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El sistema sanitario actual no es santo de muchos devotos al considerarlo caro, oscuro, insostenible e incapaz de dar respuesta a los problemas de salud de la población. A esa suma se le añaden nuevos peligros muchos de ellos evitables con tal que hubiese una mínima formación o voluntad política. La falta de inacción por parte de las administraciones públicas, al contrario que aquella obra pirandelliana, “es un gran autor en busca de personajes”. Con el PSOE -y periferias- la coincidencia con aquel tiempo de secano sanitario gobernado por el PP es, de momento, un espejo que devuelve la imagen de una enfermedad consuntiva.
Complicado es elegir por cual agujero de tan rancio queso sanitario empezar. Analizaremos en primer lugar la situación laboral de los médicos en España atendiendo a un estudio de 2016 que con el mismo título y realizado por la Organización Médica Colegial (OMC) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos destaca que casi el 44 % de médicos ha sufrido algún tipo de acoso, discriminación o maltrato en su centro de trabajo instigados o realizados por sus propios superiores o iguales. Constata que muchos colegas son diana de insultos, vejaciones y conductas arbitrarias y discriminatorias, sometidos a una excesiva carga laboral, horarios inadecuados y trabas a su implementación y desarrollo profesional lo que, sin lugar a dudas, debe repercutir en su trabajo asistencial. Un dato: más del 58% de médicos no tiene plaza en propiedad y se mantienen a base de contratos tan de corta o larga duración como tan de silencios conspicuos y atronadores. La Asociación Médica Mundial (AMM), entendiendo la naturaleza jerárquica de la medicina y el desequilibrio de poder asociado a ella, ha denunciado dicha cultura de intimidación y acoso en la profesión lanzando una declaración oficial en la que insta a las asociaciones y colegios de médicos, a la administración y a los empleadores sanitarios, a implementar políticas contra este tipo de prácticas.
Por otro lado el negocio sanitario en manos del estado y de los citados instigadores con algún cargo donde ejercer poder, se ha convertido en un monopolio dogmático cuya esencia es el secuestro de la ciencia y del arte de hacer medicina. Las terapias alternativas, avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), están siendo perseguidas. Tal es el caso de la Acupuntura -tan utilizada en centros sanitarios públicos y privados, como descalificada por las mismas administraciones sanitarias- y la Homeopatía. Ambas en ese punto de mira ideológico que afecta no solo al derecho de los profesionales que las practican sino que ninguneando determinadas sentencias judiciales que justifican su uso. Las terapias alternativas “no son cuestión de fe sino de ley”, afirmó no hace mucho la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Alicante. Porque hablando de cuestiones legales véase por ejemplo la sentencia dictada en 2015 por el magistrado del Tribunal Supremo Francisco González Navarro. Resumo: “la medicina no suele presentar un único método por más que la protocolización de los actos médicos invita a ajustarse a unas pautas seriadas de diagnóstico y tratamiento terapéutico, lo que no excluye que puedan existir otros métodos que pese a no ser de uso generalizado pueden ser igualmente utilizados si en el caso concreto se considera que pueden ser más eficaces. Y no está de más añadir que (…) el saber discrepante abre nuevos caminos a la ciencia y su aplicación”. Los derechos de libertad de expresión, información y publicación están siendo conculcados por instituciones y personajes controlando, fiscalizando y demonizando a aquellos sanitarios, muchos médicos, que discrepan de sus “verdades oficiales” en un ataque directo a los citados derechos, a la convivencia y a la cohesión ciudadana y social.
Muchos podrán defender los más de 3.000 protocolos usados por la medicina oficial pero su eficacia es dudosa: el 65% de los mismos no están avalados científicamente. De hecho, los fallos y abusos de tales protocolos posicionados en la medicina basada en la evidencia (MBE) ya fueron denunciados por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la Fundación Health Partners y el ex editor del British Medical Journal (órgano oficial de la Asociación Médica Británica). Las revisiones clínicas en esta materia efectuada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la Cochrane Collaboration o el citado British Medical Journal (estudio Clinical Evidence) proyectaban sombra sobre la pésima calidad de los estudios científicos sobre los que se basa la utilidad “fabricada” de muchos de los citados protocolos sobre todo farmacológicos. En la revista PloS Medicine un artículo de título ¿Por qué la mayoría de los resultados publicados sobre investigación son falsos?, escrito por John Ioannidis, demuestra que el 80 % de los estudios no aleatorios y el 25% de los aleatorios son erróneos. En la misma revista otro artículo con el clarificador título de ¿Por qué la mayoría de la investigación clínica es inútil? da una medida de lo que está pasando. En otro trabajo aparecido en Acta Sanitaria de título La Medicina como ciencia: menos arrogancia que tiene poca ciencia se concluye, entre otras cosas, que el 90% de la investigación publicada en medicina es falsa; que la mayoría de estudios publicados no se pueden replicar; que el 85% del dinero usado en investigación es puro despilfarro; que apenas el 11% de los 3.000 protocolos de la medicina convencional han demostrado ser útiles; que los medicamentos de síntesis causan en la Unión Europea la muerte de 179.000 personas al año; que las embarazadas, parturientas y madres lactantes están siendo sometidas a tratamientos y pruebas innecesarias o que millones de varones se vuelven incontinentes e impotentes a causa de tratamientos prescritos por urólogos al diagnosticarles cánceres de próstata inexistentes. Al amparo de la MBE se han cometido excesos y abusos tal y como reflexionaban dos grandes figuras, Feinstein y Horwitz -relacionados con la epidemiologia y el juicio clínicos- señalando la instrumentalización que de la misma han hecho los intereses de estados, empresas y prebostes.
