Ante las amenazas de recortes y privatización: ¡blindemos las pensiones en la Constitución!

Las pensiones están en peligro. En peligro de recortes y, sobre todo, en peligro de privatización total o parcial. En peligro abierto o encubierto. Por eso hay que protegerlas de forma definitiva, blindando el sistema público de pensiones en la Constitución como un derecho fundamental, un blindaje que prohíba de forma explícita e inequívoca cualquier recorte o privatización, además de toda reforma que vaya a mermar el poder adquisitivo de los pensionistas presentes o futuros.

Cada cierto tiempo, con cierta periodicidad, se suceden los titulares en los que el Círculo de Empresarios -que congrega no sólo a representantes de las grandes empresas españolas, sino de las multinacionales y fondos de inversión extranjeros con intereses en España- propone retrasar la edad de jubilación a los 72 años, además de fórmulas privatizadoras como la «mochila austriaca».

No están solos en este erre que erre. Hace unos meses, la Comisión Europea volvió a advertir a España por enésima vez que «tendrá que hacer más ajustes en las pensiones»… concretamente un recorte de 12.000 millones de euros.

El mismo runrún suena cada vez que el FMI emite una de sus «recomendaciones» para España: «las pensiones de los jubilados españoles son muy superiores a las de los países comparables».

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Degradar las pensiones públicas… para hacer emerger las pensiones privadas

Las pensiones siempre están en la punta de mira de los poderes financieros, nacionales y extranjeros. Ansían desmantelar un sistema público de pensiones del que se benefician 9 millones de jubilados, y que mueve unos 120.000 millones de euros cada año, millones que al ir por ese caudal… no mueve el molino de unas pensiones privadas, cuyo nicho de negocio está «taponado» en España precisamente por la existencia de un sistema público. Según datos del INE, sólo un 8,4% de los nuevos jubilados cuentan con algún tipo de renta de un plan privado de ahorro además de la prestación del Estado.

Para ellos, para los grandes gestores de la banca, las aseguradoras y los fondos de inversión financieros en España, la ecuación está clara: necesitan degradar, empobrecer y desmantelar progresivamente el sistema público de pensiones, logrando que poco a poco las pensiones públicas vayan mermando, aproximándose a lo que podríamos llamar «jubilación asistencial»… para que el hiperlucrativo negocio de los fondos privados de pensiones pueda al fin despegar en nuestro país.

Necesitan sustituir el actual sistema de reparto, universal, solidario, intergeneracional e interterritorial, donde los trabajadores del presente sostienen con sus cotizaciones a los pensionistas del presente (a sus padres, madres, abuelas o abuelos)… por un sistema de capitalización individual, donde cada uno aparta de su propio sueldo su propia «mochila austriaca», su propia jubilación futura. Un ‘dinerito’ que los bancos usarán para jugar en bolsa y cuya rentabilidad y rentas futuras dependerá del «humor de los mercados» o de su voracidad, Unos fondos privados de pensiones que bien pueden «esfumarse» de la noche a la mañana, como hemos visto ocurrir tantas veces.

Porque es mentira que el actual sistema público de pensiones sea insostenible. Incluso con tasas de paro que harían temblar a cualquier país de la UE (superiores al 10%), la «hucha de las pensiones» española llegó a acumular 66.815 millones de euros. Una hucha, una caja de resistencia diseñada para resistir momentos adversos… pero que siempre tuvo más entradas que salidas. Hasta que el gobierno del PP de Mariano Rajoy la esquilmó en 2011, vaciándola para destinarla a partidas que nada tenían que ver con las pensiones.

No, las pensiones públicas no son «insostenibles». Los que quieren privatizarlas buscan premeditadamente su quiebra y vaciado, y para eso las «insostenibilizan» a conciencia, sembrando este interesado clima de opinión.

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La solución: ¡blindar las pensiones en la Constitución!

Desde 2013, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) lucha por blindar las pensiones en la Constitución, quedando prohibida toda forma de recorte o privatización.

La MERP une ya a más de 500 organizaciones políticas, sindicales y sociales, de variadísimo signo ideológico y orientación política unidas por el mismo objetivo:

La MERP, que ha recogido ya más de 3 millones de firmas en más de 10 años de trabajo, ha conseguido un enorme reconocimiento político, institucional y social. Y con campañas como «el candado de las pensiones» o «somos 47 millones de pensionistas» se ha transformado en una de las grandes referencias de la lucha pensionista en este país, abriendo paso a un consenso cada vez más potente: blindar las pensiones es prohibir su privatización.