Cargando...Aragón amanece esta semana entre la indignación y la preocupación. Indignación ante el escándalo de corrupción urbanística de la alcaldesa de La Muela, del PAR, y preocupación por el futuro de la planta automovilística que General Motors tiene en Figueruelas. Si el Heraldo de Aragón se levanta este lunes pidiendo una autocrítica de la clase política aragonesa, el Periódico de Aragón recuerda la «amenaza abusiva» de Volkswagen de dejar sin producción a SEAT en 2011 a pesar de la decisión de sus trabajadores de congelarse el salario y de las ayudas prometidas.
El gobierno aragonés fue el rimero en abanderar un aval de 200 millones de euros para la firma General Motors, en su planta de Figueruelas, pero el futuro es poco halagüeño.Aunque parezcan dos cuestiones separadas, no lo son. La corrupción urbanística y la capacidad actual de las multinacionales de actuar contra los intereses del país y los trabajadores han sido gestionados por los mismos a los que se pide ahora una profunda autocrítica. Obedecen a un modelo de país en el que han participado y del que se han beneficiado las oligarquías nacionales y locales. La crisis no ha hecho sino poner de manifiesto que el enorme abismo abierto en tiempos de crecimiento económico, el que separa el grado de poder y riqueza que han acumulado los grandes capitales como General Motors en la región del que hemos acumulado los trabajadores, ahora da la cara en que la clase política aragonesa escaló unos peldaños gestionando ese abismo y, sobre todo, en quién va a cargar con las pérdidas. .De los apoyos anunciados por el Ministerio de Industria le corresponderían casi 58 millones de euros que beneficiarían a 16 de los 32 proyectos presentados por las empresas asentadas en la comunidad con el objetivo de evitar la fuga de compañías y el cierre de factorías. La caída de la demanda, consecuencia de una crisis económica que no solo se refleja en el descenso del consumo si no que se agudiza por los problemas de financiación con los que se encuentran los potenciales compradores, está llevando a los fabricantes a una situación de reducción drástica de producción. Paso previo a los temidos expedientes de regulación temporal de empleo, cuando no de extinción. Unas perspectivas nada halagüeñas en las que además coincide la competencia entre plantas de distintos países. El Heraldo de Aragón. Editorial La alcaldesa en prisión 23 marzo de 2009 EL procedimiento judicial será, seguramente, largo. Y mientras no concluya no se podrá establecer de manera definitiva el alcance de las irregularidades cometidas y de las responsabilidades personales en las que pueda haberse incurrido. Pero eso no quiere decir que no deba producirse ya, de manera inmediata, una reacción política clarificadora y de rechazo a unas maneras de gestionar las actividades urbanísticas que han propiciado la creación de un caldo de cultivo favorable a la corrupción. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse qué hacían las instituciones de la comunidad, sus máximos dirigentes políticos y los de los partidos mientras el Ayuntamiento de La Muela ponía en marcha planes desmesurados y poco transparentes. Los ciudadanos pueden también legítimamente plantearse si no habrá habido otros municipios en los que se hayan producido o se estén produciendo situaciones similares y qué medidas se adoptarán para impedirlo. La actuación judicial tendrá sin duda un efecto purificador al mostrar que la corrupción política no consigue siempre quedar impune. Pero queda la sensación de que en demasiadas ocasiones los dirigentes prefieren mirar hacia otro lado en vez de poner freno y cortar de raíz con situaciones en las que el riesgo de corrupción resulta evidente. El estallido del caso ‘Molinos’ hace imprescindible una profunda autocrítica. El periódico de Aragón. Editorial. Fabricar coches extranjeros 23/03/2009 España es el país que fabrica más coches de marca extranjera después de China. Es un mérito indudable, porque quienes han elegido nuestro país para instalar sus plantas más rentables en Europa, sea para fabricar utilitarios de gran demanda popular o vehículos de gama superior que mantienen altos índices de calidad en su fabricación, lo hacen tras comprobar que todo el proceso industrial y de servicios añadidos que lo hacen posible supera los índices de máxima exigencia que establecen los cuarteles centrales de los fabricantes, con sede en Estados Unidos, Japón, Alemania o Francia. Estos países están padeciendo la crisis de ventas en sus propios mercados, y no han tardado en plantearse por dónde han de recortar gastos, empezando, previsiblemente, por allí donde han hecho inversiones en el periodo de expansión. Este es el contexto en el que hay que contemplar el alto riesgo que amenaza a todas las fábricas de