El sistema, a pesar de la buena praxis de la mayor parte de los profesionales sanitarios a su servicio, soporta serias carencias y fallos en cuya raíz se encuentran fabulosos intereses comerciales. Determinadas instituciones, incluidas las políticas y partidistas, también personales, llevan tiempo subrogándose indebidamente una función de “tutelaje de la salud ciudadana” que ha traspasado todas las barreras de lo permisible intentando imponer un pensamiento único sustanciándolo a través de la presión, la medicalización y la “farmacotización” de la ciudadanía. Secuestro que permite incidir en la autonomía y en el derecho a la libre elección, información y decisión de muchos ciudadanos. La administración, la OMC, algunos prebostes y determinadas industrias con intereses, ejercen no solo la posesión de la verdad absoluta sino una tutela que nunca han ejercido en otros aspectos importantes de la misma como son el consumo del tabaco y el alcohol, la conspicua contaminación, los plásticos, los pesticidas y herbicidas, la contaminación electromagnética, la publicidad engañosa sobre productos alimentarios, la utilización y publicidad inadecuada de medicamentos, etc, etc, demostrando poco interés por los derechos de los consumidores
Hay que recalcar que la Ley establece como prioritaria la protección de los consumidores y no su tutela. Por tanto, tenemos derecho a acceder no solo a la información oficial, seleccionada, cribada y muchas veces manipulada, sino a todo tipo de información por incómoda que esta sea. Alguien tendrá que explicar porqué el 40% de lo que hacen los médicos es incorrecto y cuál es su causa y origen. Incorrecciones demostradas en un estudio del año 2013 donde se analizaron 363 artículos publicados durante diez años en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine, y evaluando si una nueva práctica médica era mejor que aquella a la que había sustituido. De dichos estudios el 40,2% encontraba que la nueva práctica resultaba ser peor que la anterior.
Numerosos son los trabajos efectuados sobre las técnicas de manipulación del mercado sanitario: desde los disease mongers (creadores de enfermedades), hasta los escritores fantasma de artículos científicos -la organización Proyect on Goverment Oversight (POGO) demostró su injerencia en áreas tan específicas como la de los antidepresivos pediátricos- pasando por los activistas a tiempo completo, los diseñadores de ensayos “dirigidos”, los periodistas “independientes”, los fabricantes de cadáveres y los “bocachanclas” en red convertidos en influencers marionetas. Aparte están los dedicados a diseñar, dirigir y/ o controlar sociedades y asociaciones instrumentales de todo tipo tanto de profesionales como de pacientes y estudiantes. Eso sí apreciando y remunerando sus bondades. La propia patronal farmacéutica española Farmaindustria ya admitió su interés por las asociaciones de enfermos. Interés denunciado por el Comité Permanente de Médicos Europeos en 2004 evidenciando que el mismo no era más que puro marketing.
La medicina convencional tiene el monopolio de los servicios de salud y por consiguiente de la misma salud. La contrapartida es que ha generado, a pesar de los destellos tecnológicos, un sistema sanitario incapaz de dar respuestas a los nuevos retos planteados y donde la gestión del riesgo y la investigación pasan por las fauces de la empresa privada, el marketing, la gran industria farmacológica y los grandes lobbies relacionados con ellas. Mientras tanto y a base de “cocina” se nos sigue vendiendo un pasado aceptable, un presente inmejorable y un futuro prometedor. Sin embargo en el pasado hasta el Ministerio de Sanidad llego a maquillar las opiniones del ciudadano común: los datos de satisfacción real –lo que pensaba el ciudadano de la asistencia sanitaria recibida- publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) eran muy distintos a los que difundía el citado ministerio. En el presente evidenciamos una impenitente saturación de las urgencias, unas eternas listas de espera, la distracción de horarios, pacientes en los pasillos, plantas hospitalarias cerradas, determinados servicios clausurados en verano, un sistema de recetas revisable, un exasperante déficit de dialogo entre los distintos niveles asistenciales y la falta crónica de determinados profesionales y de infraestructuras.
