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La deuda pública española crece sin cesar. Y se ha convertido en uno de los principales yugos que estrangulan la economía nacional, como instrumento de explotación económica y dominio político de las principales oligarquías del planeta.
En apenas 8 años ha pasado de suponer el 36% del PIB a casi el cien por ciento del PIB (el 98%) y suma ya 1,052 billones de euros. Sólo en el segundo trimestre de este año ha sumado 6.660 millones de euros más. En total, desde 2007 la deuda se ha incrementado en casi 670.000 millones de euros.
Ni un euro de este gigantesco incremento de la deuda es debido a que los sistemas de Salud, Educación o protección social consuman recursos que estén más allá de las posibilidades de la economía española.
Los “rescates” bancarios” y el rescate financiero impuesto por la Troika, para asegurar el cobro de lo que los bancos españoles debían a los bancos alemanes y franceses, se han pagado con 300.000 millones de euros de dinero público, en forma de inyecciones de liquidez, la compra de activos tóxicos por la SAREB (el “banco malo” inmobiliario) y otros avales y garantías estatales.
«La deuda pública española crece sin cesar. Y se ha convertido en uno de los principales yugos que estrangulan la economía nacional»
Se estima que al menos el 50% de ese dinero público -150.000 millones- será irrecuperable.
A esos miles de millones hay que añadir los miles de millones entregados a grupos monopolistas como los de de la energía o las autopistas. A los monopolios eléctricos, los gobiernos de Zapatero y Rajoy, les han entregado más de 25.000 millones de euros, a cuenta del supuesto “déficit de tarifa” convertido en deuda publica. Eso después de haber permitido una subida acumulada del 80% en el recibo de la luz, que les ha permitido ganar otros 21.600 millones de euros más en los últimos 5 años. A las constructoras y bancos propietarios de una decena de autopistas en quiebra se les han entregado otros 4.500 millones de euros, mediante la creación del “banco malo” de las autopistas, una sociedad creada ex profeso para rescatarlas con dinero público.
Una deuda ilegítima
Juan Torres, reconocido economista, la decisión en 1991 de la UE de que ni el Banco Central Europeo (ni los bancos centrales de los países) financiaran a los Estados, teniendo que recurrir a la banca privada, ha supuesto multiplicar por 6,5 el volumen total de la deuda. Si un Banco central hubiese financiado el déficit de España desde 1989 a 2011 al 1% de interés, como lo venía haciendo el Banco de España, la deuda sería ahora del 15% del PIB y no del 98%. Es decir, el 85% de la deuda está “prefabricada”, es ilegítima.
Es decir: no sólo han convertido en deuda pública -ilegítima- las pérdidas y deudas de los bancos, eléctricas y monopolios, que pagamos todos, sino que la carga se multiplica por los intereses.
Intereses que se multiplican ilegítimamente por un doble mecanismo.
Por un lado, la gran banca internacional y nacional se forra negociando con la deuda pública. Ya que, mientras el Banco Central Europeo les presta dinero prácticamente sin interés, al 0,25, ellos lo utilizan para comprar deuda pública a intereses del 3%, el 6% incluso del 10%. Intereses que por supuesto recaen sobre el país y los ciudadanos.
Por otro, la aplicación del interés compuesto que los acreedores imponen para la deuda pública a más de un año. Los intereses que genera la deuda se suman al capital y generan a su vez nuevos intereses.
Esta es la base de los “planes de rescate” y las reestructuraciones” de la deuda, auténticos atracos impuestos por la Troika que han llevado a países como Grecia a en apenas cuatro años casi duplicar la deuda. En 2010 (primer rescate) la deuda era del 100% del PIB, cuatro años después, en 2014, después de la segunda “reestructuración”, alcanzó el 175% del PIB:
Recortes Cero – Los Verdes. Auditoría y renegociación
La alternativa al problema de la deuda no puede ser, una “auditoría” encaminada a determinar la ilegitimidad para, en última instancia, imponer una “reestructurción ordenada” mediante un pacto con los acreedores, tal y como se propone desde las fuerzas “emergentes” como Podemos. Tras las “reestructuraciones ordenadas” las oligarquías financieras buscan hacer más asequibles los pagos al tiempo que se impone un nuevo salto en el expolio, alargando la cadena que ata a los países al pago de una deuda mayor.
«Han convertido en deuda pública -ilegítima- las pérdidas y deudas de los bancos, eléctricas y monopolios, que pagamos todos, la carga se multiplica por los intereses»
Sólo desde una posición firme frente al saqueo que implica la deuda, es posible, como hicieron gobiernos como Ecuador o Brasil, escapar al yugo de la deuda y la extorsión de las oligarquías financieras.
Por eso la alternativa, como defiende en su programa Recortes Cero – Los Verdes, pasa por las siguientes medidas:
– Una auditoría ciudadana e independiente de la deuda para determinar que parte de ella no ha sido destinada a satisfacer necesidades de la mayoría sino a favorecer a unos pocos. Declarando esa parte ilegítima y exenta de pago.
Reclamamos el derecho de todos los españoles a saber a qué se ha destinado todo ese dinero y quién se ha beneficiado de él. Que la devuelvan quienes se han aprovechado de ella, los bancos, monopolios y el capital extranjero.
– La renegociación de la devolución de la deuda pública, con una moratoria en el pago, hasta que la economía crezca por encima del 3% y el paro se reduzca por debajo del 10%.
En los últimos cuatro años hemos pagado 143.127 millones de euros, sólo de intereses. En 2014 36.590 millones de euros de intereses han ido a parar a los bancos nacionales y, especialmente a la banca extrajera que, según el último informe de BME (Bolsa y Mercados Españoles), con 400.000 millones de euros, controla el 53% de la deuda pública.
A la espera de una auditoría ciudadana, independiente y exahustiva de la deuda, sólo suspendiendo el pago de los intereses de la deuda que economistas como Juan Torres consideran ilegítima, el Estado podría disponer de 112.800 millones de euros en la legislatura, para redistribuirlos de otra manera y destinarlos a los planes de creación de empleo y reversión de los recortes en Sanidad o Educación.