La brutal escalada de los precios de la vivienda, impulsada por la avaricia monopolista de bancos y fondos buitre, es ya el principal factor de empobrecimiento para las clases populares, que tienen que destinar cerca de las tres cuartas partes de sus ingresos a pagar la hipoteca y el alquiler.

No es de extrañar por ello que la asistencia de ciudadanos a las 40 manifestaciones convocadas en toda España ante este gravísimo problema haya sido, como en ocasiones anteriores, absolutamente multitudinaria, rotundamente masiva.

Un éxito incontestable de los convocantes -los sindicatos de inquilinos, junto a medio centenar de organizaciones y plataformas- que ha vuelto a inundar las calles de todo el país de llaveros y energía reivindicativa.

5 de abril, Madrid. Los convocantes cifran la asistencia a la masiva manifestación del 5A en 150.000 manifestantes, mientras que la Delegación de Gobierno la reduce a sólo 15.000. Cualquier madrileño que haya asistido ese sábado a la marcha, con el Paseo del Prado lleno a rebosar, sabe que la primera de las dos cifras está mucho más cerca de la realidad.

Misma situación en Barcelona. Más de 100.000 asistentes de acuerdo a las organizaciones, sólo 12.000 de acuerdo a la Guardia Urbana. Cualquiera que vea imágenes del Paseo Maria Cristina, con las Torres Venecianas al fondo, repleto de gente, pancarta, energía y colores, sabe quien miente.

Pero prescindamos de la guerra de cifras, porque los miles y miles y miles y miles de manifestantes de las protestas del 5A de Valencia, Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Vigo, Palma de Mallorca o Málaga volvieron a hacer historia. Lo mismo que los de Almería, Xixón, Cádiz, San Sebastián, Segovia, Logroño, Salamanca, Badajoz, Murcia, Santiago de Compostela, Santander, Tenerife, Valladolid, Burgos…

Se mire por donde se mire, la lucha popular por la vivienda, que el año pasado sacó a centenares de miles de personas a la calle, ha demostrado que sigue en un imparable ascenso. La mayoría social progresista, las clases populares y trabajadoras, han vuelto a decir este 5 de abril que van a dar la batalla y que no piensan resignarse a un saqueo inmobiliario que les hace un quiebro en el presupuesto, o que no les deja vivir en su ciudad.

Realizar una jornada estatal de lucha con el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda» en 40 localidades, desde grandes capitales a ciudades pequeñas -como Ourense, Puerto de Santa María, Fuerteventura, Menorca…- y que la asistencia de la práctica totalidad haya desbordado las expectativas de los convocantes sólo se puede calificar de éxito, y demuestra que este problema, el del atraco inmobiliario, es uno de los grandes quebraderos de cabeza de la ciudadanía. Como ya muestran todas las encuestas y ya sienten la gran mayoría de los bolsillos.

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Un clamor contra una insoportable escalada de precios

“Ante unos gobiernos que abordan el problema con medidas tibias que hacen el juego a la patronal, la sociedad ha salido a decir que en torno a la vivienda hay un conflicto de intereses, y que mientras sea un negocio que enriquece a unos pocos, nunca será un derecho para la mayoría”, declaraba en Barcelona el Sindicat de Llogateres.

“Basta de irnos con la cabeza baja, basta de desahucios invisibles. Desde los sindicatos llamamos al medio millón de hogares cuyos contratos acaban este 2025 a quedarse en casa y a resistir. Casa Orsola, Tribulete 7 y los bloques en lucha contra Blackstone nos demuestran que cuando nos organizamos somos indesahuciables”, proclamó Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Málaga, que ya protagonizó una movilización masiva en julio de 2024 contra el problema de la vivienda -que en la Costa del Sol va de la mano con el turismo depredador- volvió a sacar a 30.000 personas a la calle. “Son las inquilinas, las precarias, los vecinos y las vecinas desde sus barriadas, las que pueden recuperar el vecindario, el centro y la ciudad”, declara el movimiento Málaga para vivir.

“La vivienda no es un negocio ni un bien con el que especular: es un derecho. Rentistas y fondos de inversión siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas. Y todo esto con la complicidad de los diferentes gobiernos. Del Estado, de la Xunta y de los Concellos», denuncia el el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Vigo.

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Las exigencias del 5A

Los sindicatos de inquilinos lanzan un mensaje claro y urgente: la situación de la vivienda es insostenible y necesita cambios estructurales inmediatos. Los precios del alquiler, completamente desbocados, están ahogando a miles de personas, por lo que exigen una bajada drástica de las rentas y una regulación efectiva que impida nuevas subidas abusivas.

Denuncian lo que llaman «desahucios invisibles», con una inestabilidad creciente en los contratos de alquiler que son cada vez de menor duración, exponiendo a los inquilinos a tener que renovar los contratos… con un alza en el precio del alquiler. Reclaman contratos de alquiler indefinidos que permitan a las personas desarrollar sus proyectos de vida sin la amenaza constante del desalojo.

También claman contra los estragos de los monopolios de alquiler vacacional, que impulsa una forma de especulación extrema que vacía los barrios y expulsa a las vecinas. Exigen frenar esta dinámica dejando de otorgar licencias y avanzando hacia su prohibición.

Denuncian que se hable de escasez de vivienda mientras que cientos de miles de pisos permanecen vacíos o se destinan a alquileres de temporada o turísticos. Reclaman políticas que recuperen este parque de viviendas, para que cumplan con su función social y puedan ser habitadas de forma estable.

También reclaman políticas para poner coto a la masiva compraventa especulativa en manos de fondos buitre, bancos o grandes rentistas, y reclaman que se prohíba la adquisición de inmuebles si no es para vivir en ellos.

Por último, pero no menos importante: los sindicatos y plataformas por la vivienda exigen el aumento del parque público de vivienda, tanto para alquiler social como asequible, con el objetivo de alcanzar al menos un 15% del total de viviendas construidas.