El supuesto referéndum de autodeterminación está diseñado para imponer de forma antidemocrática la independencia a la mayoría de la sociedad catalana que la rechaza.
La cuenta atrás para el 1-O ha comenzado. Tras anunciar la convocatoria de un referéndum soberanista para el 1 de octubre, el gobierno de la Generalitat ha presentado las condiciones en que se celebraría la consulta.
A pesar de que se disfracen bajo grandes palabras, como “democracia” o “defensa del derecho a votar”, los impulsores de este referéndum ya han evidenciado su carácter antidemocrático, imprescindible para imponer la independencia unilateral a una mayoría de la sociedad catalana que la rechaza.
“Votaremos como siempre” y “con garantías”. Ese fue el mantra repetido en el acto celebrado en el Teatre Nacional de Catalunya -por cierto, una de las obras emblemáticas del pujolismo- donde se presentó el referéndum convocado para el 1 de octubre.
No es verdad.
La ley de referéndum no establece ningún mínimo de participación, y establece que si gana el Sí se aprobará en 48 horas, de forma exprés y unilateral, la independencia.
Es decir, prevén ejecutar la ruptura aunque sea con el apoyo de una cantidad de “Síes” que represente a una minoría, frente al rechazo de la mayoría social catalana.
La ley de referéndum no se ha presentado todavía formalmente ante el parlament catalán, y la “Ley de Transitoriedad” -que marca como se ejecutaría la independencia- permanece todavía oculta. Y han cambiado el reglamento del parlament para que pueda ser aprobada por vía de urgencia, hurtando el debate y haciendo imposible a la oposición presentar enmiendas.
La misma ley de referéndum contradice no solo la legalidad española sino también el propio estatut catalán. Éste establece que una ley electoral debe contar con el respaldo de dos tercios del parlament, 90 diputados, y ahora se pretende sacar adelante únicamente con los 72 votos de Junts pel Sí y las CUP. Por esto no fuera suficiente, la ley de referéndum no se presentará en el parlament hasta septiembre… menos de un mes antes de celebrarse la consulta.
Presentan la nueva Sindicatura Electoral, que dirigirá el proceso del referéndum, como una garantía democrática extra. Pero va a ser elegida simplemente por mayoría absoluta en el parlament. Es decir solo con la aprobación de los diputados independentistas.
Carles Puigdemont dice defender también los derechos de los que quieren votar No. Pero ya han demostrado con hechos como pretenden tratar las críticas o las diferencias. Al amenazar a los medios que no apoyen el referéndum con retirarles todas las ayudas públicas. O destituir fulminantemente al conseller que simplemente expresó algunas dudas sobre la celebración del referéndum.
Los modos y maneras con que quiere imponerse el referéndum no pueden ser más antidemocráticas. Y no puede ser de otra forma. De forma contundente todas las encuestas -sean del signo que sean- demuestran que la mayoría de catalanes rechazan un referéndum unilateral, justo el que pretende celebrar Puigdemont.
Los Mas y Puigdemont exhiben el apoyo del 90% de los ayuntamientos a la celebración del referéndum. Ocultando que solo representan al 43% de la población. Todas las grandes ciudades, donde vive más de la mitad de la población catalana, y se concentra la clase obrera y el pueblo trabajador, se han negado a apoyarlo.
No cuentan con el apoyo de la mayoría social catalana, aunque de forma reaccionaria se presenten como “el pueblo catalán”, excluyendo de él a todos los catalanes que rechazan la independencia.
Si esto es lo que hacen para convocar un referéndum… ¿qué no harán si tienen en sus manos el poder de un Estado independiente?
La determinación de los Puigdemont y Mas por llevar hasta el final su órdago de ruptura no solo anticipa tensiones y conflictos, hace cada día más urgente la necesidad de dar una respuesta en defensa de la unidad desde la izquierda, desde el pueblo trabajador.