Casi 13 millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión en España en 2013. Es decir, el 27,3% de la población, según se desprende del informe presentado este martes por la EAPN (un conjunto de organizaciones y ONG que trabajan dentro de la Unión Europea). Este estudio, elaborado en el periodo de crisis de 2009 a 2013, valora el llamado indicador AROPE (tasa de riesgo de pobreza y exclusión social), que combina elementos de renta, posibilidades de consumo y empleo en la sociedad.
Desde 2009, un total de 1.320.216 personas pasaron a estar en riesgo de pobreza en sólo tres años. El número de ellas consideradas como pobres (las que viven en hogares con unos ingresos anuales iguales o inferiores a 8,112.2 euros), descendieron en 216.711, hasta contabilizarse un total de 9.614.476 en 2013. Pero las cifras siguen siendo muy pesimistas. De hecho, la EAPN explica en su informe que a pesar de ralentizarse el crecimiento del riesgo de pobreza, la situación no ha mejorado porque se trata simplemente de un efecto estadístico motivado por la reducción de ingresos en gran parte de la población (por eso baja el umbral de la pobreza), a lo que se debe añadir el retorno de inmigrantes pobres a sus países de origen, tras no haber encontrado ni trabajo ni la vida que esperaban en España.
Más allá de estos datos generales, hay muchas otras cifras preocupantes en el estudio. Una es la que resulta de la llamada ‘Privación Material Severa’, que alude a la imposibilidad que tienen determinadas personas de acceder a bienes considerados básicos en la sociedad en la que actualmente se vive. A pesar de que este concepto no forma parte de los indicadores del AROPE, muestra un conjunto de personas que comienza a ser muy vulnerables y cuya protección es “frágil”. Estos bienes básicos son nueve: pagar la hipoteca o el alquiler de una vivienda, mantener una casa a una temperatura adecuada en los meses de invierno, permitirse una comida de carne, pollo o pescado, cada dos días; permitirse unas vacaciones de una semana al año, tener la capacidad de afrontar gastos imprevistos, disponer de teléfono, televisión en color, lavadora y coche.
La carencia de cuatro de estos elementos es lo que determina si existe esa privación severa. En 2013, el 6,2% de la población se encontraba en esa situación en España. Si miramos la carencia de al menos dos de esos nueve conceptos considerados básicos, la cifra se dispara hasta el 38%. Y los porcentajes más altos se registran en las edades intermedias: el 44% de las personas de entre 16 a 29 años y el 38,9% en el caso de españoles entre 30 y 44 años.
Además, resulta especialmente alarmante la diferencia que existe entre unas comunidades y otras, que oscila entre el 0,6% de Navarra y el 15,3% registrado en Ceuta. En el conjunto del territorio nacional, esta población ha crecido en más de 800.000 personas llegando a sumar un total de 3 millones en el periodo de estudio (2009-2013). Madrid, Cataluña y Andalucía aportan más de la mitad de la población en privación material severa, con 474.175, 460.773 y 590.821 personas respectivamente, siendo la comunidad andaluza la que mayor tasa de personas con estas carencias presenta. Los únicos territorios españoles en los que esta tasa se redujo durante el periodo de crisis económica estudiado fueron Canarias, Navarra y Castilla y León, que juntos restaron a 102.384 personas.
Junto con este indicador de ‘privaciones’, el estudio evalúa las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Una expresión muy común que escuchamos a diario y con la que mucha gente se puede identificar, según muestra el informe. Algo más del 38% de la población en España tenía ‘dificultad o mucha dificultad’ para conseguir pagar todas las facturas cada mes en 2013. Además, un 28% aseguraba ‘ciertas dificultades’ en el mismo sentido. Si se suman ambos, el estudio concluye que un 66% –dicho en otros términos, dos de cada tres personas– experimentaba problemas para llegar a fin de mes.