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Semejante despropósito no solo es completamente ajeno a la realidad, sino que busca dividir a los pensionistas actuales con los futuros. ¿Un modelo más equitativo? ¿Y por qué no un blindaje constitucional de las pensiones que sancione cualquier medida que atente contra el poder adquisitivo de los pensionistas y que prohíba expresamente cualquier forma de copago farmacéutico?
¿Qué es el copago farmacéutico? Es una aportación obligatoria que tiene que realizar el paciente a la hora de comprar un medicamento o producto sanitario con receta del Sistema Nacional de Salud. Es uno de los primeros recortes en Sanidad que hizo el gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
El copago debería llamarse “re-pago”. Porque es volver a pagar dos veces por el mismo concepto. El dinero con que la Seguridad Social paga los medicamentos no cae del cielo, viene de las aportaciones de los cotizantes, y en última instancia de la plusvalía producida por los trabajadores. Por tanto, cuando se obliga a nuestros jubilados a “copagar” un medicamento no es tal y como nos dicen “aportar una parte del pago para descargar de gastos a la Seguridad Social”, sino pagar dos veces por la misma cosa.
La Airef lanza la increíble afirmación de que los beneficiados por esta imposición son en realidad los propios pensionistas, que como todo el mundo sabe son el sector económicamente más vulnerable y que mayor acceso necesita a la medicación.
Si preguntáramos a cualquier jubilado sobre si considera que el copago farmacéutico es una medida que le beneficia, recibiríamos una contundente respuesta. Pero también hay una catarata de informes económicos que desmienten la retorcida tesis de la Airef. La realidad es que el copago no solo disuade a los pensionistas de adquirir medicamentos “innecesarios”, sino de privarse de los prescritos por sus médicos e imprescindibles para mantener su salud.
Según el Heart British Medical Journal, el 7% de los pacientes españoles que han sufrido un primer infarto dejaban de tomar la medicación prescrita para evitar un segundo ataque debido a razones económicas.
En 2015, el gobierno valenciano de Ximo Puig tuvo que reformar el copago farmacéutico en su comunidad. Según la entonces consellera de Sanidad Universal y Salud Pública “nos encontramos con que el registro informático de la receta revelaba que el 30% de los pensionistas no iniciaba nunca el tratamiento prescrito. De los que comenzaban, un 16% lo abandonaba después”.
Y según un trabajo del grupo Prisma del Parc Sanitari Sant Joan de Déu publicado en la revista BMJ Quality & Safety, la llegada del euro por receta en junio de 2012 en Cataluña (el primer paso del copago) supuso que aumentase hasta más de un 50% el número de pensionistas y trabajadores con ingresos menores a 5.000 euros que no retiraron sus medicinas de las farmacias. Relación que se consolidó con la aprobación en septiembre del mismo año del copago para toda España. Y además, su efecto fue “más pronunciado en los fármacos con un alto impacto en la calidad de vida relacionada con la salud, como los analgésicos a corto plazo y los tratamientos de dolencias crónicas a largo plazo”.
Nos quieren justificar con argumentos de “un uso racional de los medicamentos” lo que no es sino una forma de atraco a un sector especialmente vulnerable. Muchos jubilados se ven obligados a poner en una balanza poder comer -o poder ayudar a hijos y nietos- y poder comprar todas las pastillas que les receta el médico.
El debate sobre “reformar” el sistema de copago -encima utilizándolo como elemento de enfrentamiento de los pensionistas actuales con los pensionistas futuros- es una trampa. El copago farmacéutico es un recorte a la salud, un chantaje y debe ser abolido. El debate debe ser cómo aprobar una reforma de la Constitución que blinde el sistema de pensiones en la Carta Magna y que prohíba expresamente cualquier medida que rebaje el poder adquisitivo de las pensiones, incluido el copago farmacéutico.