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Las protestas contra la reforma de la Seguridad Social del gobierno sandinista se han transformado en violentos disturbios entre manifestantes opositores, grupos de apoyo al gobierno y fuerzas policiales, cobrándose ya una treintena de muertos y medio millar de heridos.
En Nicaragua -que fue escenario de una cruenta intervención norteamericana en los 80, cuando la administración Reagan financió, armó y dirigió a la «contra», un ejército de paramilitares que perpetró miles de crímenes contra los revolucionarios sandinistas- hace ya diez años que gobierna con una cómoda mayoría el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), la antigua guerrilla antiimperialista que obtuvo en 2016 un 61% de los votos en las últimas elecciones municipales. Sus políticas redistributivas, su conquista de una mayor soberanía respecto a EEUU, su apertura al comercio con otras naciones latinoamericanas y del Tercer Mundo -especialmente con Venezuela o China- han hecho que su economía crezca a un ritmo medio del 6% en el último lustro, bajando la pobreza en Nicaragua del 42,5% al 29,6%
Sin embargo, el anuncio por parte del presidente Daniel Ortega de una reforma de la Seguridad Social, que incluía una reducción del 5% de las pensiones y aumentos a las cuotas que entregan la patronal y los trabajadores, suscitó no solo un rechazo frontal de los empresarios, sino de buena parte de la base social y electoral sandinista. Las protestas contra la reforma se hicieron sentir en zonas consideradas bastiones del FSLN, como la ciudad de León, el barrio Monimbó en Masaya, universidades públicas, así como entre los excombatientes del Ejército Popular Sandinista.
Las protestas, inicialmente pacíficas, se fueron radicalizando hasta degenerar en una inusitada violencia. Barricadas, coches quemados, piedras y troncos cruzados; supermercados y tiendas arrasadas, bancos sin dinero, colas en las gasolineras. Y sobre todo, cruentos disturbios en la Universidad Politécnica (Upoli). Los choques entre manifestantes opositores -que ya no solo protestaban contra la reforma de la Seguridad Social, sino que exigían acabar con el gobierno de Ortega- y las fuerzas policiales, así como la violenta intervención de grupos de choque sandinistas (las llamadas “turbas”), causaron cerca de treinta muertos, entre ellos un periodista mientras informaba en la calle.
Buscando apaciguar los ánimos, el presidente Daniel Ortega anunció la retirada de la reforma de la Seguridad Social. Pero las protestas no han remitido ni la tensión tampoco. Las cámaras empresariales han convocado un paro patronal y una gran marcha nacional.
Independientemente de la justeza o injusticia de las medidas del gobierno sandinista sobre la Seguridad Social; independientemente de la veracidad de las acusaciones de «corrupción» que se dirigen contra el gobierno de Daniel Ortega; e independientemente de la crudeza empleada por las fuerzas policiales o las «turbas» motorizadas del FSLN para reprimir las guarimbas, diversos analistas de medios de comunicación de la izquierda latinoamericana no han dudado en señalar que detrás de la deriva violenta de las protestas se encuentra un plan de intervención norteamericano contra el gobierno sandinista, una nueva reedición de la táctica de los «golpes blandos» prácticamente calcada a la que se ha utilizado en Venezuela para provocar un cambio de gobierno.
En 2014 y 2017 Venezuela registró fuertes episodios de violencia y casi un centenar de muertes producto de protestas antigubernamentales (las llamadas guarimbas) con un amplio patrocinio nacional e internacional, especialmente estadounidense. Violentos disturbios encabezados por los sectores más proyanquis y golpistas de la oposición venezolana -Leopoldo López o Henrique Capriles- y que fueron presentados ante la opinión pública mundial -mediante el aparato mediático afín a los intereses de Washington- como «legítimas protestas del pueblo venezolano, indignado ante el caos económico y la carestía provocadas por el gobierno de Maduro».
El periodista Adolfo Pastrán ha denunciado que los nuevos hechos de violencia en Nicaragua forman parte de una serie de acciones desestabilizadoras que se han generado progresivamente desde enero pasado, y que agitadores de la oposición se infiltraron en la protestas pacíficas que pedían la derogación del decreto sobre la seguridad social, con el objetivo de llamar a la violencia, crear caos y pedir la renuncia del gobierno.
Para el analista internacional Sandino Asturias, EEUU busca por medio de estos «golpes blandos» desestabilizadores recuperar los espacios perdidos en la región en los últimos años. Estos «golpes suaves» -llamados así porque no ponen en primer plano el uso de la fuerza militar, si acaso al final del proceso golpista, para terminar de decantar la caída del gobierno- siguen las pautas del manual del politólogo norteamericano (y ex-analista de la CIA) Gene Sharp: el uso combinado de las «protestas de la sociedad civil», de la artillería mediática y el sabotaje económico, que crean una sensación de caos para propiciar el derribo de gobiernos hostiles o refractarios al poder de Washington, como es el caso del FSLN.
En cuanto a los objetivos concretos de EEUU en Nicaragua, el politólogo y analista Ernesto Wong explicó que entre sus metas está desacreditar la Revolución Sandinista y su influencia en los países vecinos, que han visto en Managua un ejemplo a seguir. Además, Washington busca romper las relaciones bilaterales y comerciales que Managua y el resto de América Central mantienen con China y otras economías emergentes. A EEUU le preocupa especialmente el proyecto chino-nicaragüense de abrir un segundo Canal Transoceánico entre el Caribe y el Pacífico, un competidor directo del Canal de Panamá que controla EEUU.
La injerencia de EEUU en Nicaragua es secular, y no ha cesado de incrementarse desde que en 2007 el FSLN accediera al gobierno. Uno de sus vehículos principales es la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que bajo el pretexto de financiar «ayuda para el desarrollo» y «programas de defensa de los derechos humanos», no ha dejado de inyectar millones de dólares a las organizaciones opositoras a los gobiernos antihegemonistas. En concreto, tras las protestas en Managua, el director de la USAID, Mark Green, se reunió con los líderes de la «sociedad civil» antisandinista, para anunciar que el gobierno Trump «continuará apoyando las protestas libres y seguras». «Los EEUU creen que es imperativo que trabajemos en estrecha colaboración para respaldar el papel vital que todos ustedes (organizaciones de sociedad civil) desempeñan», les dijo.
Abajo el imperio y sus clases dice:
Lejos de un fabulado antagonismo con el artificialmente «teorizado» «neoliberalusmo», «lo público» en los países oprimidos «de izquierda» es en algunos casos la manera de organizar el dominio del Capital extranjero. Esa dimensión pública y la dimensión privada son sólo categorías banales de una relación complementaria y de mixtura con arreglo a sectores. La actual burguesía burocrática al mando en Nicaragua es lo opuesto al desarrollo Autogestiónario sandinista y, tal como en Perú, genera públicamente condiciones para el vaciado global de los beneficios públicos de la actividad nacional, o de siquiera decidirla.
Por supuesto ni hay que hacer concesión alguna al Imperio, pero eso pasa por denunciar su falso antagonismo con la política al mando y con su carácter de clase burocrático. Eso sí : los comunistas debemos llamar a la unidad contra el agresor, sin olvidar que, em condiciones pos victoria, conciliación con el filo imperialismo interior prepara un nuevo ciclo de agresiones y para liquidar los intentos exteriores debemos derrotar al enemigo nacional de clase.