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Saltando de un incendio a otro, de una política antipopular a otra, tras dedicar septiembre a una reforma de las pensiones que ha arruinado y empobrecido a la inmensa mayoría de los jubilados del país, ahora el ultraderechista Javier Milei embiste contra la Universidad y la Enseñanza pública, un tema de alto voltaje social para la sensibilidad de los argentinos.
Gracias a sus aliados -entre ellos el PRO, el partido de Macri, y también una parte de diputados «judas» de los radicalistas de la UCR- Milei ha conseguido el tercio de escaños (87 diputados) necesario de la Cámara de Diputados para vetar la Ley de Financiamiento Universitario, que ya había sido aprobada en el Congreso, y que proponía un mayor financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial para los docentes y personal no docente, quienes en su mayoría ya trabajan con miserables retribuciones, muchas de ellas ya por debajo del umbral de pobreza.
«El sistema universitario público argentino es único en el mundo, porque combina masividad, excelencia académica e ingreso irrestricto», dijo en medio del debate parlamentario, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi. «la situación [por los recortes a la financiación] han llegado a no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país y, de seguir así, estaremos en un punto sin retorno donde todo el sistema deje de existir tal cual hoy lo conocemos”, advirtió a los diputados. “Honren su lugar y voten para ratificar una Ley que nos asegure que la Universidad pública va a seguir existiendo. Nunca estuvo tan claro, la responsabilidad histórica está en sus manos”.
Pero aunque el costo fiscal de la Ley de Financiación Universitaria es asumible, incluso para las maltrechas cuentas de Argentina -supone solo 0,14 puntos del PIB- Milei ha dejado claro que «no cederá en su cruzada contra el déficit». Y usando el antidemocrático mecanismo del veto, (que le permite bloquear leyes con sólo 87 diputados, conseguía condenar la financiación de la Universidad Pública.
Los brutales recortes de Milei contra las universidades públicas, de más de un 70% de su presupuesto, ya provocaron en mayo la mayor movilización de la sociedad argentina en 20 años. El poder adquisitivo de los docentes se ha depreciado en un 36%. No hay recursos para los gastos de mantenimiento, ni para cuestiones elementales como comprar productos de limpieza o hacer elementales arreglos de fontanería. No digamos material de laboratorio.
Hundir la educación universitaria es hablar de palabras mayores en este país. Se trata de una fibra extraordinariamente sensible de la sociedad argentina. En un país que ha encadenado una crisis económica tras otra, la educación pública, gratuíta y de calidad es percibido como una «joya de la corona» nacional, a la altura de la selección albiceleste, un instrumento de promoción y justicia social por el que el hijo de una barrendera puede llegar a ser ingeniero.
Por eso, como en mayo, los ataques de Milei contra la Universidad -que además de en el plano económico, también se centran en acusarla ser un foco emisor del «marxismo cultural», donde los profesores «adoctrinan el cerebro de los estudiantes»- han desatado, como hace meses, una intensa energía de lucha, con paros, protestas y movilizaciones multitudinarias.
Decenas de miles de estudiantes han tomado los campus y facultades de hasta once universidades públicas, y junto a los alumnos, los sindicatos de docentes universitarios se han sumado al gran paro nacional. Solo en Buenos Aires, hasta 300.000 personas inundaron las avenidas para protestar por el veto a la Ley de Financiación Universitaria, pero hubieron movilizaciones igualmente masivas en Jujuy y otras importantes ciudades.