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Emilio Botín y cinco de sus hijos, entre ellos la expresidenta de Banesto y dirigente del Santander en Reino Unido, Ana Patricia Botín, así como su hermano, Jaime Botín, y también cinco de sus hijos, aparecían entre los 659 contribuyentes españoles que ocultaron más de 6.000 millones en la filial suiza del banco HSBC, el HSBC Private Bank. LA VANGURDIA.- La sesión más importante de un Parlamento es la del debate de los presupuestos. Lo era especialmente ayer en vista del primer presupuesto presentado por el Gobierno salido de las urnas el pasado noviembre. Se abrió la sesión casi puntualmente como queriendo dar la sensación de normalidad. Y no había normalidad. El president Mas y la presidenta De Gispert llegaron en helicóptero a las puertas del Parlament. Varios consellers y diputados aterrizaron en el mismo lugar en los ocho trayectos aéreos para transportar a parlamentarios. Un grupo numeroso llegó a bordo de furgones policiales. Y los que se arriesgaron a entrar a pie fueron abucheados, golpeados y asediados. Muy inquietante la cruz negra pintada en la gabardina de la diputada Tura. Editorial. El País Amenaza de recaída El informe anual del Banco de España insiste machaconamente en las exigencias de ajuste presupuestario que debe cumplir el Gobierno para alejar el riesgo de nuevos episodios de castigo de los mercados. El análisis de la institución es básicamente correcto. Parece necesario imponer un techo de gasto a las comunidades autónomas, mantener los objetivos de reducción del déficit, aplicar nuevos ajustes si se aprecia alguna desviación significativa en las cuentas públicas y si fuese necesario subir impuestos, hacerlo en los tributos indirectos. El Banco de España se atreve, incluso, con la idea de reducir gastos fiscales, aunque pasa por alto esa fuente importante de ingresos que sería la corrección del fraude fiscal. El banco, a través del discurso leído por su gobernador, defiende ni más ni menos que los compromisos de ajuste fiscal aceptados por el Gobierno ante las autoridades europeas. Ahora bien, esta sabia opinión elude en esta ocasión los perfiles más duros de la realidad. Pocos inversores pueden dudar ya de que las autoridades económicas mantienen a rajatabla el compromiso de control del gasto; tampoco pueden olvidar que se ha impuesto una reforma del sistema de pensiones (de la que el gobernador se felicita), o que a trancas y barrancas se alumbra una reforma laboral (aunque el Banco de España la considere insatisfactoria) o que prosigue su marcha la reforma del sistema financiero. Y, sin embargo, a pesar de esos compromisos políticos, la prima de riesgo española no desciende. Para un optimista bastará con que no se dispare, pero lo cierto es que para que la economía tenga expectativas de crecimiento (es decir, según el Banco de España, para que se estabilice el coste de la deuda, disminuyan los gastos financieros, los bancos españoles estén en disposición de competir con los alemanes y los consumidores recobren la confianza) es necesario que la prima de riesgo se reduzca. El problema es que el diferencial se resiste a bajar; y probablemente no lo hará mientras en España esté atascada la reforma de las cajas de ahorros, persistan las dudas sobre el impacto de la deuda autonómica sobre la banca (el PSOE, el PP y CiU son incapaces de despejar esa incógnita) y la reforma laboral esté en el limbo de la indefinición. Y todo esto con la amenaza de un nuevo parón del crecimiento económico del que ya hay indicios (ojalá no se confirmen) en el segundo trimestre. EL PAÍS 16-6-2011 ******************************** Economía La Audiencia investiga a la familia Botín La Audiencia Nacional investigará al presidente del Banco Santander y varios de sus familiares por un presunto delito contra la hacienda pública y falsedad documental. Emilio Botín y cinco de sus hijos, entre ellos la expresidenta de Banesto y dirigente del Santander en Reino Unido, Ana Patricia Botín, así como su hermano, Jaime Botín, y también cinco de sus hijos, aparecían entre los 659 contribuyentes españoles que ocultaron más de 6.000 millones en la filial suiza del banco HSBC, el HSBC Private Bank. Según explica la Audiencia en un comunicado, la Hacienda de Francia informó en mayo de 2010 a la española de que el banquero y sus familiares figuraban en la relación de personas con dinero en Suiza que se dio a conocer en 2010 y que no habían declarado estos fondos entre los años 2005 a 2009. Además, las cantidades defraudadas