La ley de dependencia tres años después

A rí­o revuelto, ganancia de Autonomí­as

Las estadí­sticas de la ley de dependencia reflejan todo menos la realidad. Un sistema informático que estaba diseñado para ser la luz de la cuarta pata del estado del bienestar, se ha convertido en un instrumento para transferir dinero a las Autonomí­as que no les corresponde y que estas puedan a la vez maquillar sus cuentas de resultados.

22 millones de euros invertidos or el gobierno en un sistema informático destinado a que todo español con dependencia tuviera asegurada su asistencia resulta que no aporta datos fiables (excepto algunas encuestas sobre personas mayores) para analizar la situación de la dependencia en España y poder tomar medidas. En las estadísticas de la Ley de Dependencia que publica el Imserso, cada una de las ayudas prestadas consta como que corresponde a una persona diferente. Esto permite que en las cuentas oficiales, el número de prestaciones otorgadas coincida con el número de beneficiarios, algo que es totalmente imposible puesto es sabido que hay gente que recibe asistencia de varios tipos. ¿A cuánta gente le llega la Ley de Dependencia? Imposible saberlo. Y ya se sabe, a río revuelto…No puede ser que, tal como indican los últimos datos del 1 de septiembre, hayan 654.035 beneficiarios y exactamente el mismo número de prestaciones, las concedidas y las aprobadas. Primero porque todavía se están incorporando los grandes dependientes y dependientes severos a las listas para optar a una ayuda. Y son personas que no precisan de un sólo servicio. A la asistencia en un centro de día o geriátrico le acompañan siempre servicios de teleasistencia o ayuda a domicilio, como ayudas técnicas para adaptar sus viviendas, sesiones de rehabilitación o terapia ocupacional. La teleasistencia, por ejemplo, es un servicio siempre complementario de otros.La cuestión está en que la Comunidades Autónomas reciben del Estado dinero por persona, no por servicio. Concretamente, reciben de 70 a 263 euros por persona atendida y año, según su gravedad. Las cuenta autonómicas han estado siempre inflados, porque cuanto mínimo aparecen en ellos personas (se estima unas 40.000) por duplicado o triplicado y el sistema de información permitió en un primer momento que en las estadísticas hubiera casi 55.000 personas fallecidas. O sea, que personas que recibían a la vez una prestación de hospital de día y otra de teleasistencia constaban como si fueran dos personas distintas, con lo que el Estado paga el doble de lo que estaba previsto al gobierno autonómico en cuestión. De igual forma las CCAA han estado cobrando un dinero por personas que no vivían. El error se subsanó pero, ¿se devolvió el dinero? Pero aún hay más. Las CCAA reciben financiación igualmente por el número de personas con derecho a prestación, aunque no se les atienda. Y en esa bolsa constan más de 209.000 personas, sin que el magnífico sistema informático permita verificar cuántos de ellos están repetidos. Y eso por no halar de las 2.554 personas que constan como candidatos a una ayuda para prevenir la dependencia, que están repetidas seguro.40.000 repetidos. Se calculan unas 40.000 personas que están repetidas en el sistema de información que marca la financiación de la Ley. En conclusión, si hasta ahora concebíamos que la aplicación de la Ley de Dependencia estaba limitada por la insuficiente financiación, ahora se pone en evidencia que es el propio gobierno quien está librando el dinero sin conocer la realidad, a cuánta gente hay que atender. Dicho de otra forma, se está transfiriendo un dinero que no llega a gente que lo necesita.

Deja una respuesta