Abdelaziz Bouteflika, nacido en 1937, hijo de inmigrante, presidente de la república Argelina, desde 1999.De joven se integro el Frente de Liberación Nacional de Argelia. líder militar en la Guerra de la Independencia Argelina. Después de la independencia fue elegido diputado para la Asamblea constituyente. formo parte del gobierno en 1962, estuvo ocupando distintos cargos en los gobiernos sucesivos entre ellos el de Presidente de la Asamble General de la ONU e 1974, hasta que en 1979 tras la muerte de Bumedián y el nuevo presidente, Chadli Bendjedid, lo nombró Ministro de Estado con escasas competencias.
En 1983 se le abrió un exediente por malversación de fondos públicos por el Tribunal de Cuentas, por lo que se exilio entre 1983 y 1987 que regreso a Argelia, en 1989 se reincorporó al Comité Central del FLN., se presentó como candidato independiente a las elecciones para la Presidencia de la República el 15 de abril de 1999 bajo un programa de reconciliación nacional con los islamitas y en contra de las posiciones del ejército partidario del combate y la represión de los elemento fundamentalistas. En 2004 fue reelecto con el 83% de los votosEl gobierno de Argelia es un importante aliado de los EEUU en la “guerra contra el terror”. Utilizando los mismos métodos para suprimir a los que no le facilitan sus objetivos.La baja participación en las elecciones parlamentarias es un reflejo de la falta de confianza del pueblo hacia las autoridades estatales para atajar los problemas de seguridad, desempleo, falta de vivienda y escasez de agua. La inquietud por la corrupción aviva el descontento, dado que aparentemente los beneficios de las crecientes exportaciones de gas y petróleo no estaban favoreciendo a la población en general. El gobierno no adoptó ninguna medida para abordar los abusos de derechos humanos graves y generalizados cometidos por grupos armados y fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto interno de la década de 1990 en el que al menos 200.000 personas perdieron la vida. Argelia firmó la nueva Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero no adoptó medida alguna para investigar la suerte de las miles de víctimas de desaparición forzada. Las autoridades comunicaron al Comité de Derechos Humanos que habían seleccionado 6.233 solicitudes de indemnización y que habían catalogado unos 17.000 casos como de «terroristas muertos», pero no aportaron datos sobre las personas desaparecidas a las que esos casos se referían. Las autoridades hostigan a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas. Varios de ellos procesados y amenazados con ser encarcelados por cargos de difamación, al parecer como sanción o medida disuasoria contra las críticas a las políticas del gobierno y a la actuación de las autoridades