por Botín y sus familiares superan los 120.000 euros por contribuyente, ya que este es el mínimo a partir del cual la evasión se puede considerar delito y procesarse por la vía penal. Tras esta notificación, la Agencia Tributaria requirió a los denunciados que presentasen sus declaraciones de estos cuatro años, que en su mayor parte eran complementarias de las previamente presentadas en el plazo voluntario de la declaración. No obstante, ante la "ingente documentación" presentada por Botín y sus familiares, Hacienda se declaró "incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces" y traspasó el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes próximas a la familia aseguran que el origen de ese patrimonio en Suiza se debe a la huida del padre del actual presidente del Banco Santander a ese país en 1936, cuando acababa de estallar la Guerra Civil española y fue cesado de sus cargos en la entidad financiera. Durante su estancia en Suiza, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López abrió una cuenta a la que trasladó parte del patrimonio familiar y creó una fundación para que lo administrara, que no ha recibido aportación de los herederos desde el fallecimiento del empresario en 1993. Según esas mismas fuentes, a raíz de que la Agencia Tributaria requiriera información en 2010 al fallecido Emilio Botín Sanz de Sautuola y López por la información recibida del caso HSBC, el presidente del Banco Santander, su hermano Jaime y sus respectivos hijos procedieron a regularizar las declaraciones con pagos de 200 millones de euros. "La familia Botín ha realizado una regularización voluntaria y completa, está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y espera que muy pronto todo este asunto se aclare satisfactoriamente en sede judicial", asegura un portavoz. Prescripción del delito El Ministerio Fiscal, ante la inminente prescripción el próximo 30 de junio del supuesto delito, optó por denunciar el caso ante la Audiencia, donde ha sido admitida a trámite por el titular del juzgado número 4 de esta instancia, Fernando Andreu, para poder seguir investigando si hay delito o no en la actuación del presidente del Santander, el mayor banco de España, y sus familiares. A partir de ahora, la investigación de la documentación fiscal presentada correrá a cargo de dos peritos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria. Ellos serán los responsables de confirmar si los denunciados han regularizado su situación fiscal. El titular del juzgado recuerda que, dado que la Administración no ha sido capaz de concluir las investigaciones, toca concluir el caso "en el proceso penal, con las garantías y derechos que en el mismo se reconocen, y que deba ser declarada por un juez o tribunal". Contra la decisión del magistrado de admitir la denuncia se puede interponer un recurso de reforma ante el propio juzgado, concluye la nota. Además, el juez Andreu recuerda que "en el supuesto de que las regularizaciones practicadas por los contribuyentes sean completas y veraces" se exculpará a los denunciados y se archivarán las diligencias. Origen del caso El caso tiene su origen en 2006, cuando un empleado del HSBC Private Bank robó los datos de 24.000 clientes que tenían su dinero en el paraíso fiscal de Suiza y se los pasó, cuatro años después, a las autoridades francesas. La Hacienda francesa investigó a los contribuyentes de este país que aparecían en la lista por un presunto delito de evasión fiscal y trasladó a otros países, entre ellos España, la relación de sus nacionales con dinero en la la filial del HSBC. De los 24.000 ricos que aparecían en la lista, 15.000 de ellos seguían teniendo fondos en 2009 en Suiza, país que ha hecho del secreto bancario su principal señal de identidad. Cuando la Agencia Tributaria española recibió los nombres de 1.500 supuestos defraudadores, que fue la primera cifra que se dio, con unos 6.000 millones en el paraíso fiscal, les remitió una carta a principios del pasado verano rogándoles que explicaran y, en su caso, regularizaran su situación con Hacienda. Pero la iniciativa, dirigida contra contribuyentes con recursos suficientes para llevar su dinero a Suiza, no tuvo mucho éxito. Por ese motivo, decidió, tras un cambio en la dirección de la Agencia Tributaria, abrir una inspección a los 1.500 contribuyentes incluidos en la lista, cifra que después rebajó a 659, ya que algunos de los investigados eran titulares de varias cuentas. 