Por otro lado el gasto farmacéutico no para de crecer tornándose insostenible. Según el Ministerio de Sanidad España se gastó en 2016 más de 21.000 millones de euros en 15.049 tipos de medicamentos de los que 12.268 se dispensaron en farmacias y 2.781 en hospitales. Sin embargo la mayoría de ellos son sintomáticos, paliativos y no curativos. La propia OMS reconoce que solo una pequeña parte de ellos son “esenciales”, 43 según la lista difundida en junio de 2017. Los demás demuestran el despilfarro y el peligro a los que se expone a la población. En un informe de la Organización No Gubernamental (ONG) Intermón Oxfam, titulado Una economía al servicio del 1%, se puede leer que las enormes ganancias económicas de la industria sanitaria están basadas fundamentalmente en la especulación con los medicamentos. Dicha especulación repercute en el precio de los medicamentos tal y como denunció en 2016 la Sociedad española de Salud Pública y Administración sanitaria (SESPAS). Tanto como lo es el dato emitido por el Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de España sobre el número de intoxicados graves por fármacos cada año: unos 80.000. Enorme es la lista de medicamentos que ha provocado efectos secundarios mortales o graves. De esta forma los medicamentos de prescripción médica son la tercera causa de muerte en EEUU y Europa. En España cerca de 3.000 personas mueren anualmente por esta causa.
Ampliamos la denuncia a la utilización de recursos excesivos en la práctica clínica con resultados poco brillantes ya que los mismos ni siquiera consiguen mejorar la expectativa de vida o mejorar la calidad de vida de los pacientes diana. Caso concreto es el de los quimioterapicos o remedios contra el cáncer y determinadas estrategias sobre las que hay dudas razonables sobre sus beneficios tales como el cribado de cáncer de mama o de próstata o, ya lo verán, el cribado de cáncer de pulmón o los marcadores tumorales. Hoy se pagan precios desorbitados por quimioterapicos que apenas alargan la vida dos o tres semanas. Y a pesar del riesgo compartido se usan fármacos para indicaciones que no están contempladas o son inútiles para personas que no tienen riesgo alguno. Sin embargo las novedades introducidas en la práctica clínica que deben evaluarse sistemáticamente mediante ensayos clínicos efectuados por una agencia independiente que identifique aquellas más eficaces y elimine las inadecuadas, están en manos de la gran industria. La misma manipula a la sociedad, incluyendo a los profesionales de la salud, utilizando entre otros el marketing en el primer caso y la influencia en el segundo.
Las grandes multinacionales y sus grupos de presión influyen sobre las más altas instituciones nacionales e internacionales – la OMS, la FDA, la Comisión europea y el Parlamento europeo- efectuando acciones que comprometen la capacidad de los gobiernos para proteger al ciudadano. Las “puertas giratorias” permiten que se ocupen puestos clave en la toma de decisiones a pesar de los evidentes conflictos de interés. Y en cuanto a la influencia, el catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante y ex Director General de Salud Publica entre 2008 y 2011 destaca que “Las tácticas más intensas incluyen ilegalidades tan burdas como ofrecer sobornos incluso a la máxima autoridad de un ministerio”. Opinión vertida en un artículo publicado en Journal Epidemiology and Community Health de título Vías de influencia indebida en la formulación de políticas sanitarias: la perspectiva de un actor principal. El mismo catedrático relata además determinados casos de ilegalidad cometidos por determinadas empresas, ya sea amenazando con retirar vacunas en tiempos de crisis sanitaria intentando que se les eximiera de cualquier responsabilidad en caso de efectos secundarios, pasando por ataques personales a las autoridades en revistas y periódicos. La industria condiciona la política gubernamental recurriendo a estas y otras estrategias: sobornos, chantajes, propuestas de contratación, regalos, campañas negativas, bloqueo de posiciones políticas contrarias a sus intereses o simplemente accediendo a la información estratégica del mismísimo ministerio de salud y estableciendo el control sobre las agendas.
Nuestro sistema sanitario también ¿por qué no decirlo? tiene sus bondades. Pero para lisonjas ya están otros y hasta es posible que la percepción de la ciudadanía camine en otro sentido más optimista. Los no devotos pensamos en gris y en lo que representa tal sistema: el fracaso de nuestros gobernantes, el de una sociedad cortoplacista, distraída y autocomplaciente y estratégicamente anestesiada, atemorizada y controlada por un capitalismo salvaje premeditado y orquestado por los grandes centros de poder económico que a su vez rechazan toda injerencia democrática. Es el fracaso del sistema en el sentido más amplio de la palabra.