Apoyo a un gobierno progresista

Celebramos y apoyamos la constitución de un gobierno progresista de izquierdas basado en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Es una muy buena noticia para los intereses populares y nacionales. Y la mejor demostración de ello son los furibundos ataques que ya está recibiendo por parte de las fuerzas más reaccionarias, desde quienes defienden unos “recortes sin complejos” hasta las élites más rancias del procés.

Todos los medios resaltan los ataques y dificultades a que deberá enfrentarse el nuevo gobierno. Se ha hecho todo lo posible para que no se constituya, incluyendo el acoso a algunos diputados para que cambiaran el sentido de su voto. Se amenaza con tumbar “un gobierno ilegítimo contra el que valdrá todo”, y se anticipa “una ofensiva por tierra, mar y aire contra la alianza de las izquierdas”.

Pero se “olvida” o se niega el aspecto más importante: si este gobierno progresista puede existir es porque hay una mayoría, en el parlamento y en la sociedad, que quiere que se constituya. Se expresó rotundamente en abril y en noviembre en las urnas, se refleja en el parlamento en una mayoría plural, y existe en la calle, en cada territorio, en cada movimiento…

Frente a poderosas fuerzas, ante vetos y prohibiciones, ha impuesto la formación de un gobierno progresista.

No solo para desatascar el “bloqueo político” y evitar unas amenazantes terceras elecciones. Sino porque en las actuales condiciones es la mejor opción desde la defensa de los intereses populares.

El texto del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, al margen de las lógicas diferencias que con él se tengan, genera mejores condiciones para evitar nuevos tijeretazos y para avanzar en el sentido que demanda la mayoría que rechaza los recortes y exige ampliar derechos y libertades. Al derogar las partes más lesivas de la reforma laboral de Rajoy, al actualizar las pensiones en función del IPC o eliminar el “factor de sostenibilidad”, al elevar el presupuesto destinado a la sanidad y educación públicas, al avanzar hacia una fiscalidad más progresiva…

Diez años y cuatro años

Hace diez años, la formación de un gobierno de coalición de izquierdas, donde no solo estuviera representado el PSOE, era impensable. Pero en solo una década han pasado demasiadas cosas.

Zapatero fue obligado, primero a través de una expeditiva llamada de Obama a presentar el primer paquete de recortes, luego por el “diktat” de Merkel a una reforma exprés de la Constitución que diera prioridad al pago de la deuda a la gran banca. Posteriormente, los gobiernos de Rajoy impusieron la reforma laboral, recortaron las pensiones… 

El resultado es que España es el segundo país de la UE donde más han aumentado las desigualdades desde 2007. Para que pocos, o mejor dicho muy pocos, mantuvieran o aumentaran sus beneficios, se ha impuesto precariedad, salarios bajos, peores condiciones de vida… a la mayoría.

Pero ante esta ofensiva de saqueo se han levantado enormes resistencias en la sociedad española, que han tenido hondas consecuencias sociales y políticas, y sin las que no sería posible entender la formación del nuevo gobierno.

Reflejadas en las multitudinarias movilizaciones contra los recortes, desde los sindicatos a los estudiantes, desde el movimiento feminista al de pensionistas… Y que se ha plasmado políticamente en la permanente irrupción, desde 2016, de la posibilidad de un gobierno de progreso donde se expresara la influencia de la mayoría social contra los recortes y por la regeneración democrática.

Si este gobierno, bajo cualquiera de sus formas, era o no posible ha sido y sigue siendo el centro de la vida política nacional desde hace cuatro años.

En 2016 fue necesaria una repetición electoral y un golpe interno en el PSOE para prohibir la formación de un gobierno de progreso. Y en 2019 esta batalla ha sido más aguda, forzando elecciones en abril para acabar con el gobierno surgido de la moción de censura, e imponiendo una nueva repetición electoral en noviembre para impedir un gobierno excesivamente escorado a la izquierda. 

Pero tanto en abril como en noviembre, los votos de la mayoría han impedido que pudiera avanzar la alternativa más agresiva de “gobierno de los recortes”, presidida por el PP de Casado y con la presencia de Vox como “ariete”, y han hecho posible que hoy asistamos a la investidura de un gobierno progresista de izquierdas.

La saludable “anomalía” española

Quienes lanzan furiosos ataques contra el nuevo ejecutivo claman contra “un gobierno donde por primera vez desde la guerra civil tendrá ministros de la extrema izquierda”, calificándolo como “una anomalía que no es homologable en Europa”. Lo hizo Pablo Casado en su desatada intervención en la sesión de investidura, pero previamente lo habían “verbalizado” desde Aznar a grandes medios internacionales como el The New York Times.