260 millones regularizados De estos 659 contribuyentes, fuentes de Hacienda recuerdan que unos 300 -entre ellos Botín, sus hijos, su hermano y sus familiares- regularizaron voluntariamente su situación tras la apertura de las inspecciones. Entre todos los inspeccionados abonaron al Fisco 260 millones de euros, una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que esta era la cuota tributaria (más intereses de demora) del total de dinero depositado en Suiza. Estos fondos tributan a un 18% (el tipo vigente en el año de los supuestos delitos, ya que ahora es del 21%) si se puede justificar su origen como rendimientos de capital. En caso de ser un dinero con origen injustificable, se aplica el 43%, el tipo máximo del IRPF. Aunque no es una regla oficial, la filial suiza del HSBC suele exigir un capital mínimo de 1,6 millones para abrir una cuenta. No obstante, las explicaciones ofrecidas por los contribuyentes no convencieron en todos los casos a Hacienda, que remitió los datos de los contribuyentes a la Fiscalía Anticorrupción el pasado enero cuando la cantidad a regularizar era superior a los 120.000 euros que convierten el no pagar impuestos en delito. En total, Hacienda ha realizado 527 inspecciones, de las que 349 han terminado en sanción y, a 11 de mayo, 7 casos habían sido enviados a la Fiscalía. Sobre este asunto, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó el martes con los votos de PSOE, PP, CiU y PNV una moción de ICV que planteaba una serie de iniciativas para "poner la economía al servicio de las personas". Entre las medidas que incluía se pedía "actuar con la máxima contundencia" contra las 659 "grandes fortunas" titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar, haciendo público el listado de denunciados. En Francia, se ha vivido un proceso parecido con las cuentas del HSBC, pero el hecho de que las pruebas hayan sido obtenidas de manera ilícita ha servido a la Corte de Apelación de París para anular las inspecciones realizadas a uno de los contribuyentes investigados. Además, ha condenado a la Hacienda de este país a pagar una indemnización. EL PAÍS. 16-6-2011 Editorial El Mundo La democracia no puede consentir esta escalada LAS ESCENAS que se produjeron ayer a las puertas del Parlamento catalán son inéditas en la historia de la democracia. Difícilmente alguien podía imaginarse que el presidente de la Generalitat tendría que acceder en helicóptero a la Cámara, asediada por una multitud violenta que llegó a agredir, insultar y lanzar objetos contra los diputados y que recibió con piedras y botellazos a los Mossos d’Esquadra. Al mismo tiempo que se producían estos hechos, Cayo Lara, el líder de IU, era zarandeado y denostado cuando intentaba sumarse a un grupo de radicales que impidieron un desahucio en un barrio Lo sucedido ayer en Barcelona es la culminación de una escalada de agitación en la calle que empezó en la Puerta del Sol hace un mes de forma pacífica y que está desembocando en un movimiento radical y antisistema que no respeta la propiedad ni las personas. Esta deriva encontró su primer punto de apoyo en la decisión del ministro del Interior de no cumplir la resolución de la Junta Electoral Central, que estableció que la concentración de la Puerta del Sol era ilegal en pleno proceso electoral. Rubalcaba optó por lavarse las manos, tolerando lo que era una flagrante violación de la ley. Luego vinieron la protesta ante el Congreso, la manifestación violenta ante las Corts valencianas, los actos frente a los ayuntamientos, la intimidación a Gallardón en su propio domicilio y, por último, el asedio al Parlamento catalán. El común denominador de todos estos hechos es la absoluta pasividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que tenían la orden de permanecer impasibles ante la escalada de la violencia, a la espera de que los jóvenes airados se cansaran y se fueran a su casa. Pero el cálculo de Rubalcaba, que filtró la semana pasada a su emisora de cabecera que simpatizaba con quienes protestaban, ha sido equivocado porque ha sucedido lo contrario: en la medida que él iba cediendo, los indignados ganaban terreno en la calle. Todavía decía ayer Zapatero en el Congreso que no le preocupaban los movimientos de protesta. Pocas horas después, comenzaban las agresiones contra los diputados catalanes y Artur Mas comparecía en la sede parlamentaria para advertir que estaba dispuesto a recurrir al «uso legítimo de la fuerza», tras denunciar «el caos» producido por «profesionales de la violencia» que habían cruzado «la línea roja». En el mismo sentido se había pronunciado José Bono, que