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El Banco de Santander nos da la primera pista sobre cuáles son esas cosas inaceptables. Ya en julio, tras las elecciones del 28A, su consejero delegado, José Antonio Álvarez, mostraba el malestar del banco por la medida de Pedro Sánchez de incluir en su programa un impuesto a la banca con el objetivo e recaudar 1.000 millones de euros para financiar las pensiones y subir el impuesto de sociedades. Entonces, Álvarez amenazó incluso con sacar la sede fiscal de España.
1 Que se suban los impuestos a la banca y se hable de una fiscalidad progresiva para subir los impuestos a quienes más riqueza acumulan.Esta es la primera cosa inaceptable.
En el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se apuesta por una “reforma fiscal justa y progresiva”. Y entre las medidas que ambos pactaron en los Presupuestos que finalmente no se aprobaron figuraban, además del impuesto a la banca, un impuesto a las tecnológicas, el llamado “impuesto Google”, y subir el impuesto de sociedades a un mínimo del 15% para las grandes empresas y hasta el 18% para bancos y tecnológicas.
Bancos, grandes empresas y multinacionales no quieren ni oír hablar de una “reforma fiscal progresiva”, que por moderada que sea suprima sus privilegios y pueda tocar ni un euro de sus multimillonarios beneficios. Por ejemplo, solo con eliminar alguno de los privilegios fiscales la banca podría dejar de recibir esos más de 1.300 millones de euros que Hacienda les ha devuelto por los llamados “activos fiscales diferidos”.
2 Que se proteja el Sistema Público de Pensiones blindando las pensiones en la Constitución para que ni se recorten ni se privaticen.
Bancos, aseguradoras y grandes fondos extranjeros tienen la mirada puesta en los 115.000 millones de euros que mueve el sistema público de pensiones en nuestro país. No pueden aceptar que se esté hablando de subir las pensiones y fortalecer el sistema público, pero sobre todo que se hable de blindarlas y no de la privatización.
Hay una nueva ofensiva para hacernos creer que son “insostenibles”, que “la hucha” se ha liquidado y no se pueden seguir subiendo con el IPC y hay que hacer nuevas reformas para recortar el sistema público e introducir los sistemas privados.
La Comisión Europea dice que hay dudas “sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España…, y su vinculación basada en el IPC”. El director de economía del Banco de España pide “reformas de calado” y que se eleve la edad de jubilación más allá de los 67 años, mientras la presidenta de Unespa, Unión Española de Entidades Aseguradoras, pide que se impulsen los planes privado de pensiones.
3 Que se siga subiendo el Salario Mínimo (a 1.000 euros en 2020) y se quiera derogar la reforma laboral.
La gran patronal lo viene diciendo desde las elecciones del 28 de abril, no es aceptable un gobierno que tenga en su hoja de ruta seguir subiendo el SMI y derogar, aunque sea parcialmente, aspectos de la reforma laboral. Antes “terceras elecciones”. Lo declara el presidente del Círculo de Empresarios, John Zulueta, que representa a la empresas de Ibex-35.
No quieren ni oír hablar de acabar con la precariedad laboral convertida en uno de los elementos estructurales del nuevo mercado de trabajo creado por las reformas laborales de Zapatero y Rajoy. Han creado un mercado laboral a la medida de los grandes grupos de empresas y quieren que siga así. Lo decía el presidente de la otra gran patronal, CEOE, Antonio Garamendi: “Fórmulas ideológicas que no prácticas pueden no ser las más adecuadas para la economía y las empresas”.
4 Que se pueda aprovechar el cambio a las energías renovables para bajar el precio de la luz y poner límites al oligopolio de las eléctricas.Controlado mayoritariamente por el capital extranjero.
Después de la banca, las eléctricas son uno de los sectores más concentrado, con más privilegios y sobre todo en manos del capital extranjero que controla ya más de la mitad del sector: el 70% en Endesa, el 66% de Iberdrola, el 52% de Gas Natural…
Las eléctricas presionan para que Podemos no llegue a tener competencias en el ministerio de Transición Ecológica. Están en pie de guerra contra la posibilidad, aunque sea remota, de que el nuevo gobierno pueda incluir propuestas como la creación de una empresa pública eléctrica que impulse las renovables, que sean éstas –cada vez más baratas- las que marquen el precio de la luz y que les quite cada vez más mercado, promoviendo empresas municipales y otras pequeñas y medianas empresas de energías renovables.
No solo quieren seguir teniendo el control absoluto del mercado eléctrico, ahora con las nuevas energías, sino que el cierre de la viejas centrales nucleares corra a cargo del dinero público.
Y 5 No pueden aceptar la mera existencia de un gobierno donde haya componentes netamente de izquierdas a la izquierda del PSOE en el consejo de ministros.
Un gobierno de izquierdas progresista como el que sale del acuerdo firmado por Pedro Sánchez e Iglesias sería un cambio histórico, sin precedentes para España desde la República, pero también en la Europa Occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
No lo ha sido el gobierno de izquierdas en Portugal, donde los comunistas del PCP y el Bloco estaban fuera del gobierno. Ni el gobierno de Syriza en Grecia, que gobernaba mediante un pacto con los Griegos Independientes (ANEL), el partido de la derecha nacionalista.
El “gobierno de coalición progresista” puede sentar un precedente del que los grandes centros de poder internacionales y nacionales temen que pueda sentar un precedente en una Europa cada vez más necesitada de alternativas.