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Tras su toma de posesión el gobierno peronista de centro-izquierda de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tiene por delante importantes retos en el plano económico y social. El nuevo ejecutivo hereda un país al borde del default, con una deuda externa del 90% del PIB, y con un 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Pero las primeras medidas, basadas en la redistribución de la riqueza, confirman que el macrismo ha quedado atrás.
El informe del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) revela que las medidas económicas anunciadas por el presidente Alberto Fernández suponen un viraje completo respecto a las de su antecesor, Mauricio Macri, que impulsó una agenda en beneficio de los grandes capitales -en especial de los extranjeros- en total sumisión a los dictados de Washington y del FMI.
Ahora, los primeros pasos del gobierno de Frente de Todos se centran en auxiliar a los sectores más vulnerables de la población y a las clases medias, ayudándoles a recuperar poder adquisitivo e inyectando unos 102.000 millones de pesos para el consumo. Al tiempo que da cerrojazo a los «tarifazos» que caracterizaron al gobierno de Macri, y ofrece ayudas fiscales a las pymes, para que estas regeneren los puestos de trabajo perdidos.
El informe analiza el impacto de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, así como los primeros decretos presidenciales. Por ejemplo, la decisión de otorgar un bono de 5.000 pesos a los jubilados que cobran la pensión mínima y un monto proporcional a los de los siguientes tramos hasta los 19.000 pesos. Hasta el 60% de los pensionistas argentinos se benefician de esta medida.
O el aumento de la asignación universal por hijo, que implicará un desembolso de 8.000 millones adicionales; la implementación de la tarjeta de alimentos para niños menores de seis años, cuyas familias recibirán montos de entre 4.000 y 6.000 pesos; el congelamiento de las tarifas de servicios -incluido el transporte público-; la bajada de un 8% en los precios de los medicamentos; y otras medidas como el monto de 700 pesos en concepto de devolución de IVA a todos los beneficiarios de planes sociales.
Estas son las medidas para los sectores más golpeados por la crisis, pero también hay otras para la clase media, como el bono a los trabajadores del sector privado, entre los 6.000 a 9.000 pesos, o la reducción de la tasa de interés del Banco Central. Los asalariados se verán beneficiados por el decreto que ordena la doble indemnización para los despidos.
Otro eje de las medidas peronistas es el rescate de las Pymes. Se anuncia una moratoria para condonar multas e intereses de deudas impositivas y de seguridad social, que representan 2 millones de empresas por una deuda total de 440.000 millones de pesos. El impuesto de sociedades para ellas queda congelado, y las pequeñas empresas con menos de 25 trabajadores recibirán una detracción de hasta 10.000 pesos mensual.