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La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) sacará a licitación el proyecto para que las obras empiecen este año. La obra de regeneración y adecuación ambiental de la bahía de Portmán tiene un coste de 59,5 millones de euros que serán asumidos por el Estado.
El proyecto se basa en retrasar la línea de orilla en 250 metros dragando los estériles, unos dos millones de metros cúbicos , depositados en la bahía, una buena oportunidad para regenerar la bahía, recuperar el valor ecológico, o parte del de la zona, y crear empleo en el antiguo pueblo minero.
Pero ¿por qué debe pagar el Estado, y por lo tanto nuestros impuestos, la limpieza de residuos realizados por una empresa privada durante cinco décadas?. ¿Dónde están los beneficios de esa empresa?
Portman historia de un desastre y de un saqueo.
La contaminación de la Bahía de Portman ha sido uno de los mayores desastres ecológicos del Mediterraneo. Y la lucha de las organizaciones ecologistas de la Región de Murcia, y de las fuerzas sociales y políticas de La Unión y Cartagena, una de las más largas.
Desde 1957 hasta 1987, año en que se cierra la explotación minera se vierten al mar Mediterraneo 315 millones de toneladas de residuos minerales. Esto ocasionó la anulación literal de la bahía. La línea de la costa retrocedió 250 metros en el mar gracias a los sedimentos de pirita.
La multinacional francesa Peñaroya-España comenzó a depositar en unos primeros tiempos los residuos en terreras y pantanos. Pero con el objetivo de rebajar costes planteó desecharlos en el mar. En un principio las autoridades se negaron. Algunos años después las instituciones cambiaron de idea y permitieron, bajo determinadas condiciones, el lanzamiento de desechos al mar. Estas condiciones eran: «que los vertidos se harían por tubería submarina, al menos a 400 metros de la costa; que sería una solución temporal (5 años), que se indemnizaría a los pescadores; que no se aumentaría el número de lavaderos ni su capacidad a no ser que se construyeran balsas de almacenamiento de estériles en tierra; y que si se demostraran los daños al medioambiente los vertidos serían paralizados».«Una buena oportunidad para regenerar la bahía, recuperar el valor ecológico, o parte del de la zona, y crear empleo en el antiguo pueblo minero»
Estas condiciones no se cumplieron, pero además se mejoraron las condiciones para la empresa en el año 61. Se rebajo el recorrido del tubo submarino a 250 metros y se redujeron el resto de limitaciones. Y a finales de los 60 se eliminan todas las trabas medioambientales para la explotación de Portman.
En 1971 el Ayuntamiento de Portman hace el último esfuerzo, llevando el caso al Tribunal Supremo. En un fallo sorprendente el tribunal reconoció la validez de las razones del ayuntamiento de La Unión, pero falló a favor de la empresa Peñarroya. A partir de aquí los vertidos son completamente incontrolados.
En los años 80 con la llegada de la democracia la oposición ciudadana se multiplica. Tras ocho años de conflictos y de oposición a la ampliación de sus explotaciones Peñarroya cede todos los derechos a la empresa Protman Golf cierra y se va.
Tras 37 años de beneficios la multinacional francesa Peñarroya nos deja 315 millones de toneladas de residuos, unos caladeros de pesca contaminados desde finales de los 50 y una factura que en el mejor de los casos asciende a poco más de 59 millones de €. Este es un ejemplo más de como las multinacionales extranjeras llevan muchas décadas expoliando el país a cambio de nada. La compañía Peñarroya, propiedad de los Rostchild, que lleva ni más ni menos que explotando las minas de España desde 1881 ha sido la responsable de uno de los mayores desastres ecológicos del Mediterráneo y ahora la factura, como siempre, la volvemos a pagar nosotros.