Cargando...El debate sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) llega a su fin. A día de hoy, los Presupuestos tienen confirmado el voto favorable de PSOE (120), Unidas Podemos (35), ERC (13), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), PNV (6), Bildu (5) y PDeCat (4). Un total de 187 votos, superando ampliamente la mayoría absoluta y ampliando la llamada «mayoría de la investidura». Y todavía no es descartable que se unan otras formaciones como Teruel Existe o el Partido Regionalista de Cantabria.
Estamos ante unos PGE expansivos -un total de 383.542 millones de euros, un 33% por encima de 2020- y con el mayor gasto social de la historia, 239.765 millones. Suben un 0,9% los salarios de funcionarios y las pensiones. Habrá un 30% más para políticas de empleo, y aumenta el dinero disponible en Sanidad; en Educación crece el 7,5% y las becas un 32,7 %; un 34% más para Dependencia. Las partidas para Igualdad y políticas de género se multiplican por tres, las de Vivienda se multiplican por cinco; y por fin se dota de fondos el Ingreso Mínimo Vital
A última hora se han retirado mociones sobre los desahucios debido al compromiso en firme de que se aprobará un decreto que prohíba los desahucios.
Estamos por tanto ante una triple buena noticia. Es bueno que los presupuestos aumenten la inversión social, dando pasos en desandar el camino de los recortes que hemos padecido más de una década. Es bueno que el gobierno progresista amplíe sus apoyos, y se dote -en este año plagado de dificultades- de estabilidad para acabar la legislatura. Y es bueno que una vez más, se demuestre que estamos ante un gobierno que -aunque de forma parcial y limitada- está bajo el influjo de la mayoría social progresista, y que se guía por atender algunas de sus demandas y necesidades.
Ahora bien ¿son estas las cuentas que necesita el país y el pueblo? ¿Atienden suficientemente las necesidades inmediatas de las masas populares, castigadas por una triple crisis (sanitaria, económica y social)? ¿Revierten por completo los recortes sociales? ¿Ponen las bases materiales para un cambio en el modelo productivo, capaz de reindustrializar el país, creando riqueza y empleo de calidad? ¿Implican una mayor soberanía respecto a los dictados del FMI o de Bruselas? ¿Ponen las bases para resolver la montaña de deuda?
La respuesta a todas estas cuestiones es… que no.
De hecho, estos expansivos presupuestos dependen en gran parte de la llegada de los 140.000 millones del Fondo de Recuperación Económica de la UE. Unos fondos que tienen «letra pequeña», y cuyos tramos de adjudicación están condicionados a que España cumpla con los mandatos macroeconómicos que llegan desde la Comisión Europea. Condiciones entre las que está la no derogación de lo sustancial de la Reforma Laboral de Rajoy, o una «reforma estructural» de las pensiones públicas.
El imprescindible incremento en el gasto social no puede proceder de la «ayuda envenenada» de Europa, que tarde o temprano significará más deuda, más imposiciones y más saqueo.
Las cuentas que necesita el país sólo pueden proceder de la Redistribución de la Riqueza. Ésta es la verdadera “vacuna” capaz no ya de paliar los efectos de la gravísima crisis económica -en la que las previsiones la de OCDE hablan de una caída del 11,6% del PIB para este año- sino de emprender otro camino para el país, de crear las bases materiales de otro modelo productivo, de millones de puestos de trabajo de calidad, de acabar con una precariedad que parece crónica.
Muchos torcerán el morro, preguntando de dónde salen los recursos o señalando que en tiempos de crisis no hay dinero.
Pero claro que hay recursos, claro que hay riqueza para salir de la crisis en beneficio de la mayoría. Entre las 35 mayores empresas y Bancos representados en el IBEX abonaron a sus accionistas este año 9.558 millones. Y esto sólo es algo más de la mitad de su ganancia neta. Y sin embargo, gozan de enormes privilegios y bonificaciones fiscales, pagando en el mejor de los casos un 7% de sus beneficios. Mucho, mucho menos que una sufrida pyme.
Ahora que los bancos españoles disfrutan de tipos de interés negativos por parte del BCE -es decir, que cobran por recibir dinero prestado, cosa que no les impide subir brutalmente las comisiones a sus clientes- y que están saneando sus balances contables para emprender un baile de fusiones, es un buen momento para recordarles que nos deben dinero. Mucho, mucho dinero. Los ciudadanos rescatamos al sistema financiero con no menos de 65.700 millones (el rescate de la banca es mayor, pero tomemos la cifra «oficial» y reconocida), y ahora se hacen los locos. Necesitamos esos recursos. Que los devuelvan, íntegramente, a plazos. Que empiecen ya.
El Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) ha calculado que el fraude fiscal en España se eleva a 91.000 millones de euros ¡cada año!, y que procede muy principalmente del que efectúan, mediante sofisticadas técnicas de ingeniería fiscal, bancos, monopolios y grandes fortunas. El último informe de Intermón Oxfam denuncia que a finales de 2019 las empresas del Ibex35 mantenían 740 filiales en Paraísos fiscales esquivando el pago de impuestos. Acabar con este fraude, mediante un cuerpo especializado e independiente de inspectores, permitiría recaudar más de 360.000 millones en una legislatura. Eso es casi el equivalente a los PGE de 2021.
Son apenas unos pocos ejemplos de las enormes potencialidades de la «vacuna» de la redistribución de la riqueza.
Una «vacuna» que permitiría elevar las rentas de los trabajadores y blindar las pensiones en la Constitución; acabar con los recortes y duplicar la inversión en sanidad, educación, dependencia, políticas sociales o I+D+i; y no solo ayudar a los sectores más afectados por la crisis -pymes, hostelería, turismo, comercio- sino invertir en reindustrializar España, creando un potente tejido productivo y millones de puestos de trabajo estables y de calidad.
Esta es la «vacuna» que necesitamos para salir de la crisis. La «vacuna» de la Redistribución de la Riqueza.