Y tienen razón. Más allá de los puntos de exageración, sus temores están, afortunadamente, fundados.

Este gobierno se apoya en los más de 11 millones de votos de izquierdas y progresistas que, sin contar las fuerzas independentistas, conformaron una amplia mayoría el 10-N. Supone más del doble de los votos del PP, y 2,5 millones más que la suma de PP y Vox.

Pero tiene un rasgo distintivo. El PSOE es el partido más votado y encabeza el gobierno. Pero existen más de cinco millones de votos, que deben ser tenidos en cuenta necesariamente, más a la izquierda que la socialdemocracia. 

Su peso se ha multiplicado al alza en los últimos años. Representan a amplios sectores sociales radicalizados en la lucha contra los recortes. E incluso al margen del carácter o vacilaciones de las fuerzas que van a ocupar el gobierno, tanto el PSOE como Unidas Podemos, van a hacer sentir su influencia sobre el nuevo ejecutivo.

Haciendo posible el gobierno más a la izquierda de toda Europa. En el viejo continente abundan los gobiernos de coalición. Pero en ninguno de ellos la socialdemocracia comparte presencia con fuerzas más a la izquierda. Esta es una singularidad española. Y es producto del avance de la influencia de la mayoría social contra los recortes. Limitar o marginalizar esa influencia ha sido una “obsesión” de las fuerzas que necesitan llevar más allá los recortes. Con ese objetivo forzaron nuevas elecciones en noviembre. Pero a pesar de ello, reaparece permanentemente, como expresión de la “saludable anomalía española”.

No puede entenderse la constitución del nuevo gobierno, y los furibundos ataques que ya está recibiendo, sin partir de aquí.

Ni tampoco sin tener claro que quienes iniciaron la ejecución de los recortes hace diez años no es que quieran, es que necesitan más. Apuntan permanentemente hacia las pensiones públicas para privatizarlas, reclaman mantener la reforma laboral para profundizar más todavía en el atraco a los salarios…

Por eso han hecho todo lo posible para imponer la formación de “un gobierno de los recortes sin complejos”; encabezado por el PP de Casado, pero donde también estuviera presente la ultraderecha, que se atreve a defender abiertamente la privatización de pensiones, sanidad, educación…

En estas condiciones, la mera constitución de un gobierno progresista de izquierdas, como el basado en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, es una muy buena noticia para los intereses populares. Es, al margen de los severos límites que ya se les está imponiendo, o de las dificultades que ya se están poniendo a su paso, una victoria que debemos celebrar todas las fuerzas progresistas.

Los compromisos que el nuevo gobierno ya ha adquirido -reflejados en los puntos fundamentales del acuerdo presentado- crea mejores condiciones para la lucha de la mayoría que rechaza los recortes, y genera problemas y dificultades a quienes presionan para llevar todavía más allá el saqueo contra la población.

Una oportunidad y casi todo por decidir

La investidura de este gobierno progresista abre una oportunidad para hace avanzar políticas a favor de la mayoría del pueblo. Para blindar las pensiones públicas contra el peligro de privatización, para subir salarios y combatir la precariedad…

Aprovechar esta oportunidad no puede depender solo, ni principalmente, de la actuación o consecuencia del gobierno. Es una tarea que exige la movilización del conjunto de la mayoría progresista y de izquierdas, en todos los ámbitos de la sociedad.

Porque nada está decidido. Poderosas fuerzas anuncian que “haremos todo lo que esté en nuestras manos para que este gobierno dure el menor tiempo posible”. 

Anticipando una imaginaria debacle económica si se aplican medidas progresistas… cuando han sido sus políticas de recortes las que nos han llevado al abismo.

O utilizando el acuerdo con ERC para clamar que “está en cuestión la unidad territorial”. Es evidente que el pacto con una de las fuerzas independentistas entraña riesgos. Pero en el PSOE, la fuerza que encabeza el gobierno, la posición inmensamente mayoritaria es la de colocar como límite a cualquier concesión la Constitución, y por tanto el no cuestionamiento de la unidad. 

La mayoría social que ha permitido, contra todos los impedimentos y obstáculos, conquistar un gobierno progresista va a volver a ser ahora la clave. Para que se aproveche la oportunidad de desplegar políticas al al servicio de la mayoría del pueblo, y para fortalecer la unidad en la defensa de nuestros intereses comunes.