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Defender el sistema público de pensiones y garantizar que las pensiones futuras ni se recortan ni se privatizan se ha convertido en uno de los centros vitales de las preocupaciones de los españoles y en una de las cuestiones fundamentales pendientes de resolver. Desde estas páginas venimos apoyando la alternativa de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) en la Constitución. ¿Por qué defendemos que es la alternativa que necesitamos?
Hay una primera clave de partida: el sistema público de pensiones es la columna vertebral del Estado social y preservarlo y mejorarlo es interés común de toda la sociedad, especialmente de las clases populares.
No hay familia que no tenga una relación directa presente y sobre todo futura con las pensiones. De la calidad o no de las pensiones depende gran parte de las condiciones de vida actuales de millones de hogares. Y todos nos veremos afectados a corto, medio o largo plazo en una etapa fundamental de nuestras vidas, las de nuestros hijos y nietos.
El proceso de deterioro de las pensiones públicas es innegable
Las sucesivas reformas han ido empobreciendo el sistema público. Hoy el 70% de los pensionistas no llegue a los 1.000 euros al mes. Más de la mitad cobra menos del Salario Mínimo; y casi 2 millones no pasa de los 660 euros. Con la aplicación de 0,25% las pensiones no se revalorizan sino que pierden poder adquisitivo cada año que pasa. Se han pulido el fondo de las pensiones y ahora endeudan la Seguridad Social.
Pero sobre todo lo que hay es una ofensiva para reducir drásticamente las pensiones futuras, con medidas como la ampliación del periodo para calcular la cuantía de las pensiones a más de 35 años o a toda la vida laboral, y la aplicación del llamado factor de sostenibilidad (tener en cuenta la esperanza de vida), que las reducirán hasta un 35%. Creando las condiciones para convertir el sistema público en un sistema asistencial y abrir el camino a los fondos privados de pensiones.
Por eso el objetivo de la MERP es promover una reforma de la Constitución que prohíba expresamente la privatización del sistema público de pensiones y la degradación de su poder adquisitivo.
No hay un problema de recursos que impida garantizar el sistema público de pensiones, sino de voluntad política. Esta es la segunda clave.
A pesar de la crisis el PIB español se ha recuperado y se crea tanta o más riqueza que antes de la crisis. Bancos, eléctricas o monopolios de las autopistas han sido rescatados con cientos de miles de millones… ¡Cómo que no hay dinero para las pensiones! El problema no es de dinero sino a qué se destina.
Sobre la mesa del Pacto de Toledo hay propuestas para resolver las fuentes de financiación. Desde impuestos a la banca para que devuelvan el dinero del rescate financiero, a eliminar los topes de cotización a los salarios más altos, por las que no cotizan a la Seguridad Social.
Si no se destinan recursos a mejorar y mantener el sistema público de pensiones no es porque falten sino porque no hay voluntad política, es decir decisión de los gobiernos gestores para aplicar las medidas necesarias para hacerlo.
La tercera clave: las pensiones no pueden depender de la voluntad política de los gobiernos gestores de turno. Porque su voluntad política depende de sus proyectos políticos y los intereses de clase que defienda.
En los últimos treinta años hemos visto como, con el bipartidismo del PP y el PSOE, cada reforma de las pensiones se ha hecho para recortarlas cada vez más e implantar condiciones más duras para acceder a las pensiones contributivas, excluyendo a más trabajadores y enviándolos al pozo de las pensiones mínimas o de las asistenciales.
Las pensiones públicas no pueden depender de los gobiernos de turno y sus intereses. De ahí la importancia de promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones”.
La cuarta clave. El principal peligro se cierne sobre las pensiones futuras de tres generaciones.
A la Comisión del Pacto de Toledo llegan todo tipo de propuestas y presiones de los grandes capitales, desde el FMI, la OCDE y Bruselas al Banco de España, la gran banca y los grandes fondos extranjeros que intensifican su ofensiva para acelerar una nueva reforma que ponga las pensiones futuras en manos de los fondos privados.
El control de los más de 100.000 millones de euros que mueve el sistema público cada año es uno de los objetivos históricos del gran capital nacional y extranjero.
Las reformas como las que promueve el gobierno del PP y exigen los organismos internacionales son parte de quienes afirman que el sistema público de pensiones es insostenible y que solo se podrá “garantizar” el nivel de vida de los futuros pensionistas complementándolo con planes privados.
Prohibir en la Constitución expresamente la privatización del sistema público de pensiones es el principal dique de contención de cualquier plan actual o futuro para degradar las pensiones públicas
La quinta clave
En torno a la defensa del sistema público de pensiones se une el 90% de la sociedad. Es la mayor fortaleza popular para dar y ganar esta batalla. Y al mismo tiempo es el punto más débil de las oligarquías financieras que desde fuera y dentro del país lo atacan para convertirlo es uno de sus mayores negocios.
Blindar el sistema público de pensiones en la Constitución constituye un punto de unidad capaz de unir al conjunto de sectores, personalidades y profesionales; fuerzas sociales, sindicales y políticas e instituciones del más amplio espectro; más allá de las alternativas técnicas que se plantean para introducir cambios que mejoren y aporten soluciones a la financiación de las pensiones.
Unir todo lo unible en torno al blindaje constitucional de las pensiones es la línea de la MERP. Recabando el apoyo del conjunto de la sociedad, profesionales, trabajadores, organizaciones, instituciones…, sin distinción de ideologías, credos religiosos ni siglas partidistas.
Una línea de frente amplio para dar esta batalla uniendo el máximo de fuerzas que golpeen a los enemigos de las pensiones públicas en el punto más débil de su proyecto.
El manifiesto #BlindarLasPensiones publicado el 13 de julio de 2017, con el apoyo de más de 300 organizaciones y 80 personalidades fue la expresión del avance del movimiento por el blindaje constitucional de las pensiones que impulsa la MERP.
La MERP está formada ya por casi 300 organizaciones con presencia en las 52 provincias y hemos conseguido el respaldo de más de 50 ayuntamientos, además del Parlamento de Navarra. Lo significa el apoyo de instituciones que representan al 27% de la población. Ha recogido ya más de 750.000 firmas y su objetivo a corto plazo es superar los 2 millones de firmas y seguir ampliando el apoyo de instituciones (ayuntamientos, parlamentos autonómicos…
green hornet dice:
Muy buena la iniciativa de la MERP para uniir a todo lo unible en un frente ámplio,y es que pensionistas vamos a ser todos: obreros,bomberos,policías,militares…..Una sugerencia:¿por qué no hacéis la recogida de firmas on-line?Los de ATTAC en pocos meses tenían 2 millones de firmas para sus campañas anti-monopolios(lástima que ATTAC tenga una línea equivocada)…como nos quiten las pensiones aquí se lía la del 34,jajajaja,me imagino a todos los ancianetes del PP con el AK-47 yendo a la Moncloa
Emilio Jorrín García. dice:
Me congratula ver que seguimos en el buen camino por defender un tema tan vital como lo es las pensiones públicas en el marco de una buena justicia social.
Joaquín dice: