Es uno de los mayores escándalos en décadas en la Policía Nacional y en el Ministerio del Interior. Una denuncia por violación -y otros delitos- de una agente de la Policía Nacional presentada en el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid contra el máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía -José Ángel González, director adjunto operativo (DAO)- hacía parar las rotativas de todos los diarios, y provocaba una cadena de reacciones.
Nada más conocerse la noticia, el DAO de la Policía Nacional presentaba su dimisión. El Partido Popular se ha arrojado en tromba contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo (para variar, sin pruebas) de encubrimiento. Marlaska ha asegurado que desconocía los hechos y ha apartado de su cargo a la mano derecha de José Ángel González.
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La denuncia de la agente de policía contra el DAO incluye supuestos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La maquinaria judicial ya está en marcha. El Juzgado número 8 de Madrid, especializado en violencia contra la mujer, ha citado al presunto agresor, José Ángel González, a presentarse el próximo 17 de marzo para declarar. Ese mismo día también está citada la denunciante para escuchar su relato
Según el relato de la víctima, los hechos denunciados ocurrieron en abril de 2025, cuando la agente “se encontraba de servicio” y “recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo”. Entonces, según añadió el letrado a través de un comunicado, le ordenaron llevarlo a su “vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior”, donde el querellado la agredió sexualmente “con penetración”. Finalmente la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial
Tras producirse presuntamente la agresión sexual, el DAO y sus colaboradores coaccionaron a la víctima e intentaron comprar su silencio. «la víctima fue coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara los hechos, lo que la han llevado a encontrarse de baja psicológica con la retirada del armamento e incapacidad médica para la prestación del servicio”, ha asegurado el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, que ha reclamado al Ministerio del Interior a que adopte “todas las medidas posibles para proteger a la funcionaria agredida”.
El abogado de la denunciante asegura tener pruebas inequívocas -la víctima fue capaz de grabar con su móvil durante el delito- contra su agresor. En una entrevista en ‘La noche en 24h’, de RTVE, Jorge Piedrafita ha confirmado que la mujer «grabó todo lo sucedido desde el principio porque intuía que era una situación de peligro y para autoprotegerse». Ha calificado dicha grabación como «escalofriante» y que aportarán al juzgado en el momento en el que sea requerida.
La grabación de audio, presentada ante el Juzgado, subraya las «negativas inequívocas, claras y persistentes» de la agente, alude a la «violencia física» y a la «intimidación ambiental», y denuncia la «situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental».
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Una investigación a fondo
Con la prudencia debida, respetando los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia, pero una vez más decimos, de entrada ¡Yo sí te creo!. Nadie denunciaría por delitos tan graves al máximo cargo de la Policía Nacional sin tener pruebas contundentes.
El Ministerio del Interior, la Policía y la Justicia deben investigar a fondo estos gravísimos hechos, que no atañen sólo al presunto agresor, sino a todo un entorno de colaboradores necesarios y encubridores, que supuestamente cooperaron en la coacción y en tapar el delito, aplicando una ‘omertá’ y actuando en los hechos como una organización criminal. Si se demuestran finalmente estos delitos, la Policía debe quedar depurada por completo de todos los miembros de esta trama´.