afirmó a primera hora de la mañana que los manifestantes de Barcelona estaban cometiendo un delito tipificado en el Código Penal y que las Fuerzas de Seguridad tenían que intervenir sin dilación alguna. Las palabras de Bono son de sentido común porque, como él recordó, el Estado tiene en un régimen democrático el monopolio del uso de la violencia, lo que significa que está obligado a evitar que se cometan delitos y que un grupo violento se apodere de la calle. Los graves acontecimientos de estos últimos días marcan un salto cualitativo y cuantitativo de la protesta. En Barcelona, hubo falta de previsión de la consejería de Interior, pero la espiral de violencia se ha producido por la absoluta inoperancia de un Ministerio del Interior que se ha negado a asumir sus obligaciones y que ha sido incapaz de coordinar la respuesta a las movilizaciones de los diferentes cuerpos de Seguridad del Estado. Veremos cómo actúa el próximo domingo, fecha en la que hay convocada una manifestación legal en Madrid que podría derivar en incidentes violentos si Rubalcaba mantiene la misma actitud. El resultado de esa pasividad ahí está: un país en el que un reducido número de agitadores se ha hecho dueño de la calle bajo el pretexto de un descontento social, que es real. No es extraño en este contexto que, como informa hoy nuestro periódico, Goldman Sachs haya dado a sus clientes el consejo de vender todos los activos en España. Si Zapatero y Rubalcaba no son capaces de imponer el orden en la calle y hacer que se respete la ley, lo mejor que pueden hacer es dar paso a otros que sepan cumplir con su deber. EL MUNDO. 6-2011 Opinión. La Vanguardia Una jornada inquietante Lluis Foix La sesión más importante de un Parlamento es la del debate de los presupuestos. Lo era especialmente ayer en vista del primer presupuesto presentado por el Gobierno salido de las urnas el pasado noviembre. Se abrió la sesión casi puntualmente como queriendo dar la sensación de normalidad. Y no había normalidad. El president Mas y la presidenta De Gispert llegaron en helicóptero a las puertas del Parlament. Varios consellers y diputados aterrizaron en el mismo lugar en los ocho trayectos aéreos para transportar a parlamentarios. Un grupo numeroso llegó a bordo de furgones policiales. Y los que se arriesgaron a entrar a pie fueron abucheados, golpeados y asediados. Muy inquietante la cruz negra pintada en la gabardina de la diputada Tura. Algo muy grave ocurrió ayer por la mañana para que todos los grupos parlamentarios condenaran unánimemente la violencia practicada por quienes impidieron la libre entrada de los diputados en el Parlament. El acuerdo de que ningún partido entrara a valorar los operativos policiales indica la gravedad del momento. Estuvo claro y rotundo el president Mas al advertir que no se permitirá que se crucen más líneas rojas y anunciando un posible uso de la violencia legítima si se vuelve a impedir la entrada o salida de diputados, periodistas o funcionarios del Parlament. A pesar de la importancia del debate de presupuestos, la jornada de ayer se caracterizó por la defensa de las libertades que fueron gravemente lesionadas por el colectivo de indignados que confundieron el Parlament con la plaza Catalunya o las calles en las que se han manifestado en el último mes expresando un serio malestar sobre la crisis, el funcionamiento de las instituciones o la respuesta política a los problemas de la gente. Es intolerable que el Parlament estuviera sitiado durante muchas horas en el día de ayer. No sé si se pudo evitar el secuestro de la sede de la soberanía popular. Ya habrá tiempo para analizar cómo se estudiaron y ejecutaron los dispositivos policiales. El mensaje que salía ayer del Parlament es que se puede discutir sobre todo y siempre, en las instituciones y también en las calles, pero con el imprescindible requisito de hacerlo sin violencia física y con el respeto a las ideas o propuestas de los demás. La democracia no es sólo una cuestión de temas de fondo sino también de procedimientos, de ideas, de ideales, de compromisos con la moralidad de los actos públicos. Los elementos esenciales de la sociedad abierta popperiana son la libre discusión y la existencia de instituciones para proteger la libertad y amparar a los desfavorecidos. Aquí no entran los profesionales de la violencia y la coacción. Pero sería un error hablar sólo de orden público sin acometer políticamente los problemas que angustian a muchos, tanto si están indignados como si no. LA VANGUARDIA. 16-6-2011