cargando...Estarán ustedes de acuerdo que a veces la plasmación matemática de una idea, de una posición, tiene una fuerza expresiva extraordinaria. 26.000 millones de euros es la cifra, la expresión matemática de la punta de iceberg de la base económica sobre la que se asientan las castas burocráticas regionales en las autonomías. UPyD ha sido la calculadora que ha obtenido la cifra mágica. 26.000 millones que las castas nos están robando en plena crisis y en pleno ataque para hundir a España y para robarnos, al 90% de la población, el 25% de nuestros ingresos.
UPyD ha conseguido lo que ningún organismo úblico ha intentado a ningún nivel de la administración estatal, ni central, ni autonómica ni local. Ha evaluado el grado de conveniencia del gasto público que se realiza anualmente por parte de las autonomías. Ha establecido unos criterios sobre los gastos inevitables y evitables que están realizando las autonomías, y unos criterios sobre la eficacia y la eficiencia comparando los diferentes gastos autonómicos existentes. Y, sobre la base de los datos aportados por las mismas administraciones autonómicas, ha calculado el derroche que se está generando anualmente, 26.108.665.000 euros, ni más ni menos. El trabajo de investigación, realizado por el Grupo de Administración Pública de UPyD, titulado ‘El coste del Estado Autonómico I’ y publicado como estudio por la Fundación Progreso y Democracia, parte de la idea de que el Estado Autonómico está justificado en la medida en que proporciona unos buenos servicios públicos a los ciudadanos. Sin embargo, el estudio de UPyD confirma la gravedad que alcanzan una serie de costes que son evitables, son claramente visibles y son fácilmente reducibles. Porque son producto de actividades innecesarias o superfluas. Para empezar, estarían los costes que crean los órganos duplicados, como defensores del pueblo y del menor; los gastos excesivos dedicados a los representantes políticos autonómicos (en el Parlament catalán un diputado cuesta casi el doble del diputado nacional); los costes de los medios públicos de comunicación autonómicos (televisiones y radios, a veces, duplicadas y triplicadas). Además la usurpación de funciones a la administración central y la reproducción burocrática de toda la organización estatal ha llevado a tal cantidad de gastos que su mera descripción muestra la política de reinos de taifas de las castas regionales, como son las duplicidades administrativas, estructuras autonómicas caprichosas, creación de observatorios de todo tipo, “embajadas”, oficinas comerciales y de turismo autonómicas, órganos consultivos con cualquier excusa, institutos estadísticos, meteorológicos, de protección de datos… No ha parado aquí la voracidad de las castas político-burocráticas regionales. Falta una parte sustancial de su base económica y de su organización clientelar. La proliferación de órganos público-privados, con un crecimiento del 80% de las empresas públicas autonómicas y de las fundaciones de toda índole. A lo que se añade la excesiva externalización y subcontratación de servicios públicos. Con el consiguiente incremento de personal contratado mediante mecanismos que distorsionan los debidos criterios de objetividad en la elección de los candidatos. Pero también existe el sobrecoste que supone el fraccionamiento autonómico de servicios tan importantes y básicos como la sanidad y la justicia; y en la educación la proliferación de universidades públicas (que llegan a 50 en toda España). En el campo económico el abuso regulatorio de las autonomías y la ineficiente distribución de las competencias ha llevado a la promulgación de 100.000 normas que rompen la necesaria unidad de la actividad productiva y de mercado en España. La concepción burocrática y parasitaria de las castas regionales sobre el gasto público en cuanto al personal necesario y al funcionamiento administrativo ha llevado al despilfarro en el llamado personal de confianza, a la generación de diferencias salariales injustificadas y a la inadecuada distribución de los efectivos y del presupuesto. Esto último es lo que calcula el estudio de UPyD con la medición de la eficacia (la capacidad de cubrir los objetivos propuestos) y la eficiencia (el coste del funcionamiento de la administración) comparada entre las distintas Administraciones públicas. Esto ha llevado a la cifra aproximada de 26.000 millones de euros derrochados en gasto corriente y de personal. Que se podrían ahorrar aplicando las prácticas de las más eficientes (Navarra, Murcia, Extremadura y Galicia) al resto de autonomías, siendo las más despilfarradoras Cataluña y la Comunidad Valenciana. Un derroche que equivale al coste del ‘servicio de la deuda pública’ a pagar por el Estado este año. Autonomías que no tienen que dar cuenta por su endeudamiento, ni son controladas por el Estado, ya que España es el país, a pesar de la contumaz mentira nacionalista y sus cómplices del PSOE y del PP, con el gasto más descentralizado de toda Europa. Lo que ha supuesto el aumento en medio millón de empleados públicos entre 1990 y 2009, que las autonomías gestionen el 35% del presupuesto con el 50% de funcionarios y los ayuntamientos el 15% con el 24%. Todo el derroche anteriormente analizado supone un agudo agravamiento de la crisis económica. Una política de despilfarro que caracteriza a toda la partitocracia sin distinción de colores, en autonomías gobernadas tanto por el PSOE, como por el PP, o los nacionalistas. Cuando, con una drástica política de ahorro, se podría disponer de suficiente dinero público sin penalizar más a la mayoría de la población ni endeudarse más. Dinero necesario para pagar el desempleo, las pensiones, los servicios sociales y la reactivación económica.