Amos y empleados

Se nos dice que el problema reside en la “trama”, en las relaciones incestuosas entre el Estado y los poderes privados. Pero ¿sólo cambiando la clase política, sería posible “desarticular la trama”, supervisar desde el Estado a las grandes empresas y fortunas e imponer un “control social” sobre los bancos y monopolios?

Hace unos años, el escritor norteamericano Gore Vidal, en una entrevista que pudimos leer en «De Verdad», se burlaba de quienes consideraban a Bill Clinton -entonces presidente norteamericano- como el hombre más poderoso del mundo, con capacidad para tomar decisiones que marcaban el rumbo del planeta. Nos recordó que hay amos y empleados. Los amos son los grandes nódulos de la burguesía monopolista norteamericana. Y sus empleados son todos los altos cargos del Estado, incluyendo el “todopoderoso” presidente de EEUU.

Conviene recordarlo ahora que, con la metáfora de las puertas giratorias, se ve del revés esta relación.

En su libro “Ibex35, la historia herética del poder en España”, Rubén Juste hace un exhaustivo análisis de las estrechas relaciones entre el poder político y los grandes bancos y monopolios. Basado en la profusa presencia de altos cargos del Estado en los consejos de administración del Ibex35.

Este es un hecho, que se explica con el recurso a las “puertas giratorias” que permiten a altos cargos del Estado pasar con impunidad del sector público al privado. ¿Pero por qué es un fenómeno tan masivo en España?

Rubén Juste lo explica desde el “sentido patrimonial de las élites españolas”, que han considerado que “las instituciones públicas son suyas”. Desde aquí plantea que “el matrimonio entre el Estado y el Ibex es un fenómeno propio de nuestra historia, que ha hecho que una élite pueda manejar los resortes de la economía y la política sin demasiada supervisión”. Y presenta un caso similar: Corea del Sur.

Basta repasar la administración Trump para darse cuenta de que no existe un solo alto cargo que no tenga una vinculación directa con grandes bancos y monopolios. No es un “exceso” fruto de la extravagante personalidad del actual inquilino de la Casa Blanca. Ha sucedido en todos los gobiernos norteamericanos, sean republicanos o demócratas.

También sucede en la “civilizada” Alemania, donde, por poner solo un ejemplo, la empresa Bayer dispone de 400 altos cargos del gobierno central y de los länders con vínculos directos con la compañía, y que reúne periódicamente para dictarles órdenes.

En mi opinión, la fusión entre los intereses de bancos y monopolios y el Estado no es fruto del atraso español, que puede corregirse con una modernización que elimine los malos hábitos del pasado. Es una característica fundamental del capitalismo monopolista de Estado, que se manifiesta de forma más aguda en los países más desarrollados.

Y conviene tener claro quién manda, quiénes son los amos y los empleados.

En su análisis sobre el Ibex35, Rubén Juste enlaza en una misma trama a grandes bancos y monopolios, y a fondos extranjeros, pero el centro principal, su nódulo, hacia donde se dirige la mirada, es hacia los políticos. Son los clanes políticos los que, al entrar en los consejos de administración del Ibex-35, han creado la trama y son su nódulo principal.

Se señala al “clan Solchaga” como gran centro rector del Ibex-35 en los ochenta y primera mitad de los noventa. Luego es “el imperio Aznar” el que se hace con el control del Ibex-35.

Según esta versión, son los clanes políticos los que, al entrar en los consejos de administración del Ibex-35, han creado la trama y son su nódulo principal. Los empleados se han convertido de repente en amos.

A mi entender, Rubén Juste hace desaparecer a los grandes bancos -hoy el Santander y el BBVA- como nódulos principales, no de una “trama”, sino de una oligarquía financiera constituida como clase dominante, que es propietaria del Estado y que da entrada a altos funcionarios en los consejos de administración como pago de los servicios prestados.

Y afirma que “este capitalismo español concentrado ha ayudado a que los partidos y sus líderes se sitúen en una posición privilegiada dentro del poder económico, cual oligarquía perestroikiana, hasta ser un reflejo del mismo, ocupando así sus más altas posiciones. Los gobiernos de nuestra historia democrática y predemocrática se abrazan en el Ibex35, en un imparable juego de puertas giratorias”.

Según esta explicación parece que no manda Botín sino Solchaga o Aznar. Y que el problema principal ya no es la existencia de una oligarquía propietaria de los principales bancos y monopolios que se apropian de la riqueza que todos producimos, sino las “malas prácticas” de clanes políticos los que han creado la “trama”, la mafia.

Y por lo tanto que el centro de la incontenible indignación popular no debe dirigirse hacia quienes de verdad mandan, sino hacia los desmanes de sus empleados.

Es un pensamiento que se difunde como dominante entre la izquierda, parece que no existe un dominio inherente al monopolio, al capital financiero, a la oligarquía financiera, incompatible con los intereses de la mayoría de la sociedad. Y que, por lo tanto, evita cuestionarlo.

Por el contrario, se nos dice que el problema reside en la “trama”, en las relaciones incestuosas entre el Estado y los poderes privados. Y que el principal culpable es la clase política que ha abandonado la defensa del interés público para pasarse al sector privado.

Lo que en mi opinión plantea un problema: ¿sólo cambiando la clase política, sería posible “desarticular la trama”, supervisar desde el Estado a las grandes empresas y fortunas e imponer un “control social” sobre los bancos y monopolios? ¿No contribuye ese pensamiento a salvaguardar el dominio de los que de verdad mandan, dirigiendo toda la indignación popular hacia la mala gestión, trufada de corrupción, de sus empleados?

Un debate abierto

Con mi modesta opinión en este artículo pretendo contribuir al debate abierto, aportando preguntas que necesitamos responder en el seno de la izquierda.

¿Quién tiene el poder real en España?, y ¿cómo podemos enfrentarnos desde los intereses de la mayoría?

¿La alternativa para detener el avance del “capitalismo salvaje” es una mayor intervención del Estado “defendiendo los intereses generales”? O por el contrario, ¿la intervención de este Estado -como se ha confirmado con los rescates bancarios- sólo puede actuar en beneficio de quienes son sus dueños y en perjuicio de la mayoría de la población?