automóviles españolas y a sus proveedores, y también, las respuestas que se han dado. El Gobierno aprobó el viernes el proyecto del Ministerio de Industria de aportar 800 millones para apoyar un sinfín de proyectos del sector de la automoción –lo que indica que hay ganas de seguir en la brecha– para ayudar a que se mejore la competitividad. Se los repartirán entre fabricantes y proveedores. Si se suma a las ayudas que están aprobando, deprisa y corriendo, las autonomías donde se asientan estas fábricas, el sector de la automoción no puede decir que está desatendido. Es el caso, ahora, de Volkswagen, que amenaza abusivamente con dejar a su filial Seat sin producción en el 2011 pese al sacrificio y responsabilidad que han demostrado los sindicatos. En Aragón, el Gobierno autonómico fue el primero en abanderar un aval de 200 millones de euros para la firma General Motors, en su planta de Figueruelas. De los apoyos anunciados por el Ministerio de Industria le corresponderían casi 58 millones de euros que beneficiarían a 16 de los 32 proyectos presentados por las empresas asentadas en la comunidad con el objetivo de evitar la fuga de compañías y el cierre de factorías. La caída de la demanda, consecuencia de una crisis económica que no solo se refleja en el descenso del consumo si no que se agudiza por los problemas de financiación con los que se encuentran los potenciales compradores, está llevando a los fabricantes a una situación de reducción drástica de producción. Paso previo a los temidos expedientes de regulación temporal de empleo, cuando no de extinción. Unas perspectivas nada halagüeñas en las que además coincide la competencia entre plantas de distintos países. El País. Editorial Municipios vulnerables La multiplicación de los casos de corrupción evidencia graves deficiencias institucionales 23/03/2009 La detención de la alcaldesa del municipio zaragozano de La Muela, elegida primero por el Centro Democrático y Social y después por el Partido Aragonés, vuelve a poner de manifiesto que el poder local se ha convertido en el más vulnerable a la corrupción, independientemente de la adscripción política de quien lo ejerza. Los delitos que el juez imputa a los responsables del Ayuntamiento de La Muela son los mismos que se vienen repitiendo en cada uno de los casos semejantes: blanqueo de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Como también el mapa electoral recuerda al de los restantes municipios envueltos en prácticas ilegales: la alcaldesa lleva ininterrumpidamente en el poder más de dos décadas. E, incluso, las escenas posteriores a la detención parecen obedecer a un guión repetido sin variaciones: los detenidos por corrupción suelen contar con un alto grado de apoyo entre sus vecinos. La amplitud del fenómeno, así como la reiteración de los esquemas políticos y sociológicos observados en cada caso, demuestran que la corrupción municipal tiene, sin duda, una causa necesaria en un afán de lucro que no repara en la licitud de los medios. Pero la causa suficiente habría que buscarla en las deficiencias del sistema institucional, incompetente para prevenir los abusos y sólo capaz de detectarlos y castigarlos por la vía penal cuando adquieren proporciones escandalosas. Y también para este punto existe un patrón de comportamiento que dicta la reacción de los grandes partidos, postergando la consideración de la corrupción municipal como lo que es: un grave problema institucional y no una sucesión de episodios aislados. Mientras que el PP ampara a sus militantes bajo sospecha y reclama el monopolio de la virtud cuando la corrupción afecta a los socialistas, el PSOE toma inmediatas medidas contra los encausados procedentes de sus filas. Pero ni uno ni otro, ni tampoco las restantes formaciones, parecen decididos a adoptar iniciativas políticas y parlamentarias que saneen y fortalezcan a los ayuntamientos. La corrupción municipal se ha desarrollado al amparo de la burbuja inmobiliaria, pero también la ha retroalimentado. Los ayuntamientos vieron en las recalificaciones de terreno un instrumento para obtener recursos para las arcas municipales, supliendo las carencias a las que los condenaban los Presupuestos del Estado. Pero la zona gris en la que se desarrollaban estas prácticas fue dejando paso a la abierta ilegalidad, al cobrar protagonismo los intermediarios por cuenta propia y ajena entre los municipios y los promotores inmobiliarios. Del beneficio para los ayuntamientos y de la mejora de los servicios que prestan a los ciudadanos se pasó al enriquecimiento personal, transitando en muchos casos por la financiación de los partidos. La corrupción urbanística terminó por configurarse, así, como una coalición de intereses tejida a partir de un espejismo de prosperidad, pero imbatible mientras duró.